Las cuentas del reino

Es un principio incuestionable y esencial, en cualquier sociedad que aspira a constituirse democráticamente, la existencia de un auténtico control sobre la actividad financiera de la Administración Pública. Todos conocemos, unos, de oídas; otros, por propia experiencia, los despilfarros y abusos perpetrados en la gestión de los caudales públicos bajo la vigencia del sistema autoritario, que parece, felizmente, ya fenecido.Editoriales de su periódico se han hecho atinado eco de tan grave problemática y se ha subrayado que difícilmente la reforma fiscal llegará a buen puerto, si, previamente, no...

Es un principio incuestionable y esencial, en cualquier sociedad que aspira a constituirse democráticamente, la existencia de un auténtico control sobre la actividad financiera de la Administración Pública. Todos conocemos, unos, de oídas; otros, por propia experiencia, los despilfarros y abusos perpetrados en la gestión de los caudales públicos bajo la vigencia del sistema autoritario, que parece, felizmente, ya fenecido.Editoriales de su periódico se han hecho atinado eco de tan grave problemática y se ha subrayado que difícilmente la reforma fiscal llegará a buen puerto, si, previamente, no se lleva el ánimo del contribuyente que los recursos que salen de sus bolsillos son recta y eficientemente administrados.

Pero sí me produce una gran perplejidad que ni una sola vez. se haya hecho referencia al órgano a quien compete el ejercicio de esta función de control externo -el Tribunal de Cuentas- que debe realizarla con plena independencia (sin subordinación ni intromisiones del Ejecutivo) y a priori, en efipaz colaboración con el Legislativo. Silencio compartido tanto por los miembros del Gobierno como por los parlamentarios democráticamente elegidos.

Es cierto que desde que se restableció dicho organismo, en este país (a efectos puramente propagandísticos), en 1946, su labor ha sido inoperante. Difícilmente podía ser de otra manera en un sistema basado en el principio «el jefe nunca se equivoca», y donde la exigencia de responsabilidades era pura utopía, si no peligroso para quien lo pretendiera.

Pero ahora -si es verdad todo lo que se pregona- es el momento de que sufra una radical transformación y pueda desempeñar su cometido, en análogas condiciones a sus homónimos de los países democráticos.

Hay que dotarle de una legislación adecuada que consagre su plena independencia de quien debe ser, precisamente, objeto de su natural fiscalización (a sensu contrario véase su normativa actual) y proveerle de los medios precisos, es decir, sacarle de la penuria vergonzante en la que ha «vegetado» durante los últimos treinta años. Como botón de muestra puede aducirse -a estos efectos- que las dependencias (cuatro naves) de una Sección del Tribunal se incendiaron en enero de este año. Con carácter de provisionalidad (?) se aposentó al personal de la misma en una habitación destinada a- almacén y archivo de documentación. Todavía sigue allí...

Censor Decano