El pleno empleo, objetivo prioritario

El pleno empleo debe de ser el objetivo prioritario de una política económica socialista. Este fue el punto de partida únanimemente compartido por los respresentantes de partidos socialistas y confederaciones sindicales de dieciséis países europeos, reunidos en Oslo conjuntamente por primera vez en su historia, para debatir el problema acuciante del paro.La situación objeto de reflexión para los allí reunidos es ampliamente conocida. Con el desencadenamiento de la crisis del petróleo, las economías europeas se han sumergido en la más importante depresión registrada desde la segunda guerra mund...

El pleno empleo debe de ser el objetivo prioritario de una política económica socialista. Este fue el punto de partida únanimemente compartido por los respresentantes de partidos socialistas y confederaciones sindicales de dieciséis países europeos, reunidos en Oslo conjuntamente por primera vez en su historia, para debatir el problema acuciante del paro.La situación objeto de reflexión para los allí reunidos es ampliamente conocida. Con el desencadenamiento de la crisis del petróleo, las economías europeas se han sumergido en la más importante depresión registrada desde la segunda guerra mundial, marcando así el final de una dilatada etapa de expansión y cuasi pleno empleo.

Sin embargo, no basta la simple consideración de las cifras globales de parados para comprender los graves problemas que se plantean a una política económica con voluntad de resolver ese problema social básico. Hace falta además tener en cuenta otra serie de factores, tales como: su combinación con altas tasas de inflación, la insensibilidad que viene mostrando el empleo a las políticas reactivadoras, la dudosa capacidad de la inversión tal y como se viene practicando para generar puestos de trabajo, las enormes disparidades regionales y por las categorías de edad y formación profesional que se registran en las tasas de paro, etcétera.

Todas estas características se dan en nuestro país, incluso con mayor agudeza que en otros países europeos. La peculiaridad del caso español es la de enmarcarse en la crisis definitiva de lo que ha dado en denominar el «modelo franquista de crecimiento». Efectivamente, el rápido desarrollo experimentado por la economía española hasta 1974, basado en una intensa acumulación de capital, gracias a la represión del movimiento sindical y a una rápida incorporación de nuevas tecnologías, era incapaz de asegurar el pleno empleo de nuestros recursos humanos. No obstante, una emigración masiva permitía el mantenimiento de una situación de otro modo explosiva. Pero desde que esta espita de seguridad ha dejado de funcionar, asistimos a un incesante aumento en el número de parados, hasta alcanzar cifras realmente alarmantes. Este hecho, unido a la crisis del marco político-institucional, hace evidente que la continuación de aquel modelo, auténtica época dorada para nuestros capitalistas, no resulta ya viable.

Dos diríamos que son los puntos de partida de una alternativa socialista a la crisis actual:

- Primero, la defensa del pleno empleo como objetivo prioritario. Y ello tanto por los efectos degradantes que la situación de parado implica, como por el despilfarro de recursos que ello supone.

- Segundo, el rechazo del carácter necesariamente contradictorio de los objetivos del pleno empleo y de la estabilidad de los precios.

Una política económica para combatir el paro, sin por ello agudizar la inflación, debe de ser algo más que la clásica política keynesiana de manejo de la demanda global. Debe de incidir sobre las condiciones de la oferta y la asignación de los recursos, logrando así mejorar el clásico «trade-off» entre paro e inflación. Esta nueva forma de enfocar el problema fue ampliamente compartida por la Conferencia de Oslo. Las grandes líneas de actuación de una política de empleo de este tipo serían, tratando de concretar al caso español y según lo allí, defendido por la delegación del PSOE.

1. Mantenimiento de los niveles de demanda global, a fin de permitir el pleno uso de la capacidad disponible. Una política de este tipo ejercería, además, un efecto beneficioso sobre las tensiones inflacionistas, al permitir una reducción de los costes unitarios.

2. Reformulación del modelo de crecimiento, orientándolo hacia una mayor satisfacción de las necesidades sociales y a una mejora de las condiciones de vida y de trabajo. El papel a jugar aquí por el sector público, a través de sus inversiones y de la oferta de servicios sanitarios, educativos, de transporte, etcétera, sería decisivo. 3. Mayor orientación del progreso tecnológico, haciendo entrar en consideración a la hora de la elección de técnicas los costes sociales que implica la adopción de tecnologías demasiado intensivas en capital. Esto se traduciría, por lo pronto, en una reforma en profundidad del sistema de financiación de la Seguridad Social, en una transformación de la política in discriminada de incentivos a la in versión en otra de incentivación a la creación de empleo, y en un es fuerzo mucho mayor de investigación para tratar de acomodar los procedimientos tecnológicos a las necesidades de nuestra economía. 4. Una enérgica política regional, que reduzca la enorme dispersión regional de las tasas de paro. Esta política. regional, a diferencia de la hasta ahora practicada, tendría como objetivo básico la generación de empleo.

5. Una política de perfeccionamiento del mercado de trabajo. En este campo, mucho es lo que se debe de hacer en orden a mejorar los sistemas de colocación, al logro de una formación profesional permanente, a la readaptación de la mano de obra, a la transformación de los sistemas educativos, etcétera.

6. Mejora de las condiciones sociales y de trabajo, que en nuestro caso pasaría por la reducción de la jornada de trabajo y el adelantamiento de la edad de retiro.

No cabe duda que, dado el alto grado de integración alcanzado en las economías europeas, una política eficaz contra la crisis ha de hacerse desde una perspectiva de cooperación internacional. Esta idea preside el espíritu de las conclusiones adoptadas por la Conferencia de Oslo. A este respecto, se señala la necesidad de redistribuir los saldos de las balanzas de pagos, de controlar los movimientos de capital a corto, así como de elaborar un plan de actuación conjunto con horizonte 1980, cuyo estudio se encomendará a la OCDE.

A modo de conclusión, querría señalar la especial capacidad y, por tanto, responsabilidad, que los socialistas tenemos para abordar los problemas planteados. El motivo para afirmar esto es doble: uno de orden interno y el otro de orden externo. El primero es que no cabe imaginar una salida democrática a la actual situación, si no es sobre la base de la confianza de los trabajadores en la gestión económica del país. Esta credibilidad de los socialistas queda de manifiesto por el hecho de que se puedan reunir y llegar a acuerdos válidos, organizaciones sindicales y partidos políticos, muchos de ellos en el ejercicio del poder. El segundo de aquellos motivos proviene de la posibilidad que los socialistas tienen de ofrecer opciones con respaldo internacional, lo que es especialmente importante en un momento en que la cooperación entre países se hace doblemente necesaria.