Martín Villa anuncia medidas para Guipúzcoa
En una intensa jornada, el ministro de la Gobernación, señor Martín Villa, mantuvo reuniones, en San Sebastián, co los 81 alcaldes guipuzcoanos, procuradores en Cortes por aquella provincia, Consejos de Empresarios y Trabajadores, presidente y fiscal de la Audiencia, y realizó visitas a la Diputación, centros policiales y de a Guardia Civil.Algunos de los alcaldes presentes volvieron a presentar al ministro las mismas peticiones que hicieron el pasado lunes en el despacho del señor Martín Villa, en Madrid. Dieciocho ediles se manifestaron con unanimidad en las peticiones, mientras los demás ap...
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En una intensa jornada, el ministro de la Gobernación, señor Martín Villa, mantuvo reuniones, en San Sebastián, co los 81 alcaldes guipuzcoanos, procuradores en Cortes por aquella provincia, Consejos de Empresarios y Trabajadores, presidente y fiscal de la Audiencia, y realizó visitas a la Diputación, centros policiales y de a Guardia Civil.Algunos de los alcaldes presentes volvieron a presentar al ministro las mismas peticiones que hicieron el pasado lunes en el despacho del señor Martín Villa, en Madrid. Dieciocho ediles se manifestaron con unanimidad en las peticiones, mientras los demás apenas intervinieron y dos se manifestaron opuestos. Los firmantes de las peticiones, según nos informaron, se sintieron decepcionados, puesto que tras la reunión de Madrid esperaban alguna respuesta concreta. El ministro se limitó a escuchar y comentó: Se tomarán medidas con prudencia cierta rapidez.
Por otra parte, once asociaciones devecinos, junto con los representantes del gremio de libreros y la asociación de comerciantes Elkarte, SA, de San Sebastián, presentaron un escrito solicitando la dimisión del gobernador de Guipúzcoa, del ministro de la Gobernación y de, los directores generales de la Guardia Civil y de Seguridad. El propósito d e los ciudadanos citados anteriormente era entrevistarse con el ministro, quien, por falta material de tiempo, no pudo atenderlos. Recibidos por los directores generales de Seguridad y de Política Interior, consideraron que estas autoridades no eran interlocutores válidos.
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