La soberanía

POR FIN los españoles saben dónde reside la soberanía. Las leyes Fundamentales no lo decían y ahora por fin, el viejo principio proclamado en Occidente hace dos siglos, es recogido por la declaración programática del Gobierno al expresar «su convicción de que la soberanía reside en el pueblo», y proclamar «su propósito de trabajar colegiadamente en la instauración de un sistema político democrático»...La afirmación del principio de la, soberanía popular es obviamente un compromiso de largo alcance, precisamente por tratarse de un axioma político enteramente ajeno a las leyes Fundamentales del ...

POR FIN los españoles saben dónde reside la soberanía. Las leyes Fundamentales no lo decían y ahora por fin, el viejo principio proclamado en Occidente hace dos siglos, es recogido por la declaración programática del Gobierno al expresar «su convicción de que la soberanía reside en el pueblo», y proclamar «su propósito de trabajar colegiadamente en la instauración de un sistema político democrático»...La afirmación del principio de la, soberanía popular es obviamente un compromiso de largo alcance, precisamente por tratarse de un axioma político enteramente ajeno a las leyes Fundamentales del Reino. En el vigente ordenamiento constitucional, en efecto, el problema de la titularidad y radicación de la soberanía fue cuidadosamente eludido y conscientemente diluido en expresiones vagas, confusas y contradictorias, de tal modo, que resulta imposible averiguar con certeza qué sujeto u órgano es jurídicamente sede del poder Soberano. No se ocultaban al legislador español las consecuencias políticas de una inconcreción de esta índole.

Históricamente, el postulado de la soberanía popular expresa y sintetiza un conflictivo proceso de traslación del poder supremo desde el monarca absoluto al pueblo. Aun cuando durante una época -por obra de los constituyentes franceses de 1789-91 de extradicción burguesa-, el concepto de pueblo se asimiló al de nacion -considerada como una entidad real y diferenciada de sus miembros para excluir a éstos de la titularidad de la soberanía y residenciarla en aquélla, reduciendo la extensión el sufragio-, la versión que terminó por prevalecer definió la soberanía del pueblo como la suma de las diferentes fracciones y soberanía que corresponden a cada individuo. Consiguienmente, supone la participación de cada ciudadano en el poder, es decir, la democracia basada en el sufragio universal. En la actualidad se ha borrado la diferencia entre soberanía nacional soberanía del pueblo. Ambas, en la práctica contemporánea, conllevan la aceptación de la universalidad del sufragio.

El principio de la soberanía popular proclamado por el Gobierno significa, pues, que el pueblo, entendido como suma de individuos, detenta el supremo poder de decisión y elige a sus gobernantes, sin que quepa excluir la participación de ningún actor o grupo de ciudadanos por razones arbitrarias, como podrían ser, por ejemplo, las ideológicas. El símbolo permanente de la soberanía es el jefe del Estado, el Rey en el caso de España. La historia, de un lado, y la legitimación democrática de otro, le facultan para ejercer un poder delegado que, en el caso de las monarquías europeas se concreta en la función moderadora y arbitral, nunca ejecutiva.

Para que el pueblo tenga la posibilidad real de decidir y elegir hacen falta instituciones adecuadas, es decir, hacen falta instituciones democráticas. La democracia, en última instancia, no sino la encarnación institucional de la soberanía popular.

No deja de ser paradójico que un Gobierno de designación digital rompa una lanza en favor de la soberanía de los electores. Damos por buena esta actitud y no ahorramos el elogio. Pero debemos de exigir coherencia con un compromiso públicamente asumido. La coherencia, en este implica, entre otras cosas, la definitiva institucionalización de las libertades públicas, la legalización de todos los partidos y fuerzas sindicales, el establecimiento de un Parlamento elegido por sufragio universal y la formación de un gobierno políticamente responsable ante los representantes del pueblo. Y todo ello adoptado mediante decisión popular en unas elecciones libres de carácter constituyente porque, entretanto, el pueblo puede ejercer la soberanía de la que es único dueño y porque entretanto, también, su soberanía es una soberanía raptada. De ello debe ser consciente el Gobierno, cuya credibilidad quedará pulverizada si sus afirmaciones no trascienden, con medidas efectivas al plano programático.