Se espera contrapropuesta salarial del Gobierno a la huelga de Correos
El aumento lineal de 3.000 pesetas, a partir del presente mes, que fue acordado ayer por los ministros de Gobernación y Hacienda -como culminación de los contactos que, al más alto nivel, fueron mantenidos a lo largo del día en busca de una solución a la huelga de carteros- podría poner fin a la huelga y evitar la militarización del cuerpo de Correos que, en medios oficiales, se considera como inevitable si no se restablece la normalidad laboral en el reparto de envíos postales. Julio Fernández y los corresponsales en Barcelona, Bilbao y Valencia informan de la evolución de este conflicto.
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El aumento lineal de 3.000 pesetas, a partir del presente mes, que fue acordado ayer por los ministros de Gobernación y Hacienda -como culminación de los contactos que, al más alto nivel, fueron mantenidos a lo largo del día en busca de una solución a la huelga de carteros- podría poner fin a la huelga y evitar la militarización del cuerpo de Correos que, en medios oficiales, se considera como inevitable si no se restablece la normalidad laboral en el reparto de envíos postales. Julio Fernández y los corresponsales en Barcelona, Bilbao y Valencia informan de la evolución de este conflicto.
Fuentes laborales cifran en más de diez millones el número de envíos postales que están sin repartir a causa de la huelga de Correos, mientras en medios oficiales se considera que no deben sobrepasar los siete millones desde que el día 5 saltara el conflicto en Bárcelona.Al margen de la reivindicación del aumento lineal de 6.000 pesetas, el derecho de sindicación es uno de los deseos en que desde antiguo vienen empeñados los funcionarios del servicio de Correos.
En relación con la marcha del conflicto, en numerosos distritos de cartería, los funcionarios han sido objeto de intentos de coacción por parte de los mandos intermedios -según fuentes laborales- en base a la inmediata militarización si no se quedaba restablecido con normalidad el trabajo. Paralelamente a estas iniciativas a nivel de distritos, el propio director general se reunió a última hora de la tarde de ayer con los, funcionarios presentes en la central -según informó a EL PAÍS uno de los presentes en la reunión- para anunciarles que estaba firmado el decreto de militarización, pendiente tan sólo del pronunciamiento de los funcionarios acerca de la reincorporación al trabajo para su entrada o no en vigor.
Esta información de fuente laboral fue matizada a EL PAÍS por el señor Echevarría, en el sentido de que lo único que anunció a los asistentes a la reunión fue que si hoy se reincorporan al trabajo podrían percibir, a partir del primero de este mes, un incremento lineal de 3.000 pesetas. «De lo contrario, el problema escapa de mi competencia -dijo el señor Echevarría-, y hay que tener en cuenta que el servicio debe quedar restablecido, cualquiera que sea el método que decida utilizar quien tiene que decidir en tal sentido».
Lo que parece cierto, en cualquier caso, es que la intención de militarizar el cuerpo de Correos es considerada como posible en medios oficiales, «como medio de restablecer el servicio público que ha dejado desatendido la huelga». En estos mismos medios la actividad fue en la tarde de ayer incansable y, según ha podido saber EL PAÍS en medios bien informados, el ministro de Gobernación, en contacto con el presidente del Gobierno, mantuvo una reunión con el titular de Hacienda de la que pudo haber salido el acuerdo de conceder el incremento económico que el señor Echevarría planteó a los carteros de forma condicional al restablecimiento de la normalidad laboral.
El conflicto, al margen de su incidencia en la vida ciudadana, con el consiguiente deterioro de un servicio público de las características del de Correos, supone para el movimiento sindical democrático un buen pretexto para reafirmar sus reivindicaciones de «conseguir salarios dignos y el derecho a la libertad de sindicación, objetivos arribos, que -según el comunicado de solidaridad con la lucha de los carteros, que difundió ayer la Unión Sindical Obrera-, son consustanciales a los intereses de la clase trabajadora en general».
En similar sentido se ex-presaron las organizaciones sindicales CCOO y UGT, cuyos comunicados hablan de solidaridad con los intereses de les tr abajadores de Correos, en defensa del restablecimiento de las libertades sindicales.
Los funcionarios de Correos, por su parte, en un comunicado de la Comisión Nacional difundido en la tarde de ayer, emplazan a la Administración para que rectifique su oposición al diálogo, al tiempo que se disculpan ante la opinión pública por el trastorno que la huelga está causando en todo el país, comprometiéndose a cursar la correspondencia de tipo humanitario, si es que el conflicto se prolongara.