Vallecas pide ayuda para reconstruir sus viviendas

El paso de la iniciativa privada a la pública, la creación de organismos mixtos de financiación, la audiencia a las entidades ciudadanas y el control por los vecinos de las iniciativas urbanísticas emprendidas o planeadas por el Ayuntamiento, son algunas de las alternativas sugeridas por un informe elaborado por seis asociaciones de la zona de Vallecas ante el Plan Parcial de Edificación Abierta, cuya paralización solicitan.

Las Asociaciones de Vecinos de Palomeras Sureste (Cerro del Tío Pío y Alto de Arenal), Palomeras Altas, Palomeras Centro, Los Huertos y El Olivar, acaban de ultimar...

El paso de la iniciativa privada a la pública, la creación de organismos mixtos de financiación, la audiencia a las entidades ciudadanas y el control por los vecinos de las iniciativas urbanísticas emprendidas o planeadas por el Ayuntamiento, son algunas de las alternativas sugeridas por un informe elaborado por seis asociaciones de la zona de Vallecas ante el Plan Parcial de Edificación Abierta, cuya paralización solicitan.

Las Asociaciones de Vecinos de Palomeras Sureste (Cerro del Tío Pío y Alto de Arenal), Palomeras Altas, Palomeras Centro, Los Huertos y El Olivar, acaban de ultimar un proyecto de alternativa al Plan Parcial de Edificación Abierta del Puente de Vallecas, actualmente en vigor.El proyecto, que va precedido de un informe analítico sobre el alcance del Plan, esboza uña serie de recomendaciones sobre su conversión y reforma, al tiempo que postula su paralización en tanto las autoridades y los vecinos reestudien conjuntamente su contenido y aplicación.

Según el contenido del informe, los habitantes que componen la población de Vallecas proceden de áreas rurales desde las que accedieron a la periferia madrileña y protagonizaron el proceso de crecimiento industrial en calidad de mano de obra barata; con escasos recursos económicos en su mayoría - prosigue el informe -, la iniciativa de dotarse de viviendas hubo de ser emprendida por ellos mismos en espacios reducidos, mínimas garantías de edificabilidad y precarias condiciones de vida. Por ello, la disposición y calidad de las viviendas, sus condiciones de habitabilidad y las posibilidades de urbanización, se mantuvieron durante años en un nivel ínfimo, sin perspectivas de solución - agrega el informe -. Por su parte - continúa el informe- la Administración se inhibió de solucionar tales extremos, por encontrarse a la sazón inmersa en el proceso de industrialización; además y en virtud de este aserto - afirman los redactores del texto- perpetuó a nivel salarial unos topes muy bajos como garantía de elevadas tasas de acumulación de capital; para mantener estas tasas, se mostró pasiva en el proceso de mejora de las condiciones de vida de la barriada, pues según se agrega, los paliativos habrían ocasionado la merma de la acumulación descrita.

De esta serie de estimaciones, el capítulo inicial del proyecto deduce que «los artífices del desarrollo industrial madrileño - los trabajadores rurales que inmigraron como industriales a Madrid- han sido los beneficiados en menor medida con los logros de aquel». Entre los datos cuantitativos que el informe revela, se cifra el cómputo de habitantes entre inquilinos (45 por 100) y propietarios. El 94 porv100 lo componen trabajadores por cuenta ajena cuyos ingresos promediados arrojan unos ingresos mensuales de 17.000 pesetas por cada hogar.

Para el caso de los inquilinos y con índices recientes, en caso de Poder acceder a los nuevos alquileres que la edificación prevista en el plan adelanta, el informe señala que el 55 por 100 tendría que pagar de siete a 9 veces más de lo que actualmente abonan de renta; este cálculo se realizó cifrando los alquileres previstos entre 6.000 y 9.000 pesetas.

Por cuanto alude a los actuales propietarios, como quiera que la edificación habría de correr a cargo de su bolsillo, según los índices de ingresos antes citados y al quedar excluidos aquellos que no posean solares superiores a metros cuadrados edificados, se estima en el informe que se verían obligados a abandonar el barrio, como el grueso de los inquilinos. En el mejor de los casos, la expropiación se llevaría a cabo con baremos urbanísticos fijados por el Ayuntamiento, sensiblemente inferiores a las tarifas comerciales que tienen vigencia.

Respecto a los propietarios que poseen viviendas superiores a 80 metros cuadrados, si bien les compete acogerse a las juntas de compensación, aquellos que tengan su vivienda sobre zonas prefijadas como verdes serán expropiados a tenor del margen entre el valor inicial y el urbanístico, y por procedimientos establecidos de modo análogo, se cederán los viales. Aquellos propietarios que rebasen los mínimos requeridos en superficie, según el informe, se verán sometidos al poder de los más fuertes en el seno de las juntas de compensación. Con profusión de detalles, el capítulo informativo da paso a la alternativa específica, cuya sustancia radica en la paralización del Plan y la sustitución, dentro de éste, de la iniciativa privada por fórmulas mixtas y protegidas de financiación.

Así pues, según el contenido del texto, el costo social y económico del Plan de Edificación del Puente de Vallecas resulta inaccesible al grueso de la población afectada. Para ello, se anticipan medidas previstas en la legislación Vigente, como la creación de sociedades anónimas de capital público, la atribución a la Gerencia Municipal de Urbanismo de la ejecución de las obras la inserción de un órgano especial y mixto en la Comisión de Planificación y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid y otras sugerencias.

Toda la exposición de propuestas, se ve teñida por la petición de que las autoridades, antes de planificar, estudien en profundidad los problemas y las opiniones por los que atraviesan los barrios y sus habitantes - según se afirma en el proyecto de alternativa -, al tiempo que se reivindica un mayor grado de audiencia de la Administración hacia las asociaciones de ciudadanos.