Fernández-Miranda defendió las razones políticas para la urgencia legislativa

Los menos de 200 procuradores que asistieron ayer a la sesión informativa sobre las nuevas normas para la tramitación urgente de proyectos de ley, mostraron las dificultades que la reforma política habrá de superar, al pasar por unas instituciones que no sirven al momento presente. Los procuradores que intervinieron, muchos de los cuales se quejaron de las imputaciones de inmovilismo que se les hacen desde la prensa, no ofrecieron, en cambio, argumentos contundentes contra la nueva disposición, que Torcuato Fernández-Miranda explicó, justificó y defendió con habilidad y energía.

Al comi...

Los menos de 200 procuradores que asistieron ayer a la sesión informativa sobre las nuevas normas para la tramitación urgente de proyectos de ley, mostraron las dificultades que la reforma política habrá de superar, al pasar por unas instituciones que no sirven al momento presente. Los procuradores que intervinieron, muchos de los cuales se quejaron de las imputaciones de inmovilismo que se les hacen desde la prensa, no ofrecieron, en cambio, argumentos contundentes contra la nueva disposición, que Torcuato Fernández-Miranda explicó, justificó y defendió con habilidad y energía.

Al comienzo de la sesión se percibía un ambiente expectante, al que contribuía la presencia de numerosos ex ministros. Allí estaba Barroso y Lacalle; López Rodó y Liñán; Utrera, Girón y Fernández-Cuesta; Cabello de Alba y Fernando Suárez; Allende, con muletas, y en un mismo banco para tres, Garicano, Castañón, Fernández-Sordo, García Ramal. La sesión se inició con la sala al completo y hubo que habilitar asientos suplementarios.

López Bravo hizo el papel de moderador y concedió la palabra a los procuradores, tras la exposición previa del presidente de las Cortes, quien justificó la medida adoptada, tanto por razones políticas como por puros motivos de eficacia legislativa.

La tensión de la sala se hizo murmullo desaprobatorio cuando Fernández-Miranda se refirió a algunas dilaciones producidas en los últimos años de algunos proyectos de ley remitidos por el Gobierno dentro de un plazo prefijado. El presidente de las Cortes recordó que los procuradores debían expresarse parlamentariamente cuando les correspondiese. Tales admoniciones se repitieron varias veces a lo largo de la sesión.

En definitiva, la justificación que Fernández-Miranda dio a la tramitación urgente reside en la necesidad de que las Cortes no aparezcan como un obstáculo a la reforma; en la conveniencia de que las Cortes adapten su ritmo legislativo al señalado por el Gobierno, en quien recae la iniciativa legislativa, y en el convencimiento de que la nueva disposición no sólo no restringe los derechos de los procuradores, sino que los potencia, al permitir que el máximo número de procuradores pueda participar en el trámite legislativo.

Iniciadas las intervenciones, Raimundo Fernández-Cuesta planteó, esencialmente, la inferioridad dialéctica de los procuradores frente al Gobierno y a la ponencia, y la incorrección de estimar que la Comisión legislativa pueda funcionar a través de la mera ponencia. Numerosos procuradores aplaudieron la intervención, leída, de Fernández-Cuesta.

Fernández Miranda defendió que la limitación del tiempo sólo llevará a una mayor intensidad de los debates, pero que, dentro de las normas establecidas, ampararía en sus derechos a los procuradores. Asimismo consideró reglamentario que las comisiones funcionen en ponencia. Negó, además, la posibilidad de que la disposición sea contrafuero, y manifestó que mientras el señor Fernández Cuesta cree que no hay que tocar en nada a las Cortes, él estimaba que el servicio al pueblo y al Rey le obligaba a adoptar la disposición. Acallando los rumores desaprobatorios que siguieron a unos tímidos aplausos, manifestó: «Quienes no acepten el espíritu de la reforma, que lo digan con claridad».

Las restantes intervenciones tuvieron menos nivel político, y Fernández-Miranda las despachó con cierta facilidad, aunque al filo de las tres horas de debate manifestó que se estaba empezando a cansar.

Zamanillo —quien recordó viejas «trampas saduceas»— dijo que se pretendía guillotinar una comisión. Alcaina defendió el papel de la Comisión Permanente. Toro se mostró preocupado por el destino de las enmiendas al articulado. Lostau dijo que se restringían los derechos de los procuradores. Carazo se lamentó de no encontrar diez procuradores que suscribieran enmiendas como las suyas. Segovia Moreno y Fernández Nieto plantearon cuestiones de matiz, y Díaz Llanos defendió el papel de los grupos parlamentarios. Bañales dijo que la disposición era una estratagema para burlar a los procuradores. Lapiedra, Mendoza, Serrats, Peris y Henríquez hicieron puntualizaciones de menor entidad, mientras que Escudero y Esperabé insistieron en la falta de representatividad de las actuales Cortes, en donde las enmiendas de ambos no encuentran suficiente acogida. Cuando Escudero señaló que ni siquiera la reforma que propugna el Gobierno sirve para lograr las libertades democráticas que el pueblo desea, se levantaron fuertes rumores en contra, y el señor Fernández-Miranda tuvo que amparar al procurador en su derecho al uso de la palabra.

Finalmente, López Rodó —en nombre del grupo parlamentario regionalista— y Fernández Sordo plantearon observaciones jurídicas sobre el procedimiento de urgencia, que el presidente de las Cortes prometió tener en cuenta en lo que fuera posible.

En general, las respuestas de Torcuato Fernández-Miranda se dirigieron a mostrar a los procuradores la necesidad del procedimiento de urgencia, en conexión con la necesidad de la reforma política, así como a prometerles el máximo de garantías para sus derechos parlamentarios, siempre que no se perjudicara el trámite legislativo establecido, que en ningún momento deroga, sino sólo interpreta el vigente reglamento