Los vigilantes de la televisión
El control audiovisual se diluye en un nuevo regulador Los eventos de interés general los dictará el Gobierno
España seguirá siendo uno de los pocos países de la Unión Europea sin una autoridad independiente que se encargue de regular el sector televisivo. Dentro del catálogo de recortes, el Gobierno del PP decidió matar antes de que naciera el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), cuya creación estaba recogida en una ley de 2010. Según sus cálculos, suprimir esta entidad suponía un ahorro para el Estado de siete millones de euros. El control del sector queda ahora diluido en la nueva Comisión Nacional de los M...
España seguirá siendo uno de los pocos países de la Unión Europea sin una autoridad independiente que se encargue de regular el sector televisivo. Dentro del catálogo de recortes, el Gobierno del PP decidió matar antes de que naciera el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), cuya creación estaba recogida en una ley de 2010. Según sus cálculos, suprimir esta entidad suponía un ahorro para el Estado de siete millones de euros. El control del sector queda ahora diluido en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que también se encarga de las tarifas eléctricas o la supervisión de los ferrocarriles.
Competencias como la renovación de las licencias de televisión de ámbito nacional correrán a cargo del Ministerio de Industria, mientras que el de Presidencia se encargará de elaborar el catálogo de eventos deportivos de interés general.
La creación del nuevo órgano regulador está ya en el Boletín Oficial del Estado. Este miércoles se publicó la ley que ampara la creación de esta autoridad, formada por 10 miembros elegidos por el Gobierno, aunque el Congreso podrá vetar a los candidatos. En el ámbito audiovisual, la comisión asumirá algunas de las funciones de la secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi), dependiente de Industria.
España es de los pocos países de la UE sin autoridad independiente
Supervisará, por ejemplo, que las televisiones cumplen con la obligación de invertir cada año el 5% de sus ingresos en la producción de obras europeas, que respetan el código de autorregulación que firmaron las cadenas para proteger los derechos de los menores y que no vulneran la legislación que prohíbe la emisión de contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral del público infantil. También verificará que los operadores cumplen con la obligación de comunicar su parilla con tres días de antelación o que subtitulan los porcentajes de programación asignados. Otros de sus cometidos será comprobar que no emiten más minutos de anuncios de los que marca la ley o que la publicidad no es engañosa. Por incumplimientos en estas obligaciones, Industria abrió el año pasado 29 expedientes sancionadores, que se saldaron con multas que ascendieron a 3,3 millones de euros.
Esta nueva autoridad reguladora controlará que se cumplen las restricciones para la compra de derechos de fútbol y velará para que se emitan en abierto de los acontecimientos deportivos declarados de interés general. Aunque la elaboración de este catálogo no entra dentro de las competencias de la comisión, sino que será una prerrogativa del Ministerio de la Presidencia. Eso sí, lo hará, según una disposición adicional, “previa consulta” a las televisiones y a los organizadores de las competiciones deportivas.