El Gobierno incrementa a 124,5 millones de euros las ayudas para la digitalización de los medios de comunicación

La inversión pública prevista en el Plan de Acción Democrática era de 100 millones, aumentados para un total de seis programas. Entre ellos, la mayor dotación es de 65 millones “para la transformación digital de los medios impresos”

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, este martes en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.Borja Sanchez-Trillo (EFE)

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros una cantidad de 124,5 millones de euros en ayudas destinadas a la digitalización de los medios de comunicación. La partida inicial de 100 millones estaba prevista para tal fin en el ‘Plan de Acción Democrática’, aprobado por el Ejecutivo en septiembre. Y una vez aumentado en casi 25 millones, el presupuesto completa el desarrollo de seis programas. Entre ellos, la dotación más elevada es de 65 millones “para la transformación digital de los medios impresos”.

El titular de la cartera de Transformación Digital, Óscar López, ha presentado las ayudas durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. López ha justificado la medida en línea con otros países de la UE que han desarrollado este tipo de programa de ayudas “con el objetivo de sortear los obstáculos en los fallos del mercado de los medios de comunicación, como reconoce la Comisión Europea”. El ministro añadió que esos fallos erosionan “el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información veraz” reconocido en la Constitución.

Detrás de esta situación, López encuentra dos causas principales: “Por un lado, la irrupción de las plataformas digitales de alcance mundial, que han detraído publicidad de los medios de comunicación y, por otro lado, la aparición de medios digitales con estrategias comerciales basadas en el clickbait, con escaso apego a la veracidad y calidad de la información”. El ministro ha citado al respecto de la medida otras iniciativas llevadas a cabo en Dinamarca, Suecia, Bélgica e Italia. “Solo en 2022 se destinaron 1.320 millones a ayudas de este tipo en otros países de la Unión”.

La partida mayoritaria de 65 millones de euros prevista para la digitalización de los medios impresos se llevará a cabo mediante Red.es, entidad pública empresarial que además brindará cinco millones para elaborar un “kit digital para medios pequeños”, con especial atención a los locales y regionales. Además, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) se encargará de repartir 19,5 millones en préstamos para proyectos de digitalización “y herramientas tecnológicas de difusión y gestión de contenidos” para los medios.

Otras tres partidas completarán el paquete anunciado por el ministro. Y tendrán, según Óscar López, “carácter más inmediato” que las anteriores. En concreto, 15 millones para fortalecer la ciberseguridad y acciones de formación relacionadas para los medios, que gestionará el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) a través de convenios de colaboración. Y otras dos ayudas, que gestionará la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial: 10 millones, para integrar la Inteligencia Artificial en los grandes medios; y otros 10 millones, para “proyectos de compartición de datos”.

El Plan de Acción Democrática en el que se enmarcan estos programas destinados a la digitalización de los medios toma como referencia la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, reglamento aprobado el pasado marzo y de obligado cumplimiento para los estados miembros de la UE a partir de agosto de 2025. Entre otras medidas pendientes de desarrollo está la creación de un registro público mediante la CNMC (pendiente de una reforma ad hoc), que permita a los ciudadanos conocer quiénes son los propietarios de los diferentes medios de comunicación y qué inversión publicitaria reciben. Otras medidas del Plan incluyen el deber de publicación anual de la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y dos reformas en la ley de Publicidad institucional con dos objetivos: “introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación” en su asignación; y “garantizar” que los sistemas de medición de audiencias “sean transparentes, imparciales y verificables”.

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