Se acabaron las ayudas a las placas solares individuales: los fondos irán al autoconsumo colectivo que ayude a vulnerables

En los últimos años hemos visto multiplicarse las placas solares en viviendas unifamiliares, impulsadas primero por las subvenciones europeas —que finalizaron en 2023— y ahora por el abaratamiento de los paneles, que hace que sean rentables en pocos años. En cambio, ...

En los últimos años hemos visto multiplicarse las placas solares en viviendas unifamiliares, impulsadas primero por las subvenciones europeas —que finalizaron en 2023— y ahora por el abaratamiento de los paneles, que hace que sean rentables en pocos años. En cambio, el autoconsumo colectivo —aquel que comparten varios ciudadanos, a veces con una empresa o administración— todavía supone un enorme reto. Por eso, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha lanzado una línea de ayudas para proyectos fotovoltaicos colectivos con almacenamiento que beneficien a colectivos vulnerables. En los próximos meses los veremos instalarse en cubiertas de campos de fútbol, edificios, polideportivos, naves industriales e incluso en islas, aunque algunas iniciativas pioneras ya se han adelantado.

“El autoconsumo individual ya ha cogido velocidad de crucero, creemos que ya no necesita de ayudas específicas —aunque mantiene bonificaciones como rebajas de impuestos—”, explica Miguel Rodrigo, director general del IDAE, dependiente de Transición Ecológica. “Pero sí hace falta incentivar los proyectos colectivos que lleguen a rentas bajas”, añade Rodrigo. Es precisamente eso lo que hace el programa 4 de las subvenciones Renoinn, que ha otorgado ya 18,2 millones a 67 iniciativas por toda España. Con la futura Estrategia Estatal de Pobreza Energética está previsto que estas subvenciones aumenten.

“La mayoría de los proyectos financiados están impulsados por ayuntamientos, entidades públicas o comunidades energéticas. Son instalaciones de autoconsumo colectivo en las que al menos un 10% de los consumidores beneficiados son vulnerables. Eso permite involucrar a personas que tradicionalmente se quedaban fuera de este tipo de iniciativas, y que ahora verán una reducción en su factura de la luz”, continúa Rodrigo.

Una de las beneficiarias es la Diputación de Pontevedra, que pondrá paneles en 38 ayuntamientos pequeños y medianos. “Cada uno de ellos tendrá una instalación de 99,9 kilovatios (kW) y un almacenamiento de otros 50, con lo que se va a cubrir el consumo del consistorio y además se va a compartir la energía con quien lo necesite en un radio de dos kilómetros”, explica Javier Tourís, diputado provincial de Acción Comunitaria en la provincia. “Llegarán a instalaciones municipales, pabellones, edificios y gradas de campos de fútbol. Estamos en la fase de proyectos y todos tendrán que estar instalados antes del próximo marzo”, prosigue. El coste son 4,2 millones —el IDAE subvenciona 2,4—, producirán casi 6 gigavatios hora (GWh) y la energía llegará a unas 900 personas.

Torrejón de Ardoz (Madrid) invertirá 26,5 millones —8,4 de subvención— para instalar 33,25 megavatios (MW) de potencia y 17 MWh de almacenamiento para dar servicio a unos 7.600 usuarios, de los cuales alrededor de un tercio (2.700) serán vulnerables. La iniciativa forma parte del proyecto general de creación de una red de distrito de energía térmica sostenible con respaldo de una planta fotovoltaica en modalidad de autoconsumo colectivo.

La Xunta de Galicia tiene otro proyecto en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. “En la isla de Ons, donde hay 92 viviendas, nunca ha habido conexión eléctrica a tierra, solo gasóleo. Aprovechando estas ayudas vamos a instalar placas en edificios de la Xunta, y desde ahí derivaremos la energía a los ciudadanos, la mayoría de los cuales son muy mayores y vulnerables”, apunta José Antonio Fernández Bouza, director del parque nacional. “Como además lleva almacenamiento, tendrán más horas de luz que ahora”, dice. La Xunta ya había instalado placas en las cercanas Islas Cíes y está ayudando a restaurantes y camping a dejar el gasóleo gracias a la solar. “Son espacios protegidos y queremos que sean islas energéticas autosostenibles”, añade.

Otra beneficiada será la Empresa Municipal de Agenda Urbana de Lleida (EMAU), que ha recibido fondos para una iniciativa similar destinada a reducir la pobreza energética en la capital catalana. Se instalarán siete sistemas fotovoltaicos en edificios de la entidad para, por un lado, reducir la factura municipal y, por otro, dar energía a casi una veintena de viviendas sociales municipales situadas en el casco antiguo.

No solo hay entidades públicas: la cooperativa social Ecooo ha incluido ocho proyectos en otros tantos edificios de la Comunidad de Madrid. “La mayoría son comunidades de propietarios que han apostado por un autoconsumo colectivo con baterías que además llegan a gente con el bono social. Casi 300 familias se van a beneficiar”, señala Marina Vargas, de la entidad social. Uno de ellos está en Vallecas, donde los 35 propietarios lo han puesto en la cubierta de su bloque. “Estas ayudas son muy importantes porque ponen este tipo de proyectos en el debate, y se demuestra que son factibles y se convierten en una realidad”, apunta Vargas.

Proyectos pioneros

Mientras llegan, algunos proyectos pioneros adelantan esta tendencia. Es el caso de Taradell Sostenible, que construyó cinco cubiertas fotovoltaicas en este municipio de menos de 7.000 habitantes en Barcelona gracias a un programa anterior de apoyo a las comunidades energéticas (CE Implementa). “Negociamos con el Ayuntamiento para que nos licitaran dos espacios municipales, y los otros tres fue en naves industriales tras negociar con las empresas. Luego aceptamos en asamblea que las personas que estuvieran bajo supervisión de los servicios sociales del municipio, o acogidas al bono social, tenían derecho a abonar solo el 25% de la cuota de ser socio, es decir, solo 25 euros”, explica Eugeni Ramón, presidente de Taradell Sostenible.

Además, se han aliado con otras dos comunidades energéticas cercanas similares, Balenyá Sostenible —de Balenyà— y La Tonenca —Tona—, para pedir a los ayuntamientos de la zona “un sistema de evaluación de personas con derechos a recibir energía más barata o gratuita que sirviese para tirar para adelante, con unos baremos que desarrollamos. Los ayuntamientos compraron títulos para estas familias vulnerables, y al hacerse socios lo eran de pleno derecho. Con esto mejora el ascensor social”, dice Ramón.

¿A qué achaca que estos proyectos tan pioneros se hayan instalado en pueblos pequeños? “En los municipios pequeños conocemos más la realidad cercana de nuestra población. No tenemos barrios con marginalidad, sino que vamos casa por casa. En nuestro pueblo, por ejemplo, solo hay 12 familias que tienen problemas. Estamos mucho más sensibilizados, cuesta más despersonalizar al vecino”, responde.

El programa Renoinn, cuya primera convocatoria ya ha finalizado, no solo cuenta con este capítulo, sino que también incluye otros para impulsar las renovables innovadoras como la agrivoltaica —que combina placas y agricultura—, la fotovoltaica flotante —en agua— o integrada en infraestructuras —como parkings o carreteras—, que además incorporen almacenamiento. También ha subvencionado bombas de calor renovable. En total, contando todos los capítulos, son 148,5 millones para impulsar casi 200 proyectos. Algunos de ellos marcan el camino de por dónde irán las renovables en los próximos años.