Las ONG, atrapadas en las maniobras en Bruselas contra el Pacto Verde

Algunos eurodiputados no pueden ser más gráficos: si lanzas un trozo de mierda contra la pared, dicen, por mucho que intentes limpiarlo, algo quedará pegado. Es lo que, temen, ha sucedido con el último embate contra varias ONG, sobre todo medioambientales, que trabajan en Bruselas, cuya financiación y actividad ha sido puesta en entredicho por eurodiputados conservadores que las acusan de recibir fondos de la Comisión Europea con orden de hacer ...

Algunos eurodiputados no pueden ser más gráficos: si lanzas un trozo de mierda contra la pared, dicen, por mucho que intentes limpiarlo, algo quedará pegado. Es lo que, temen, ha sucedido con el último embate contra varias ONG, sobre todo medioambientales, que trabajan en Bruselas, cuya financiación y actividad ha sido puesta en entredicho por eurodiputados conservadores que las acusan de recibir fondos de la Comisión Europea con orden de hacer “lobby’ en la sombra” para “manipular” a los legisladores a favor de políticas medioambientales y que quieren revisar todas las ayudas públicas que reciben.

La campaña, lanzada desde la comisión de control de presupuestos del Parlamento Europeo, ha sido por el momento parcialmente neutralizada por eurodiputados del centro y la izquierda del hemiciclo, que han logrado al menos que la investigación que reclaman los conservadores se amplíe a otros grupos de interés, no solo a ONG, como buscaba el Partido Popular Europeo (PPE).

Pero el daño reputacional a las organizaciones civiles, coinciden analistas y legisladores, está hecho. La sombra de la duda sobre uno de los instrumentos clave de vigilancia de las instituciones ha sido plantada. Y esto sucede justo cuando se redoblan los intentos de derecha y extrema derecha por desmontar el Pacto Verde europeo, un objetivo abiertamente reconocido por las fuerzas ultras reforzadas desde las elecciones europeas de junio y que se sienten revalidadas con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Para existir frente a los Estados Unidos de Trump, hay que desbloquear todos los frenos al crecimiento en Francia y en Europa. Deseo la suspensión inmediata del Pacto Verde”, dijo recientemente el presidente del Reagrupamiento Nacional francés y líder en la Eurocámara del grupo parlamentario ultra Patriots for Europe (PfE), Jordan Bardella, cuya formación europea, Patriots.eu, celebra una cumbre ultra este sábado en Madrid. En Bruselas, Bardella busca alianzas: a finales de enero, envió una carta con una “proposición de coalición para la suspensión del Pacto Verde” al PPE, a los Conservadores y Reformistas (ECR) de Giorgia Meloni y a los más ultras de Europa de las Naciones Soberanas (ESN). El PPE lo ha rechazado, pero al menos ECR se dice “abierto a debatir”. Además, la que es la tercera fuerza en la Eurocámara, tras los conservadores y los socialdemócratas de S&D, ha creado un “grupo de trabajo para la reforma del Pacto Verde”, aunque sin actividad aparente por el momento.

Muchos en Bruselas no creen casual que los ataques a las ONG lleguen en plena campaña para debilitar el Pacto Verde, la estrategia de crecimiento de la UE basada en una transición ecológica que permita alcanzar la neutralidad climática en 2050. Aunque vienen de largo, han cobrado fuerza desde de que la conservadora alemana Monika Hohlmeier y otros miembros del PPE de la comisión de Control de Presupuestos cuestionaran abiertamente en el pleno de finales de enero en Estrasburgo su trabajo.

“¿Cómo puede haber directrices en los contratos de la Comisión para la manipulación de los procedimientos legislativos?”, lanzó Hohlmeier en la cámara, mientras su compañero de partido, Dirk Gotink, calificaba a las ONG de “lobby en la sombra”.

Ambos, apoyados por otros eurodiputados conservadores y de extrema derecha, han reclamado una revisión de la financiación pública de varias ONG, sobre todo medioambientales.

Pero legisladores que han tenido acceso a los contratos cuestionados son contundentes: “No ha habido nada, nada, que legalmente se pueda reprochar. El debate está siendo tergiversado por la derecha”, sostiene el eurodiputado socialista español José Cepeda, también miembro de la comisión de control presupuestario. Igual de taxativo es su colega alemán (y verde) Daniel Freund: “Los contratos que he visto hasta ahora están bien, no entiendo cuál es el problema”. El diario Politico, que ha revisado 28 de los contratos cuestionados, también afirma que “en ningún lugar da la Comisión instrucciones directas para cabildear en su nombre”.

Aun así, Gotink asegura que continuará la “investigación” sobre las organizaciones. “La Comisión Europea financia a ONG en Bruselas que presionan para promover sus propuestas y su agenda política. Esto tiene que parar. Socava la separación de poderes y la legitimidad de la legislación”, insistió en un mensaje en X.

La financiación pública de las ONG se realiza a través del fondo europeo LIFE, creado para apoyar proyectos a favor de acciones medioambientales y dotado de 5.400 millones de euros para el periodo 2021-2027. Eso sí, las “subvenciones de funcionamiento” de ONG, esto es, destinadas a sufragar parte de los “gastos de funcionamiento de un organismo que persigue un objetivo de interés general europeo o un objetivo que forma parte de una política de la UE”, se limitan a 15,6 millones (el 0,006% del presupuesto de la UE), con dotaciones individuales de un máximo de 700.000 euros.

Una cifra pírrica en una ciudad como Bruselas, donde decenas de miles de lobistas profesionales mueven sumas multimillonarias cada año para promover intereses de la industria y otros sectores privados. Según organizaciones como Corporate Europe Observatory o Transparencia Internacional —también en la mira del PPE— en 2024, las 50 principales compañías gastaron casi 200 millones de euros en lobby en Bruselas, un 66% más que en 2015.

El objetivo de la UE al financiar a ONG es garantizar que la voz de la sociedad civil a la que representan sea escuchada cuando se deciden políticas europeas. Algo ya de por sí difícil, como se vio el jueves en una reunión en la Comisión Europea para discutir el proyecto de “simplificación” regulatoria con el que quiere impulsar la competitividad del continente y que, temen muchos, amenaza también con debilitar leyes medioambientales clave. A la cita fueron invitados 57 representantes empresariales, entre ellos lobistas de los gigantes petroleros ExxonMobil y TotalEnergies, y solo dos representantes sindicales y diez ONG, una proporción de cinco a uno, según denunció la unión sindical europea ETUC.

“Necesitamos a una voz de la sociedad civil fuerte en Bruselas para que la protección medioambiental tenga un asiento en la mesa junto al lobby corporativo y los gigantes industriales cuando se hacen políticas medioambientales para toda Europa”, insiste Daniel Freund. “Las propuestas de los conservadores equivalen a una prohibición de trabajo de facto para las ONG”, advierte el alemán, que ve en la estrategia del PPE el “manual” de Viktor Orbán, el primer ministro ultranacionalista húngaro —y orador estrella en la cumbre ultra de Madrid— que emprendió una cruzada contra las organizaciones civiles críticas.

No es el único. Ariel Brunner, director de BirdLife Europe, reflexionaba esta semana sobre el “ataque a la democracia” que supone la estrategia lanzada por los conservadores. “Cuando quieres matar la democracia, vas contra las ONG, contra la prensa libre y luego contra los jueces. Es el manual de jugadas clásico de cualquiera que quiera concentrar el poder absoluto. Y este ataque a la ONG es parte de esa visión del mundo”, advirtió.