Una tasa de 50 a 400 euros a los vuelos frecuentes podría reducir un 21% las emisiones, según los ecologistas

Varias entidades ecologistas lanzan este jueves una campaña para poner una tasa a los vuelos frecuentes (TVF): proponen que vaya en aumento cuanto más se vuele —de los 50 a los 400 euros por trayecto— y calculan que, si se aplicara en toda la Unión Europea, podría reducir las emisiones del sector un 21%. La propuesta llega en un momento en que la Comisión estudia imponer un impuesto al queroseno de la aviación, igual que ya ocurre con la gasolina y el gasoil. Mientras, el sector aéreo español señala que este tipo de medidas perjudican al turismo, fundamental para la economía española.

Según un informe del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT, en inglés), las emisiones de la aviación aumentaron un 30% de 2013 a 2019, y el sector prevé que el número de vuelos en Europa siga creciendo hasta 2030, impulsando la emergencia climática. Una de las causas es su baja fiscalidad: el tráfico aéreo está exento de impuestos sobre el combustible. La patronal de las aerolíneas españolas destaca que el tráfico aéreo ha crecido un 45% en ese mismo periodo, lo que demuestra que ha habido muchas mejoras en eficiencia.

“Hay que actuar ya. La tasa europea que proponemos es un recargo que se aplicaría de manera sucesiva a la compra de cada billete durante un año. Los dos primeros billetes no tendrían tasa, los dos siguientes la tendrían de 50 euros, y luego se iría duplicando hasta los 400 para el noveno billete y sucesivos”, explica Pablo Muñoz, portavoz de Ecologistas en Acción. La ONG española es una de las impulsoras, junto con Stay Grounded —que aglutina a entidades de todo el mundo, como Amigos de la Tierra y Extintion Rebelion— y otras organizaciones europeas.

“Lo más importante para nosotros es la racionalidad social: es una medida encaminada a hacer que sean las personas que más vuelan las que más paguen”, continúa Muñoz. “Un impuesto convencional al billete, como ya hay en algunos países europeos, afecta más a todo el mundo. Pero hay una minoría de la población que vuela muchísimo, y son ellos los que deben soportar el peso de los impuestos”, añade.

De hecho, según una reciente encuesta de More in Common realizada a 12.000 europeos, casi el 70% de las personas con rentas inferiores a 20.000 euros anuales nunca viajan en avión para ir de vacaciones. En cambio, el 15% de las que superan los 40.000 euros vuelan tres o más veces al año, una cifra que sube hasta el 35% para las rentas mayores de 100.000 euros. Además, el 1% más rico del mundo es responsable del 50% de las emisiones.

La tasa propuesta, por tanto, afectaría principalmente a las rentas más altas. Y se complementaría con un recargo de 100 euros por volar en primera clase —mucho menos eficiente— y otro por distancia (50 euros hasta 4.000 kilómetros y 100 para más). Este último recargo se podría sustituir por la futura tasa al queroseno, dado que también gravaría a los vuelos por su distancia. Con ello, calculan que se podrían recaudar 56.400 millones anuales en la Unión Europea.

“El 54% de todo lo que se recaudaría vendría de un 4,5% de la población europea, que son los que vuelan cuatro veces o más”, apunta el ecologista. La idea sería dedicar esos fondos para invertir en la transición ecológica, con medidas como mejora de la movilidad sostenible urbana o inversiones en redes ferroviarias, mucho más ecológicas para los grandes desplazamientos, así como en energías renovables o rehabilitación de viviendas. También se podrían destinar a transformar el sector aéreo. Lo más importante es que calculan que, con esta idea, se podrían reducir las emisiones hasta un 21% (llegando al 28% en España).

Debate europeo

La iniciativa llega en un momento en que la Unión Europea está debatiendo si impone un impuesto al queroseno, dentro de la Directiva sobre la Fiscalidad de la Energía —enmarcada, a su vez, en el paquete Fitfor55—. La Comisión hizo su primera propuesta en 2021, con vistas a eliminar las exenciones fiscales progresivamente en 2028, pero las fuertes presiones en contra han impedido llegar a un acuerdo. De hecho, el Gobierno del ultraderechista húngaro Viktor Orban, presidente semestral de la UE, acaba de poner sobre la mesa la idea de prorrogar otras dos décadas la exención fiscal los sectores de la aviación y el transporte marítimo.

Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) —la patronal del sector—, critica el posible impuesto al queroseno: “Este tipo de medidas afectarían mucho a países como España, receptores de tráfico aéreo desde Europa. Según nuestros cálculos, un impuesto al queroseno implicaría que en 2030 vendrían a nuestro país 4,5 millones menos de turistas”. Y continúa: “Eso no significa que haya menos emisiones, porque se aplicaría solo a los vuelos dentro de Europa. Así que los turistas británicos o alemanes podrían optar por viajar a Marruecos, Jordania o Egipto, cuyos vuelos no tendrían que pagar ese impuesto. Tendríamos un impacto muy importante en el turismo español, que supone casi el 12% del PIB, sin mejorar las emisiones”.

¿Y respecto a la tasa? “Los viajeros frecuentes son los que permiten que los precios de los billetes sean más asequibles para todos. Hace 30 o 40 años muy poca gente podía coger un vuelo, y este sistema ha permitido volar a muchísima más gente”, dice Gándara. El presidente apunta que es cierto que las compañías no pagan impuestos al queroseno, pero sí derechos de emisión, así como tasas aeroportuarias para mantener los aeropuertos. “Si se quiere afrontar la descarbonización, hay que apostar por los combustibles sostenibles de aviación, denominados SAF y elaborados a partir de aceite usado, residuos y biomasa, que pueden reducir las emisiones del 80% al 100%. El compromiso de la industria es tener emisiones netas cero en 2050″, concluye.

Mientras sigue el debate, varios países europeos cuentan ya con tasas a los billetes, que aplican a todos los usuarios, sin distinción de renta. En Bélgica, por ejemplo, son 10 euros para los de más de 500 kilómetros, mientras en Alemania van de los 13 a los 59 euros, según la distancia. En España, el Ministerio de Hacienda sacó a inicios de 2020 una consulta pública para establecer un impuesto a los vuelos para aumentar la fiscalidad ambiental, que se quedó en un cajón con la pandemia. Un portavoz ministerial señala que, por ahora, no hay novedades. “Una tasa europea a los vuelos frecuentes sería una buena manera de armonizar y sustituir los impuestos nacionales”, resume Muñoz.