Los bomberos forestales claman en Madrid: “Nos faltan manos para apagar el fuego”

Vestidos con sus uniformes amarillos y verdes, sus cascos y palas, preparados, como si fueran a sofocar un incendio más, claman: “Bomberos forestales, derechos laborales”. Unos 1.500 trabajadores, según la delegación del Gobierno en Madrid, cerca de 2.500 según la Plataforma Asociativa y Sindical de Bomberos Forestales, se han manifestado este sábado para pedir mejores condiciones laborales y adecuada gestión y prevención de los incendios. Mientras, caminan por el Paseo del Prado en dirección al Congreso de los Diputados. Maica del Cerro tiene 49 años, lleva 24 como bombera forestal en Murcia,...

Vestidos con sus uniformes amarillos y verdes, sus cascos y palas, preparados, como si fueran a sofocar un incendio más, claman: “Bomberos forestales, derechos laborales”. Unos 1.500 trabajadores, según la delegación del Gobierno en Madrid, cerca de 2.500 según la Plataforma Asociativa y Sindical de Bomberos Forestales, se han manifestado este sábado para pedir mejores condiciones laborales y adecuada gestión y prevención de los incendios. Mientras, caminan por el Paseo del Prado en dirección al Congreso de los Diputados. Maica del Cerro tiene 49 años, lleva 24 como bombera forestal en Murcia, y lamenta la falta de capacitación para enfrentar la crisis ambiental. “Estamos viendo que el cambio climático está cambiando mucho la manera en que se comportan los incendios y reclamamos que haya una formación para todo lo nuevo que nos encontramos”.

Las consecuencias de este verano han sido catastróficas. Cerca de 260.481 hectáreas se han quemado en España en lo que va de año, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. España es el país de la Unión Europea con más hectáreas quemadas, según el Sistema de Información Europeo sobre Incendios Forestales. Hasta octubre, la superficie quemada supera ya en un 30% al último peor año, registrado en 2017. La Comisión Europea propuso este miércoles que se destinen 170 millones de euros para reforzar la flota terrestre y aérea contra los incendios a partir del verano de 2023.

El verano abrasador de más de 40 grados ha terminado, pero el fuego ha continuado hasta este miércoles, cuando el incendio forestal en el municipio granadino de Los Guájares (1.000 habitantes) fue extinto casi un mes después. Las llamas han quemado 5.194 hectáreas de cinco municipios—Los Guájares, el Valle, Albuñuelas, El Pinar y Vélez de Benaudalla—, según el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía. Los alcaldes han solicitado la declaración de zona catastrófica.

Después de caminar poco más de cuatro kilómetros desde el Puente de Vallecas (Madrid), el punto donde comenzó la manifestación, los bomberos y bomberas ondean las banderas de sus comunidades autónomas. Sobresale la de Castilla y León, una de las más devastadas por los incendios. Solo este verano quedaron calcinadas 80.000 hectáreas y tres personas murieron entre junio y septiembre. Un joven bombero forestal de 20 años, que prefiere no decir su nombre “por miedo a represalias”, cuenta que trabajó durante tres meses en una de las unidades helitransportadas en Castilla y León. Su trabajo consistía en desplazarse en helicóptero hasta el foco del fuego y luego tratar de contenerlo con mochilas extintoras. Hasta que el 30 de septiembre fue despedido. Le enviaron una carta que decía ya no necesitaban de sus servicios y que iba a recibir un finiquito.

El joven dice que los principales problemas que viven los bomberos forestales son dos: la precariedad y que no hay una profesionalización. “Las empresas privadas contratan a gente para tres meses y luego nos mandan a casa”, explica. Rodeado de otros tres bomberos, también jóvenes, cuenta que ha habido grandes incendios en los que ha estado, como el de Monsagro (Salamanca), y que la atención ha sido pésima. “Fueron cerca de seis días de fuego, más los días de vigilancia. Sufrimos intoxicaciones y compañeros se quedaron atrapados”, asegura. A lo que hay que sumar que no reciben capacitación por parte de los contratistas. “Me dieron un pequeño curso de formación teórica y práctica y ahí se acabó”, lamenta.

El despido de refuerzos es un problema que afecta el doble: “Por un lado, estás dejando gente sin trabajo y, por otro, el monte no está preparado para cuando lleguen las fechas de incendios”, zanja Maica del Cerro. “Nos faltan manos para apagar el fuego, a la hora de enfrentar las llamas somos apenas cuatro”, asegura. “Si salen dos incendios, no tenemos personal, o apagamos el uno o el otro”, lamenta mientras los manifestantes golpean con las palas de incendio el asfalto. Del Cerro cuenta que en ocasiones se ven “desbordados” y han tenido que pedir ayuda a otras comunidades autónomas para controlar el fuego.

Noelia Marín, una bombera de 37 años, interrumpe y agrega: “Es un riesgo que haya solo cuatro personas porque para tirar mangueras de un camión necesitas un mínimo de seis o siete para controlar las llamas”. Marín tiene pegado en su traje una pegatina con la frase: “No más precariedad”. “Tú imagínate estar subiendo una pendiente con un montón de metros, una persona sola porteando mangueras”, señala la bombera, que estuvo nueve años trabajando itinerante hasta que consiguió ser contratada.

La Plataforma Asociativa y Sindical de Bomberos Forestales participó este viernes en el Congreso en la jornada Emergencia climática y nuevos incendios. Estatuto de los bomberos forestales, organizada por el grupo parlamentario Unidas Podemos. En el foro han participado todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y País Vasco. El coordinador de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, ha señalado que la temporalidad debe acabar: “Eso de que los bomberos empiezan a trabajar en julio y terminan en septiembre se tiene que terminar”. López de Uralde afirma que la actual crisis climática “exige nuevas condiciones laborales”.

Los bomberos han reclamado en el Congreso la urgencia de poner en marcha el Estatuto de bomberos forestales, recogido en el acuerdo de legislatura entre PSOE y Unidas Podemos; y que el Gobierno de coalición se comprometió a tramitar en el tercer trimestre del año. El reglamento busca la reducción de la edad de jubilación, estabilidad laboral todo el año y no solo por temporadas y que los bomberos forestales sean considerados un “servicio público esencial”. “Nosotros trabajamos en el entorno rural y por eso quizá no se nos ve tanto”, se queda en silencio Marín. Y se pregunta “¿Por qué unos bomberos son funcionarios y nosotros, los de monte, no?”.

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