Ciudadanos que crean y comparten su propia energía frente a las grandes eléctricas

Los altos precios de la electricidad han llevado a muchas personas a esperar con miedo cada nueva factura de la luz. Sin embargo, algunos ciudadanos están poniendo en marcha iniciativas para crear, gestionar y compartir su propia energía verde, y venderla a un precio just...

Los altos precios de la electricidad han llevado a muchas personas a esperar con miedo cada nueva factura de la luz. Sin embargo, algunos ciudadanos están poniendo en marcha iniciativas para crear, gestionar y compartir su propia energía verde, y venderla a un precio justo, como alternativa a las grandes compañías que prácticamente monopolizan el mercado. Son las comunidades energéticas, un nuevo tipo de entidades que convierten a los consumidores en protagonistas. La Comisión Europea quiere impulsar esta figura que todavía no cuenta con legislación específica en España —la directiva europea debía haberse traspuesto en junio— pero sí con algunos proyectos pioneros que adelantan un bum de esta nueva forma de empoderamiento ciudadano.

Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática y Energía de la ONG Amigos de la Tierra —que ha publicado varios informes sobre el tema—, explica que esta nueva figura puede ayudar a democratizar el sistema energético: “El autoconsumo colectivo se centra en la posibilidad de que varias personas propietarias puedan compartir una instalación de placas solares, pero las comunidades energéticas renovables van más allá, porque tienen que asegurar la participación abierta de la ciudadanía, incluyen también otras energías —hidráulica, eólica— y su objetivo debe ser dar beneficios ambientales y sociales a los territorios donde se implementen”.

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent (Valencia), matriz de Enercoop, nació en 1925 impulsada por la industria textil local. Joaquín Mas, director de Enercoop, explica su caso: “Antes éramos distribuidora y comercializadora, pero ahora además estamos produciendo energía en la propia población mediante placas fotovoltaicas colectivas. Montamos las instalaciones en espacios municipales y la inversión la hace la propia cooperativa, con lo que los usuarios no tienen que desembolsar una gran cantidad de golpe. La mitad de los ahorros energéticos van para los consumidores y la otra mitad para pagar la instalación”. El proyecto, denominado Comptem, pretende convertir la localidad (29.000 habitantes) en una gran comunidad energética y, de paso, mejorar los espacios públicos donde instalan las placas. Sus 11.000 socios —los consumidores vulnerables no pagan— cuentan con una app para aprender a ahorrar en la factura, ajustar los consumos… Y el próximo año instalarán tótems en la ciudad para informar sobre la energía.

Este proyecto piloto fue uno de los primeros que apoyó el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica, que a falta de legislación ya ha publicado una guía orientativa sobre esta nueva figura. En los próximos tres años, 100 millones de euros del plan de recuperación europeo se destinarán a estas entidades. Un portavoz del IDAE confirma que el departamento está trabajando para trasponer al completo la normativa europea sobre comunidades energéticas, que incluye comunidades de energías renovables (CER) y comunidades energéticas locales (CEL). De las primeras hay ya una definición en la Ley del Sector Eléctrico: “Entidades basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y controladas por socios, situadas en las proximidades de sus propios proyectos de energías renovables”.

Cooperativas renovables

Alfonso García, presidente de Unión Renovables, apunta que las 21 cooperativas de energías renovables que aglutina la unión que preside encajan con la definición, “pero mientras no haya una trasposición de las directivas europeas no está claro si lo son al 100%”. En su opinión, cuando llegue la norma “las cooperativas no van a tener problemas, porque su funcionamiento encaja con las comunidades energéticas”, pero el miedo es que esta figura se abra a propuestas donde el consumidor siga siendo pasivo. García participa en la cooperativa Goiener, que produce energía —fotovoltaica e hidroeléctrica—, cuenta con una comercializadora y tiene proyectos para crear comunidades energéticas en el País Vasco y Navarra.

El Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares (Navarra, 2.800 habitantes) impulsa el proyecto Gares Energía, con el que quiere recuperar una pequeña central hidroeléctrica para abastecer el alumbrado y los edificios municipales y, la vez, incentiva que los residentes creen su propia comunidad energética. “El Consistorio ha instalado placas solares en el frontón, y ha cedido otra parte para que los ciudadanos puedan establecer un autoconsumo colectivo”, cuenta Esther Muñoz, del despacho Kisar, que asesora la iniciativa ciudadana. La idea es que los ciudadanos se empoderen en energía a la vez que recuperan espacios sociales y fortalecen la comunidad. “Lo importante es que estos procesos se impulsen desde la participación ciudadana, que se capacite a las personas, y que en el futuro las comunidades energéticas se creen con la facilidad con que ahora se crean las asociaciones culturales”, añade Muñoz.

En Arroyomolinos de León (Huelva), un pueblo de menos de mil habitantes, tienen en marcha una comunidad energética rural denominada Alumbra y centrada en los niños. Así lo cuenta Rosario Alcantarilla, una de las socias: “En el inicio de curso queremos tener dos instalaciones funcionando, una municipal, que compartirá los excedentes con los vecinos, y otra que vamos a financiar los vecinos con un crowdfunding impulsado por Greenpeace. El Ayuntamiento nos cede la cubierta del colegio para instalar las placas y nosotros vamos a formar a los niños como gestores energéticos. Los niños son la vía de mayor impacto a nivel comunitario”.

Alginet (Valencia, 13.000 habitantes) cuenta con una cooperativa que comercializa energía, tiene red de distribución propia y contadores inteligentes para sus 6.000 socios. Estas características hicieron que resultada elegida en el proyecto europeo Lightness, que impulsa este tipo de iniciativas. Elena Roig, presidenta de la cooperativa de Alginet, señala: “Vamos a poner en marcha una comunidad energética en unos 15 o 20 edificios. Hasta ahora, los socios son consumidores pasivos, mientras que los integrantes de esta comunidad tienen que ser más activos en la producción de energía; puede ser gente que ya tenga placas solares, o que use coche eléctrico, o que quiera investigar sobre el autoconsumo”.

El proyecto servirá para ver cómo se puede integrar una pequeña comunidad en la gran cooperativa. Gonzalo Navarrete, de Traza Territorio, socio de Lightness, ahonda en los cambios: “Una cooperativa energética es como si ellos fueran clientes de cualquier compañía”, dice, “pero al convertirse en comunidad energética pasan a ser actores activos, es decir, no solo pagan su factura, sino que pueden participar en tomar decisiones sobre cómo se genera y se vende la energía”.

Vivir del aire del cielo

Otro caso que destaca es el de Viure de l’aire del cel, un proyecto de energía eólica comunitaria impulsado, entre otros, por Pep Puig. “Arrancamos la idea en 2009 y no pudimos instalar un aerogenerador hasta 2018”, dice Puig. La compra e instalación de ese molino de viento en Pujalt (Barcelona) costó 2,8 millones, y participaron unas 600 personas y entidades (una media de 5.000 euros por participante). “La falta de normativa no nos permite disponer de la electricidad que generamos, así que la vendemos en el mercado mayorista y luego lo repartimos entre los partícipes. Ya hemos recuperado en torno al 10% de lo aportado”, añade.

Julia Prats, del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, espera que la norma lo permita en breve: “La idea es que haya un régimen favorable para las comunidades energéticas, que deberían tener más beneficios que las cooperativas, por ejemplo fiscales”. Iván Aranda, de R2M, que coordina Lightness, cree que la futura normativa debería ampliar el radio de acción de las comunidades —ahora está en 500 metros— y permitir los coeficientes dinámicos, es decir, repartir la electricidad de una instalación de forma diferente según en qué hora la necesite más cada usuario.

En Viladecans cuentan con Vilawat, un consorcio público que compra energía verde y la distribuye, más barata, entre sus 660 socios. “Una parte del ahorro se transforma en una moneda local —llamada también Vilawat— que se puede usar en los comercios del municipio”, dice Jordi Mazón, teniente de alcalde. “Ahora, vamos a instalar placas en 25 instalaciones municipales, y vamos a crear tres comunidades energéticas en otros tantos edificios. Y toda la energía se va a compartir entre todos los socios”, prosigue.

Un último ejemplo es el Barrio Solar de Zaragoza, impulsado por la energética EDP, la ONG Ecodes y el ayuntamiento zaragozano. Cecilia Foronda, portavoz de Ecodes, explica la idea: “Es un proyecto de autoconsumo colectivo que busca proporcionar energía renovable, de proximidad y solidaria en un barrio. Hemos instalado placas solares en dos pabellones municipales y cualquier vecino puede inscribirse pagando seis euros al mes. Las personas vulnerables no pagan”. Además, en torno a las instalaciones fotovoltaicas se va a tratar de dinamizar el barrio e impulsar la participación social.

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