¿De quién es aval el Estado?

Toda política tiene una respuesta implícita a la pregunta de quién es aval el Estado. La extrema derecha sostiene que debe priorizarse la acumulación privada desmantelando todo lo que la regula, redistribuye o limita. En Argentina, Javier Milei llegó al poder con una motosierra como símbolo y desmanteló ministerios como acto fundacional. En Estados Unidos, Donald Trump convirtió el despido masivo de empleados federales en espectáculo mediático. El argumento es siempre el mismo: un aparato estatal pesado, ineficiente y colonizado por operadores que extraen recursos de la economía productiva. Pero lo que se presenta como una cruzada antiestatal es, en realidad, una operación de reorientación: no menos Estado, sino uno diferente, al servicio de intereses específicos.

Chile no es la excepción. Durante la campaña, el comando de José Antonio Kast tildó de “parásitos” a los funcionarios públicos y delineó su megarreforma como estrategia de desmantelamiento institucional. Ya en el Gobierno, la filtración del oficio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que sugería recortar en 15% la PGU (Pensión Garantizada Universal) y eliminar la alimentación escolar, desnudó las prioridades fiscales. La reciente Cuenta Pública intentó cerrar esa herida insistiendo en que el ajuste “no tocará beneficios sociales”. Pero la contradicción ya estaba expuesta. No se trata de menos Estado, sino de uno cuyos recursos y garantías “chorrean” hacia el poder.

La derecha liberal tiene una tradición intelectual coherente al respecto. Hayek sostuvo que el mercado procesa información dispersa que ningún planificador puede centralizar sin destruir eficiencia y libertad. Nozick afirmó que toda redistribución forzada viola derechos de propiedad legítimamente adquiridos. Rutas distintas hacia un mismo destino: seguridad y contratos. La doctrina social católica, desde la Rerum Novarum hasta la Quadragesimo Anno, ofreció una versión matizada bajo el principio de subsidiariedad. En Chile, esa síntesis fue el sustrato de los think tanks de derecha: desde la Fundación Jaime Guzmán y Libertad y Desarrollo —usinas de la ortodoxia gremialista— hasta el CEP, que operó como teatro de operaciones de la transición; o el IES, que cuestiona cómo este diseño mercantilizó los lazos comunitarios que la doctrina protegía. Con matices, defienden un Estado que financia pero no produce, regula pero no lidera.

El problema de este relato es lo que calla. El neoliberalismo no se desarrolló a pesar del Estado sino gracias a él. En Chile, su instalación requirió privatizar empresas públicas por debajo de su valor de mercado, reprimir a los sindicatos y rediseñar reglas económicas por decreto. El gran empresariado no emergió en el libre mercado: se construyó sobre concesiones, garantías estatales y captura regulatoria. No es un dato menor que empresas líderes en la bolsa —desde SQM hasta Entel, desde LAN hasta las eléctricas herederas de Endesa y Chilectra— sean “hijas del Estado” que la retórica neoliberal dice haber superado. Lejos de suprimirlo, la reforma de Kast se inscribe en esa misma lógica: un Estado que sigue avalando la acumulación empresarial antes que el bienestar colectivo.

La socialdemocracia y la izquierda democrática construyeron alternativas frente al fracaso del liberalismo de entreguerras. Polanyi advirtió en 1944 lo que Hayek celebraba: el mercado autorregulado no es espontáneo, es una construcción que destruye tejidos sociales. Gramsci añadió que el Estado expresa un bloque histórico —una alianza de clases que presenta intereses particulares como generales—, y transformarlo exige una hegemonía alternativa. En Europa, el Estado de bienestar combinó servicios públicos universales con empresas estatales estratégicas, hasta que la ofensiva neoliberal lo replegó. En América Latina, en cambio, el Estado de Compromiso apostó por la industrialización sustitutiva y la expansión de derechos, con logros reales sobre bases frágiles que no resistieron las dictaduras. La tercera vía, en los noventa, prometió combinar lo mejor del mercado y de la socialdemocracia, con un crecimiento que no llegó a todos por igual; las privatizaciones y la mercantilización de servicios públicos debilitaron los vínculos comunitarios que sostenían la cohesión social.

La tarea hoy no pasa por impugnar ese pasado con nostalgia, sino por asumir que estos modelos —capturados por sus propias burocracias, erosionados o colapsados— no son suficientes para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La pregunta relevante, entonces, no es cuánto Estado. Es a qué intereses representa. Y una respuesta democrática debe articular al menos tres ejes.

Primero, complejizar nuestra matriz productiva. Tenemos el potencial para avanzar desde una base extractiva hacia una economía de servicios calificados e innovación tecnológica, pero ese cambio no será espontáneo. La política nacional del litio demostró que el Estado puede utilizar un recurso estratégico para orientar la industrialización, capturar valor y exigir reciprocidad al empresariado. La crisis de Huachipato muestra algo distinto: cuando el mercado abandona industrias estratégicas, solo el Estado responde. Liderar un desarrollo soberano exige que invierta en innovación donde el mercado no arriesga, condicione al capital a transferencia tecnológica y empleo calificado, y socialice los beneficios de esa apuesta, que son también la base fiscal de los ejes siguientes.

Segundo, proveer servicios públicos de calidad. El CAE es el caso más elocuente de un Estado que abdica esta responsabilidad: en 2006-2024 el fisco desembolsó más de 10 billones de pesos en un sistema que lo convirtió en aval del negocio bancario y a 1,2 millones de familias en deudoras de por vida. Hoy vacía cuentas corrientes con facultades de legalidad discutida, mientras desde hace años condona cientos de millones de dólares a grandes empresas por resolución interna. Son prioridades muy precisas sobre a quién proteger. La tarea de un Estado social de derecho es que nadie quede excluido por capacidad económica, fortaleciendo lo público frente a los intermediarios financieros que extraen renta de las necesidades ciudadanas.

Tercero, profundizar la democracia mediante el diálogo social tripartito. Un Estado pionero no decide solo: construye acuerdos entre sindicatos, empresarios y sociedad civil para transformaciones de largo plazo, en materias como salarios, reconversión laboral y productividad. La democracia no se reduce al ciclo electoral: se ejerce también allí donde se distribuye el poder económico.

Estos tres ejes exigen evitar riesgos que la historia demuestra: cuando el Estado opera al servicio de la acumulación privada, sus recursos fluyen hacia los poderosos; cuando administra la economía sin contrapesos, tiende a reproducir burocracias que sirven sus propios intereses. Necesitamos un Estado que invierta en innovación y condicione al capital para diversificar nuestra economía; que garantice directamente derechos universales que el mercado distribuye de forma desigual; y que profundice una democracia allí donde se concentra y distribuye el poder. Un Estado que construye pactos con el capital y el trabajo, y rinde cuentas a la ciudadanía. Ese es el aval que Chile necesita. Y construirlo exige, también, la humildad de reconocer sus deficiencias y reformarlo en serio.