La vía gradualista al Parlamento

Al ser las fronteras étnicas construcciones sociales, las elecciones parlamentarias son un buen momento para analizar cómo sus límites –estandarizados por las normativas y políticas públicas del Estado–, son susceptibles a variaciones por sus mismos actores que la reconfiguran con el propósito de lograr una adhesión pública en ámbitos electorales u otros fines que mejoren sus condiciones para lograr una movilidad social. Según el estándar internacional, la identificación indígena es situacional, es decir, los límites que delimitan sus características no son homogéneas (la lengua, vestimenta y adscribirse a una comunidad) sino más bien depende del propio sujeto. Este aspecto es crucial para comprender el ciclo electoral inaugurado pos-estallido social.

En la nueva elección, de norte a sur, 47 candidatos a diputados y 6 senadores, que se autoidentifican como indígenas, aspiran a llegar al Parlamento. Al interior de ello, dos regiones pueden ser emblemáticas al concentrar la diversidad de corrientes políticas que se disputan la representación: las regiones de Arica y Araucanía. Ambas tienen en común ser anexadas al Estado chileno en el mismo periodo a fines del siglo XIX. Mientras la primera concentra cinco candidatos a diputados, en la segunda, sumando ambos distritos, encontramos dieciséis candidatos que se autoidentifican como indígenas.

En Arica se da una diversidad de militancias que aspiran a ser diputados, un PPD, dos Humanistas, un independiente de Renovación Nacional y un militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Mientras que, en la Araucanía, de manera similar se observa en los candidatos al distrito 22. Al interior de este, el Partido Ecologista, es representado por Raúl Huilcal y Wanglen Milla Huenumilla; el Partido Federalista Regional Verde Social, presenta a Emilia Coñumil y al dirigente social Lautaro Guanca, como independiente dentro del PFRVS. Desde el oficialismo, el ex Director de CONADI, Luis Penchuleo aspira a convertirse en el nuevo diputado mapuche dentro del Frente Amplio.

El Distrito 23 no parece distinto, Doris Blanco Llanquileo (Partido Ecologista Verde); Pamela Ñancupil Martin (Independiente – Federación Regionalista Verde Social); Ana Nicul Sabaria (Independiente – Federación Regionalista Verde Social); Hector Cumilaf Huentemil (Independiente – Federación Regionalista Verde Social); Erica Ñanco Vásquez (Frente Amplio); Francisca Sylvia Huirilef Barra (Amarillos); Hernán Gonzalo Coñoman Lepiman (PDG); Jessica Lorena Antilef Lincolao (PDG); Claudia Salas Melinao (Independiente – Evópoli); Axel González Manquein (Independiente – Demócratas Chile); Claudia Pichulman Cuadra (Partido Nacional Libertario).

Mientras que en la Región de Los Ríos, la ex candidata al primer proceso constituyente, Vanessa Huaiquimilla Pinochet (Partido Por la Democracia)) y Tabina Gabriela Manque Manque (PDG), se suman a las candidaturas del Distrito 25 en la Región de Los Lagos: Flora Colipai Pafian (Federación Regionalista Verde Social); Emilia Nuyado Ancapichun (Partido Socialista de Chile) y Juan Claudio Garcia Filun (Evópoli). Mientras que en el Distrito 26: Alex Manuel Nahuelquin Nahuelquin (PDG) y Luis Mariano Chodil Soto (PDG).

Algunos de los candidatos y candidatas, fueron constituyentes y otros se postularon a los procesos convencionales sin salir electos. Los menores, como Huenchumilla y Nuyado, sus trayectorias se relacionan a los partidos tradicionales chilenos y se ven desafiados por estas nuevas corrientes que aspiran a “renovar” la política. Ahora bien, el alto número de candidatos indígenas, no se relaciona con el crecimiento natural de la población, –la que de hecho demográficamente no ha tenido mayores variaciones luego de 1990–, sino más bien a un plano político: identificarse, evitar la regresión de los derechos indígenas (como lo vemos con la modificación de la Ley Lafkenche), posibilitar que las normativas sean acordes con los estándares internacionales y canalizar las aspiraciones del movimiento autonomista.

La nueva disputa electoral, vuelve a mostrar que la experiencia de participación en los dos procesos constituyentes, instaló en los pueblos indígenas el deseo y la posibilidad de incorporar las demandas entorno a los derechos establecidos internacionalmente. Tal vez, este sea una consecuencia inesperada de ambos procesos constituyentes: la ascendencia indígena no se sostiene tan sólo con un vínculo vivo con su comunidad tradicional, sino más bien al contexto social que abrió el estallido social, permitiendo que el sentido identitario se reafirmara y que los grupos indígenas, excluidos de las decisiones políticas –y a pesar del retroceso a la adhesión entorno a las demandas indígenas como da cuenta los estudios ELRI de CIIR– se mantuviesen.

E inclusive, que sectores de derecha, debiesen reconocer, aunque sean normas declarativas (como la segunda convención) algún grado de derechos afirmativos como lo da cuenta la segunda propuesta constitucional. En síntesis, cupos al interior de sus partidos, vuelve a demostrar que, al analizar la política desde las fronteras, el ciclo abierto con el estallido social continua estando presente, y las elecciones al interior del pueblo mapuche y en sí de los grupos indígenas, nos puede dar luces y matices, de cómo se incrementa la identificación indígena y los deseos de participar en los espacios democráticos existentes. Algo no menor: la sociedad indígena está presente en el amplio espectro de las corrientes políticas e ideológicas existentes en Chile, porque finalmente, las fronteras étnicas son construcciones sociales.