Casi 45.000 descendientes de exiliados españoles han solicitado la nacionalidad en Chile

Los consulados españoles están en el descuento para que finalicen los tres años que la Ley de Memoria Democrática otorga para facilitar el acceso a la nacionalidad española a los nietos e hijos que huyeron de la Guerra Civil y a los que se exiliaron por cuestiones políticas o económicas durante el franquismo. El plazo vence el 22 de octubre y, en Chile, al 31 de julio, la han solicitado 44.181 descendientes de exiliados en el país sudamericano, de las cuales se les ha aprobado a poco más de 36.000, según informó el pasado viernes el ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de visita en Santiago. Debido al interés, los interesados que están solicitando una cita para presentar la documentación necesaria están siendo agendados para 2026 y Torres prevé que el total de postulaciones llegue a las 60.000. En Argentina la cifra alcanza los 600.000.

La Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, promulgada en 2022, sumó a la Ley de Memoria Histórica nuevos supuestos para lograr la concesión de la nacionalidad española, con un gran impacto en América Latina, el continente hacia donde se dirigió buena parte de la diáspora en el siglo pasado. La norma incluye, por ejemplo, a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. La ley considera exiliados a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Si la salida se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, el solicitante debe acreditar con documentación adicional la condición de exiliado de sus ancestros.

En un encuentro con periodistas en la residencia de la embajadora de España en Chile, Laura Oroz, el ministro Torres destacó que el proceso de trámite de los expedientes se está resolviendo “con bastante agilidad”, pero apuntó que de las más de 36.000 solicitudes aprobadas administrativamente, 9.310 personas cuentan con el pasaporte en la mano. Los datos preliminares se darán a conocer el 31 de diciembre, pero considerando que en varios países están dando citas para el próximo año, las cifras oficiales tardarán más en publicarse. A nivel global, 876.321 personas han solicitado la nacionalidad española, de las cuales casi la mitad la tienen aprobada y 237.145 ya cuentan con pasaporte.

Una de las dudas es la continuidad de esta ley si en las elecciones presidenciales españolas cambia el color político del Gobierno, actualmente liderado por el socialista Pedro Sánchez. La Ley de Memoria Democrática no contó con el apoyo de las formaciones de derecha, el Partido Popular y VOX, y ambos han acudido al Tribunal Constitucional. “Incluso VOX ha puesto de manera específica la eliminación de esta disposición de la doble nacionalidad”, apuntó el ministro Torres. “Si derogan la ley, quienes tengan su pasaporte no pueden perderlo. Entendemos que quien ya tenga la aprobación administrativa, la salva, pero todos aquellos que no han sido entrevistados, no van a tener opción”, explicó.

Una de las principales razones de la visita a Argentina y Chile del ministro Torres, junto al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el ministro de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha sido monitorear la agilidad de los procesos. En Argentina, un país de 45 millones de habitantes, y con 600.000 solicitudes de descendientes de exiliados, el trámite está siendo más lento. En Cuba y Venezuela también se han registrado dificultades, pero que están más vinculadas a la logística de movilidad que a la alta demanda. “Hemos intentado poner oficinas móviles y es complicado”, señaló el ministro.

Una de las tareas que se llevan a España, sostuvo, es dotar de mayor personal a los consultados en la última etapa para agilizar y dar respuesta a las solicitudes oficialmente presentadas, para que obtengan una respuesta administrativa. Los cálculos preliminares indican que unas dos millones de personas van a solicitar la doble nacionalidad y que se le podrá otorgar a la mitad.