El Senado chileno aprueba a los candidatos de Boric para integrar la Corte Suprema

El Senado de Chile aprobó la tarde de este miércoles los nombramientos de las dos candidatas del presidente Gabriel Boric para integrar la Corte Suprema: Jessica González, con 42 votos a favor, y Mireya López, con 41 votos y tres en contra, todos del Partido Comunista. Además, los legisladores visaron la carta de La Moneda, Jorge Pizarro, para que se desempeñe como fiscal del máximo tribunal del país.

La votación se produce en el marco de una de las peores crisis que vive el Poder Judicial chileno desde el retorno de la democracia, luego que diputados tanto de la oposición como del oficialismo de izquierdas presentaran el 24 de septiembre acusaciones constitucionales, que podrían derivar en destituciones, de tres jueces de la Corte Suprema, a quienes se les imputa notable abandono de deberes: Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, ambos mencionados, pero en distintos grados, en la trama del caso Audios y Sergio Muñoz, por una arista distinta ligada a otra causa.

De ese complejo momento que vive la Corte Suprema habló el ministro de Justicia, Luis Cordero ante los legisladores previo a las votaciones. “Los nombres propuestos están en un contexto especialmente relevante para el Poder Judicial, para el sistema institucional chileno y para el funcionamiento de pesos y contrapesos y separación de poderes en Chile”, señaló. “La votación de hoy no es pura y simplemente la nominación de tres candidatos, de tres jueces y juezas de impecable trayectoria judicial, es también una señal, por parte del Ejecutivo y de este Senado, al normal funcionamiento del sistema judicial”.

Cordero también mencionó que los tres candidatos “tienen más de 30 años de carrera judicial: el juez Pizarro tiene 35 años; la ministra González 32 años; y la ministra López tiene 30 años en el Poder Judicial. Toda una vida dedicada exclusivamente a sus carreras judiciales impecables”.

Jessica González es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. En el año 2011 fue nombrada para investigar al sacerdote católico Fernando Karadima, que abusó sexualmente de feligreses.

Mireya López también se ha desempeñado como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el año 2012 y ha tenido una carrera docente en instituciones como la Academia Judicial, la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Talca. El nuevo fiscal de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, ha sido juez de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt desde 2013 y ha ejercido su presidencia por tres períodos.

Cambio al sistema de nombramientos

Tras el caso Audios el sistema de nombramientos del Poder Judicial ha sido puesto en el banquillo y el Gobierno de Boric prepara una propuesta para reformarlo que se entregará durante octubre. El mecanismo actual rige desde 1997 y viene de una reforma que realizó el expresidente democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) e implicó varios cambios, como subir el número de integrantes de 17 a 21 y sumar, entre ellos, la incorporación de cinco abogados externos sin carrera judicial. Precisamente, en esos cupos entraron Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, dos de los jueces enfrentaan una acusación constitucional.

El mecanismo requiere de la participación de los tres poderes del Estado: primero la Suprema elabora una quina, que selecciona entre postulantes que envían sus antecedentes y hacen una presentación pública de diez minutos ante el pleno de la Corte Suprema. Luego, de esas propuestas el presidente de la República elige un nombre, que debe ser ratificado en el Senado por alto un quórum: dos tercios.

Tanto la Corte Suprema como la Asociación de Magistrados han criticado por años el sistema. Tras el caso de Hermosilla, el pleno admitió que “podría permitir algunos espacios de opacidad”.

La propuesta del Gobierno de Boric recogerá parte de los planteamientos de la Suprema en el sentido de separar las dos funciones hoy tiene: la jurisdiccional (ver causas y fallar) y las tareas administrativas, entre ellas, tener a cargo los nombramientos. La crítica de los otros escalafones de jueces es que sus superiores, es decir, quienes revisan sus sentencias, son los mismos que los promueven.

Así, el proyecto avanza hacia la creación de un nuevo órgano autónomo que se encargue de las designaciones y que pueda enfocarse en las carreras de los candidatos dentro del Poder Judicial y no en su conocimiento personal, pues los operadores suelen actuar en las sombras para hacerlos conocidos y conseguir votos.

La duda que existe es si el Senado seguirá cumpliendo un papel en las designaciones de la Corte Suprema.