Homicidios de niños en Chile: casi un 40% muere a manos de conocidos y un 38,5% en un contexto delictual

Verónica Silva Villalobos (Santiago, 64 años), subsecretaria de la Niñez del Gobierno del presidente de izquierdas Gabriel Boric, sostiene entre sus manos gráficos e informes para explicar un fenómeno que mantiene en alerta al país sudamericano: la escalada de homicidios de menores. “Si uno analiza cada uno de los casos detecta que casi el 90% estuvo en vida en uno o más lugares donde se topó con el Estado. No se puede decir que nunca se les vio”, dice a EL PAÍS desde su despacho en el centro de Santiago.

Si bien, muchas de estas víctimas pasaron por un colegio, recibieron atención en el sistema de salud, formaron parte de programas estatales y en algunas ocasiones sus padres tenían registros en Gendarmería, el servicio de prisiones estatal, nadie evitó su dramático desenlace. Y esto es lo que inquieta a Silva, quien, junto con su equipo de trabajo, evalúan cómo hacer un seguimiento más riguroso de estos casos. Para ello, además, han analizado durante meses por qué, mientras los homicidios en Chile en general quebraron su creciente aumento –un 6,0% en la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes respecto de 2022–, los cometidos en contra de menores siguieron en una curva ascendente ese mismo en 2023, al punto de registrarse 66 casos, la mayor cifra anual desde 2018.

Sin embargo, el salto más significativo de estas muertes sucedió en 2022, reportándose en promedio de un caso cada semana. Ese año, que destaca por una reapertura económica tras superarse los peores momentos de la pandemia, también se elevaron los homicidios en toda la población.

Los análisis de la subsecretaría de la Niñez señalan que de los 283 menores víctimas de homicidios entre 2018 y 2023, al menos un 39,3% ha muerto en un contexto interpersonal, lo que significa que su victimario fue una persona conocida para ellos. En tanto, otro 38,5% ha fallecido en medio de un escenario delictual; es decir, que estaban presentes cuando ha ocurrido una balacera o en un sitio en el que se estaba cometiendo algún delito, en su mayoría con armas de fuego. “Esto no quiere decir que el niño o el adolescente asesinado era quien estaba perpetrando el delito, sino que su muerte se ha producido en esta situación”, aclara la subsecretaria.

Un 16,9% restante ha ocurrido en otros entornos, donde no se ha encontrado una causa aparente como, por ejemplo, el hallazgo de un cuerpo donde no se identifica la participación de terceros. Pero uno de las causas que está generando mayor preocupación en Chile son las muertes de menores provocadas por armas de fuego. Sólo en julio se contabilizaron cinco asesinatos de niños y adolescentes debido a impactos de balas en la Región Metropolitana de Santiago –cuatro de ellos acribillados en una plaza de la comuna de Quilicura–, lo que ha generado conmoción en el país y representaron el 12,2% de todos los casos registrados a lo largo de 2023. “No queremos una nueva conmoción para quebrar la curva de ascenso de homicidios de niños y adolescentes”, explica Silva.

El círculo familiar

Cerca de un 21,6% de las muertes producidas en un contexto interpersonal tienen como victimario a alguien perteneciente a su círculo familiar. Este es un fenómeno que está repleto de múltiples aristas, señala Silva. Recuerda el asesinato con violación de Ámbar Cornejo, de 16 años, ocurrido en 2020, y cuyos autores fueron su madre, Denisse Llanos y su pareja, Hugo Bustamante, quien tenía un amplio prontuario policial, incluidos otros cuatro homicidios (hoy cumple presidio perpetuo). Ámbar, precisamente, estuvo en manos del Estado desde niña: pasó por el ahora exServicio Nacional de Menores (Sename) y también por los tribunales de familia.

Según el análisis de la subsecretaría de la Niñez, los más vulnerables cuando se produce violencia en un contexto dentro de los hogares suelen ser los niños menores de cinco años y aún más aquellos que no superan los doce meses de edad. “La violencia intrafamiliar es una cifra que está en escalada desde hace años, y no podemos seguir pasando por un lado sin hacer nada, ignorando esta realidad”, precisa.

La subsecretaria refiere que, en casos como estos, la solución no sólo pasa por un refuerzo policial en las calles para combatir especialmente al crimen organizado –el cual valora como medida de seguridad nacional–, sino que también se necesitan políticas integrales para la prevención que, incluso, aborden la salud mental de los padres y representantes, la profundización en el seguimiento del Estado y otras instituciones de las familias con antecedentes de violencia, entre otros aspectos.

En ese sentido, el Gobierno ha lanzado el 8 de agosto una nueva política nacional destinada a la niñez y adolescencia. Este documento, que busca reconocer el desarrollo de los menores en todos los aspectos de su vida y que fue realizado gracias a un trabajo interministerial, tiene un plan de acción hasta el año 2032 –el primero constituido por mandato de una ley– que quiere proteger a los menores a través de cuatro ejes de derecho: supervivencia, desarrollo, protección y participación, y aumento y mejoras de las condiciones político-institucionales. Entre los problemas que se quieren solucionar con esta política está la violencia en contra de los menores que, en ocasiones, puede derivar en su muerte. Para Silva, una de las impulsoras de esta política, esta puede ser una de las medidas que finalmente logre romper el ascenso de los crímenes contra menores en Chile.

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