El caso Isabel Amor: anatomía de un escándalo

Por estos días, el Gobierno chileno está viviendo un escándalo enteramente innecesario. Pero el escándalo está allí, y el tema que lo motiva es muy interesante, además de inquietante.

Hace un puñado de días, se dio a conocer el resultado de un concurso público para el cargo de directora regional del Servicio de la Mujer, el que recayó en Isabel Amor. Quien ganó este concurso es una reconocida activista de derechos humanos, quien fue directora de la Fundación Iguales (que brega por el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales), y enseguida encabezó una dirección regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Ni más ni menos.

Pues bien, tras haber ganado el concurso un día viernes, Isabel Amor pierde la confianza en tan solo 48 horas: ¿Qué habrá podido ocurrir entre un viernes y un domingo para perder la confianza de la titular de un servicio? ¿Cómo explicar lo sucedido, lo que se ha transformado en un escándalo político de grandes proporciones?

Isabel Amor es hija de un médico que fue condenado por encubrimiento de torturas en contra de detenidos en el Estadio Nacional, a partir del día siguiente del golpe de Estado. En una entrevista de ‘doble interfaz’, una publicada y otra que circula privadamente en calidad de borrador, Isabel Amor opina sobre el caso de su padre, y en la versión ‘borrador’ (es decir, no publicada) dice creerle a su padre cuando este niega las acusaciones por las cuales fue condenado.

A partir de allí, se desata una tormenta de dimes y diretes: mientras la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, instruye la remoción de Isabel Amor por pérdida de confianza, innumerables voces (incluida la mía) defienden a Amor por haber sido objeto de una remoción arbitraria (aunque legal): la afectada alega que su remoción tras 48 horas de haber asumido el cargo se explica por haber sido hija de un torturador, o cómplice de quienes ante su vista degradaron cuerpos. El testimonio de Luis Corvalán Castillo, hijo de Luis Corvalán Leppe (quien fuese secretario general del Partido Comunista de Chile) es completamente cierto: hubo un médico presente en sus sesiones de tortura. No tengo dudas que ese médico fue el padre de Isabel Amor.

¿Es reprochable que una hija de torturador, o mejor dicho de un médico que encubrió torturas, sostenga que cree en la inocencia de su padre y al mismo tiempo bregue por la defensa de los derechos humanos? ¿Qué estatus debemos concederle a un ‘borrador’ de entrevista en la que se dice lo que aquí estoy relatando, en donde no se expresa que se está desconociendo la validez del fallo y aun menos relativizando el valor universal de los derechos humanos? Qué importa más: ¿la opinión publicada o lo que pudo ser expresado en un borrador de entrevista que nunca fue publicada? Si una opinión no fue publicada, pero sí se conoce su existencia en la forma de un borrador, lo que está contenido en ese borrador no puede aspirar a tener el mismo estatus que una opinión publicada: aquí está en juego la validez del registro de publicidad de las opiniones.

Una parte del periodismo chileno ha errado gravemente en su función: se ha aferrado, y apasionado por una expresión contenida en un borrador de entrevista, y nunca se ha hecho la pregunta de si, en verdad, la opinión en borrador tiene el mismo estatus que una opinión debida y deliberadamente expresada para fines públicos. Me parece que esta omisión profesional es grave: es inaceptable tratar, en un mismo nivel de veracidad, opiniones que pudieron ser profesadas sin ser publicadas, tomar estas opiniones como si hubiesen sido publicadas y además interpretarlas como si fuesen una expresión de negacionismo. Este término ha sido manoseado hasta el cansancio, amalgamando todo tipo de cosas, lo que en parte explica el grave retroceso en materia de reconocimiento de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que se apreció en las conmemoraciones del 50 aniversario del golpe de Estado en 2023, acompañado por un sorprendente ímpetu revisionista.

Me parece que lo esencial se juega en el soporte de la opinión, y solo en segundo término en el contenido de la entrevista.

Supongamos que el borrador fue publicado (lo que ya no sería un borrador, sino una entrevista). No veo nada chocante en que una hija de violador de derechos humanos diga que le crea en su enunciación de inocencia. Suponiendo que esa opinión fue publicada, ¿es aceptable que una autoridad pública la emita? ¿Hay allí un desconocimiento de un fallo a firme? Agreguemos un elemento subjetivo: ¿participa de la remoción, por instrucción ministerial, el acercamiento parental entre Isabel Amor y su padre?

Todo esto huele mal y muy mal.

No veo razones, ni menos buenas razones, en una remoción que de pulcra no tiene nada.

Lo bueno, supongo, es que, enfrentados al escándalo, todo el mundo (incluyendo a la derecha) se muestra horrorizado ante un caso de derechos humanos y sus efectos colaterales.

En esto, la derecha chilena lo ha hecho muy mal: al horrorizarse por el escándalo, los representantes parlamentarios de todas las derechas han desfigurado el caso. Al intervenir y exigir cuantas cosas se le pasan por la cabeza, las derechas lo politizaron, apostando a la amnesia sobre su propia responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile.

Rompamos el mito: por muy terrible que suene el caso Amor, no todos resienten las violaciones a los derechos humanos como algo actual y, en la cumbre de la inmoralidad, tampoco como que hayan ocurrido.

La izquierda frenteamplista (enfrentada al silencio comunista) no ha reparado en todas las aristas de este caso, y no se ha preguntado si hay algo de injusticia en la decisión impulsada por la ministra Antonia Orellana.

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