La justicia chilena ordena la prisión preventiva para Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual de dos menores

El tribunal oral de San Fernando ha resuelto este viernes revocar el arresto domiciliario a Eduardo Macaya Zentilli, condenado el 19 de julio por abuso sexual de dos menores de edad, y ha ordenado su ingreso a la cárcel de Rancagua, una ciudad ubicada en la Región de O´Higgins, a unos 140 kilómetros de Santiago, por considerar que existía riesgo de fuga.

Macaya Zentilli, empresario agrícola de 72 años, y padre del senador de la UDI Javier Macaya, partido de la derecha tradicional chileno, se encontraba desde de la tarde de este lunes con arresto domiciliario en su casa en la Región de O´Higgins, tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, tribunal al que recurrió su defensa. Según esa resolución, podía cumplir esa medida cautelar hasta que la sentencia no estuviera ejecutoriada, es decir, cuando se agoten los recursos pendientes.

Sin embargo, una de las partes querellantes, el programa estatal Mi Abogado, que representa a las dos menores de edad que fueron víctimas de los abusos según la sentencia unánime de los jueces, emitida el 19 de julio, pidió que se revisara su arresto domiciliario, lo que se ha resuelto este viernes.

Macaya, tras la sentencia condenatoria, alcanzó a estar entre el viernes 19 y el lunes 22 de julio en la cárcel de Rancagua, hasta que se le concedió el arresto domiciliario. Esa breve estadía en el penal provocó controversias, y Gendarmería, el servicio de prisiones, abrió un sumario interno para indagar, tras una publicación del diario El Mostrador, si tuvo beneficios distintos a los de otros internos, pues estuvo el fin de semana en la enfermería del penal, supuestamente, para ser evaluado antes de ser ingresado a un módulo.

Según la resolución de los jueces, “la referida estadía en el centro hospitalario, si bien puede ser necesaria, es excepcional y por tanto debe tener existir una justificación precisa y suficiente, sobre todos si se considera que se da en el ámbito penitenciario caracterizado por su rigurosa reglamentación”. Sin embargo, agregaron, que al no justifcarse esa estadía ”se puede advertir la posibilidad de vulneración de las normas del régimen penitenciario, caracterizado por ser estricto y de aplicación restringida”.

El fallo añade que “la situación descrita debe ser ponderada en forma estricta desde la perspectiva del peligro de fuga, y es por ello que la obtención de un trato diferenciado, no justificado objetivamente, al interior del organismo encargado de la custodia penal, aumenta el peligro de fuga, sobre todo si se considera el actual régimen de arresto domiciliario, pues el control de este no es permanente”.

Recurso de nulidad

Ahora, tras la resolución del tribunal oral de San Fernando, Macaya Zentilli deberá esperar, privado de libertad en la cárcel de Rancagua, hasta que su sentencia quede ejecutoriada. El abogado que lo representa, Sergio Salas, presentará un recurso de nulidad –plazo vence el próximo lunes – en el que intentará anular o modificar la condena.

En el caso del recurso de nulidad, éste puede ser resuelto por la Corte de Apelaciones de Rancagua o por la Corte Suprema. Y si bien la primera función, por su naturaleza, es anular el juicio de Macaya Zentilli –se le condenó por abusos sexuales a dos víctimas y se lo absolvió de delitos en contra de otras dos menores de edad–, también podría derivar en otros tres escenarios: que se modifique una parte de la sentencia; que se anule parcialmente el juicio o que se rechace la presentación de la defensa. En este caso, Macaya Zentilli tendrá que ingresar a cumplir los seis años de cárcel.

La tramitación del recurso podría durar al menos un mes, desde su ingreso a la vista de la causa, que tendrá alegatos de la defensa y los querellantes, entre ellos el abogado Hernán Fernández, quien representa a una de las víctimas. En paralelo, la Defensoría de la Niñez, un organismo estatal que representa a las víctimas, anunció la presentación de una queja ante de la Corte Suprema chilena en contra de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua que revocaron la prisión preventiva del empresario agrícola y ordenaron su arresto domiciliario.

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