La historia se repite dos veces

A medida que se acerca inexorablemente la fecha del segundo plebiscito de salida para aprobar o rechazar una nueva Constitución en Chile, el 17 de diciembre de este año, las chilenas y los chilenos estamos viviendo una suerte de déjà vu, esa sensación inefable de estar viviendo aparentemente por primera vez una situación que, en realidad, ya había ocurrido anteriormente. Lo sorprendente es que nos encontramos en presencia de un déjà vu de una inmensa escala, ya que no es un chileno, ni tampoco un puñado de chilenas quienes están experimentado esta sensación: es todo un pueblo, cuyos integrantes se encuentran desigualmente expuestos a los pros y los contras de aprobar una nueva Carta Magna (no todo el mundo está idénticamente interesado ni sigue con similar frecuencia los debates para capturar las preferencias constitucionales, sean estas positivas o negativas), encontrándose enfrentados por igual a una historia que se repite dos veces, en dos dimensiones.

La primera dimensión es la repetición de acusaciones hacia las fuerzas que están por votar en contra (todas las izquierdas y, en menor medida, nueve parlamentarios de derecha, arrastrando, según las encuestas, entre un 20% y un 30% del electorado que se posiciona en ese lado del eje), bajo el cargo de mentir, distorsionar o caricaturizar el contenido del texto que será plebiscitado

¿Cómo no verlo? Se trata de las mismas acusaciones proferidas durante la campaña que condujo al primer plebiscito de salida (4 de septiembre de 2022), en ese caso por la derecha que llamaba a rechazar. Si en ambos casos hubo una simétrica actitud acusatoria por el engaño proferido, resulta evidente que el denominador común, además del supuesto ánimo de distorsionar el contenido de la nueva Constitución, es la dificultad para comunicar lo que contiene realmente la nueva Constitución. Así las cosas, la experiencia chilena arrojará muchas enseñanzas sobre la viabilidad de las asambleas constituyentes que concluyen con algún tipo de referéndum o plebiscito ratificatorio.

No es una casualidad si, por el lado del Apruebo en ambos plebiscitos, lo que se dibujaba era un Chile mágicamente distinto, en un caso conformado por un centenar de derechos sociales que prefiguraban la liberación de ataduras muy antiguas, y en el otro por una forma de ilusionismo constitucional en el que la nueva Constitución garantizaba seguridad, combate a la inmigración y la delincuencia, y tantas otras cosas de la misma raigambre. Los especialistas en comunicación política dispondrán de un material rico en imágenes y representaciones para analizar ambas campañas plebiscitarias, parecidas –aunque más potentes por tratarse de una Constitución– a las promesas de un programa de Gobierno difundidas durante una campaña electoral en tiempos de política normal. Cuando conozcamos los resultados de este segundo plebiscito y necesitemos explicarlos, lo que dominará es la explicación por el engaño.

La segunda dimensión en la que el Apruebo de septiembre de 2022 y de diciembre de 2023 se parecen es en la ideologización y politización de la campaña que fueron inducidas por sus partidarios, en la más completa indiferencia por lo que está realmente proponiendo el nuevo texto constitucional. Si en 2022 el Gobierno ató, fatalmente, su destino a la aprobación de una nueva Constitución (derrumbando el diseño ingenuo del Gabinete con el que el presidente Gabriel Boric inició su mandato), la oposición de hoy amarra de modo desenfadado el destino del Apruebo una vez más al Gobierno, apostando a que su mediocre popularidad debilite el voto rechazo, así como su flojera en informar lo que se encuentra en juego.

La senadora Ximena Rincón lo dijo sin ambages: “Más que estancamiento [del voto Apruebo], tenemos que preocuparnos de que la ciudadanía reconozca que el En contra es la postura del Gobierno. Cuando eso pase, la gente entenderá que tiene que hacer un giro”. A través de esta búsqueda de un vínculo entre el Gobierno y el voto rechazo, lo que se pretende es resaltar la lentitud del Poder Ejecutivo en informar y distribuir el texto (como si el electorado tomara su decisión de votar una vez leída y, aun más, analizada la propuesta constitucional, lo que significaría que en periodos de política normal el pueblo vota habiendo leído y consumido todos los programas de Gobierno en competencia): cuando conozcamos los resultados del plebiscito, imperará una segunda explicación, la de los brazos caídos.

Es en estos dos sentidos que la historia se está repitiendo dos veces, en donde la racionalidad de la repetición fue muy bien expuesta y explicada por Ezequiel González-Ocantos y Carlos Meléndez mediante un sofisticado análisis que fuese publicado hace poco en la revista Comparative Politics. En este artículo, los autores explican que los que aprobaron en septiembre de 2022 lo hicieron por razones de primer orden (esto es por motivos derivados de la propuesta de nueva Constitución), mientras que los que lo rechazaron lo hicieron por razones de segundo orden (aversión al Gobierno de Boric, descontento con el manejo de la inflación, etcétera), es decir, por razones completamente ajenas a lo que contenía la nueva Carta Magna.

Pues bien, todo indica que algo muy parecido ocurrirá en el inminente plebiscito de salida, en el que también predominarán razones de segundo orden (en este caso, aversión al liderazgo del líder de la extrema derecha de Republicanos José Antonio Kast, además por temor de las mujeres a las normas del texto a plebiscitar que las afectan, en este caso una razón de primer orden).

Pero hay algo más profundo que se encuentra en juego en este plebiscito. Hace pocas semanas atrás, tuvo lugar en Bruselas la Conferencia Global Select sobre Elecciones Pacíficas e Inclusivas en la Era Digital, organizada por el PNUD. En esta conferencia, en la que tuve la oportunidad de participar, se reunieron un centenar de miembros de organismos regulatorios de las elecciones en distintos países del mundo, académicos y representantes de las principales plataformas mundiales (por ejemplo, Meta). Las presentaciones fueron sumamente interesantes, y los debates fascinantes. En el futuro que se nos viene encima, y que en alguna medida ya se encuentra presente entre nosotros, el establecimiento de la verdad de lo que se encuentra en juego en la competencia democrática es el verdadero tema del futuro.

Estrictamente hablando, no es un tema completamente nuevo, como bien lo recuerda Sophia Rosenfeld en su libro Democracy and Truth: A Short History, ya que con la irrupción de la imprenta y la prensa escrita se planteó el mismo problema. La diferencia, hoy, es un asunto de escala debido al poder de las tecnologías de comunicación digital, pero también de temporalidad, ya que si el establecimiento de la verdad (o la demostración de su antónimo) podía tomar semanas y meses, en el presente esto puede jugarse en días y hasta en horas (y eventualmente, no resolverse nunca).

La profundidad del problema es alucinante, especialmente cuando lo que se encuentra en juego no es solo la elección de un Presidente o de un Primer Ministro, sino las propias reglas del juego y los contenidos doctrinarios de una Constitución. Pero se encuentra también involucrada una gran complejidad, que la observación no adiestrada no logra discernir completamente. No es lo mismo una noticia falsa (enteramente inventada, de punta a cabo, aunque en formas verosímiles) que la información errónea (eso que en inglés se le conoce como misinformation), la que a su vez se distingue de la desinformación (disinformation): en español no disponemos de la claridad de lo que separa, en inglés, lo que es propio de la misinformation de lo que es inherente de la disinformation), lo cual ya nos habla de la complejidad del problema involucrado.

Pues bien, los órganos regulatorios de las elecciones se encuentran en medio de una gran neblina para establecer la verdad electoral: todo conspira para que esa verdad no emerja fácilmente de las urnas, desde la creciente hostilidad política hacia los órganos regulatorios (es cosa de consultar la situación en la que se encuentran el ONPE peruano y el INE mexicano, y no pocos organismo equivalentes en los países del norte desarrollado), hasta la conclusión de que no estamos solo en presencia de una dificultad para consagrar la mayoría electoral tan evidente para la teoría democrática. Entre una y otra cosa se ha introducido la interrogante sobre la calidad de la información que conduce a la verdad electoral. ¿Qué hacer cuando esa información no solo es imperfecta, sino que es deliberadamente deformada y hasta anulada por quienes compiten en elecciones? No tenemos respuestas: en ese sentido, lo que probablemente serán dos plebiscitos fallidos en Chile sobre un asunto en el que el contenido y la información sobre lo que se encuentra en juego es esencial, podremos recoger lecciones. Pero soluciones a la vista no hay.