El Gobierno de Boric intenta asegurar el timón pese al contundente triunfo de la derecha

Los resultados de las elecciones del domingo en Chile han dejado al Gobierno de Gabriel Boric nuevamente contra las cuerdas. Hace ocho meses, en septiembre pasado, el rechazo contundente por un 62% a una propuesta de nueva Constitución representó una gran derrota para la Administración de izquierdas, que había apostado por un texto que cambiaba profundamente la institucionalidad chilena. En esta ocasión, la derrota en las elecciones del Consejo Constitucional que redactará una nueva propuesta de Ley Fundamental no tomó a La Moneda por sorpresa, aunque la magnitud del avance del Partido Republicano, de la extrema derecha, no era esperada. La fuerza nacida en 2019 se convirtió en el principal partido de Chile, con casi 3,5 millones de votos, lo que representa el 35% de una elección con alta participación (85%). Con 23 escaños, casi la mitad del órgano (de un total de 51), queda en una posición holgada para liderar las conversaciones constitucionales, aunque el Partido Republicano nunca ha sido partidario de cambiar el texto redactado en 1980, en la dictadura de Augusto Pinochet.

Lo que realmente preocupa en el Gobierno de Boric, sin embargo, apunta a la complejización de las conversaciones en el Parlamento, donde esta Administración tiene menos de tres años para aprobar una serie de reformas de gran importancia, como la tributaria y la de pensiones. El Partido Republicano le ha sacado por primera vez una amplia ventaja a la derecha tradicional –compuesta por los partidos UDI, RN y Evópoli–, que alcanzó un 21% y 11 consejeros (menos de la mitad). Era el escenario que querían evitar en La Moneda, que no solo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, sino que a la alta fragmentación del Poder Legislativo (existen 21 partidos entre los diputados y una gran cantidad de independientes que fueron electos por determinadas fuerzas políticas, pero que renunciaron con el pasar de los meses). El endurecimiento de las posturas de la derecha tradicional, producto del liderazgo de los republicanos, representa un nuevo obstáculo para la tramitación de leyes de suma relevancia para la Administración de Boric, a la que le quedan dos años y 10 meses de gestión.

En noviembre pasado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguraba en una entrevista con EL PAÍS: “Hay cosas que este Gobierno va a lograr y que lo van a dejar muy bien parado en la historia” y hablaba de una reforma tributaria sustantiva, una reforma a las pensiones y de una nueva Constitución. “Va a lograr mucho más que eso, pero si solo lograra estas tres cosas, sería de los gobiernos más realizadores que ha tenido Chile”, comentaba Tohá, que entró al Ejecutivo justamente tras el fiasco del proceso constituyente anterior. Luego de septiembre, el Ejecutivo chileno realizó una gran moderación de sus expectativas, se comenzó a hablar una y otra vez de diálogo y los propios ministros se mostraron abiertos a una mayor negociación. Ana Lya Uriarte, que era la ministra socialista que hasta hace algunas semanas llevaba las relaciones con el Congreso –fue reemplazada por una enfermedad de larga recuperación–, aseguraba a este periódico que los diálogos en el Congreso avanzaban “con mucha fuerza, pero también con capacidad de diálogo y apertura a una deliberación democrática”. “Buscamos fórmulas que nos permitan cumplir con los objetivos que nos hemos planteado, pero acogiendo miradas, planteamientos y puntos de vista distintos”, decía Uriarte en enero pasado.

Pero el escenario se ha complicado nuevamente para el Gobierno por el tsunami republicano y la amenaza del endurecimiento de las posturas de la derecha tradicional en el Congreso, un órgano muy sensible a los nuevos escenarios. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, uno de los rostros históricos de la UDI, de la derecha clásica, aseguró ayer que “los efectos políticos son inevitables”. “Más allá de que fue una elección de constituyentes, obviamente tiene un efecto político, porque se trata de una manifestación muy clara de voluntad”, aseguró Coloma, que defiende que la agenda legislativa del Gobierno se concentre en derrotar la inseguridad ciudadana y en el empleo y crecimiento económico. Interlocutor clave de La Moneda en el Parlamento, el senador no nombró ni la reforma tributaria ni de pensiones, que han tenido un largo y complejo debate.

El 28% que obtuvo la lista oficialista en las elecciones del domingo, que le permitirá tener 16 consejeros –con lo que no alcanza los 21 que le permitían el poder de veto dentro del Consejo Constitucional–, dificulta empujar dentro asuntos relevantes para la izquierda chilena, como la consolidación de un Estado social y que derechos como la educación y la salud estén consagrados y garantizados constitucionalmente, no de forma predominante en manos del mercado.

Es el segundo aspecto que preocupa al Gobierno de Boric, al margen de las reformas en curso que busca llevar adelante antes de que se acabe el mandato en marzo de 2026. El presidente ha defendido la necesidad de una nueva Constitución para Chile que supere a la de 1980 escrita en la dictadura de Augusto Pinochet –se ha repetido incansablemente que el objetivo apunta a contar con una nueva Ley Fundamental al finalizar el Gobierno–, pero podría tratarse de un texto conservador y con mayores trabas que el actual. En esa circunstancia, ¿defenderá el mandatario una propuesta que ni se acercaría a lo que la izquierda soñaba en 2019 o, por el contrario, llamaría a rechazarla en el plebiscito de diciembre? Incluso antes del contundente triunfo de la derecha extrema, algunos intelectuales y grupos políticos de izquierda intentaron desembarcarse de este segundo intento constituyente.

El miércoles se realizará un cónclave oficialista en la residencia presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, con la presencia de todos los presidentes de los partidos que respaldan al Gobierno. Si bien públicamente el Ejecutivo de Boric ha señalado que no se torcerá el rumbo, como dijo la portavoz Camila Vallejo a EL PAÍS, el batacazo ha sido tan grande que resulta impensable que no tenga consecuencias en La Moneda.