La justicia chilena anula un juicio por violación que fue símbolo de la lucha feminista

El Tribunal Supremo de Chile ha ordenado este jueves la anulación del juicio contra Martín Pradenas, de 30 años, quien el pasado agosto fue sentenciado a 20 años de cárcel por siete delitos sexuales cometidos a seis víctimas entre 2010 y 2019. El caso arrancó con la denuncia de violación a Antonia Barra, cuando ella tenía 21 años. La joven se suicidó tres semanas después de la agresión, conmocionando al país y movilizando a las feministas en busca de justicia. El máximo tribunal ha acogido esta mañana el recurso de nulidad presentado por la defensa de Pradenas, que acusó falta de imparcialidad por parte de uno de los jueces. El Supremo ha ordenado realizar un nuevo juicio y que el imputado continúe en prisión preventiva.

“La Corte Suprema acoge, por mayoría, el recurso de nulidad por considerar que hubo falta de imparcialidad de uno de los jueces debido a comentarios sobre el caso en sus redes sociales”, ha informado el Poder Judicial. El juez en cuestión es Leonel Torres, quien compartió mensajes de sus seguidores en su canal de YouTube Netflix Jurídico que se referían a Pradenas como “violador” o “maldito violador”, según los abogados del acusado, citados por La Tercera. También compartió publicaciones que “llevan incluidos el hashtag #JusticiaparaAntonia, expresión que ha sido utilizada en las redes sociales por quienes han apoyado a la víctima. “Los comentarios se realizaron mientras se desarrollaba el juicio oral, por lo que deja en posición desfavorable a una de las partes”, apuntó el Poder Judicial.

El 6 de agosto, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco (a unos 650 kilómtros al sur de Santiago) condenó a Pradenas a 20 años de cárcel efectiva por dos violación a una persona mayor de 14 años, cuatro abusos sexuales a una mayor de 14 y otro a una menor. El Tribunal Supremo ha aclarado que su decisión no cuestiona temáticas de fondo como pruebas, participación del imputado y la utilización de la perspectiva de género para resolver el caso, sino la vulneración a la garantía del “juez imparcial”, un derecho fundamental para imputados y víctimas.

El caso de Antonia Barra concitó el interés ciudadano. De acuerdo al relato del fiscal, Barra llegó el 17 de septiembre de 2019 a una discoteca de Pucón, en la sureña región de la Araucanía. En el recinto, Pradenas la acosó por horas y la convenció para salir del lugar. Entre las pruebas del Ministerio Público, un video muestra a Barra caminando con dificultad junto a Pradenas. A la mañana siguiente, la víctima llamó llorando a la amiga con la que fue a la discoteca. Le había enviado un mensaje donde se leía: “Toy violada” y que Pradenas la había encerrado, además de la ubicación donde se encontraba. Según el fiscal, cuando sus amigos fueron a buscarla, Barra se veía muy afectada y no contó lo ocurrido. El 12 de octubre le relató la agresión sexual a su exnovio, de acuerdo a los mensajes encontrados en su móvil. Al día siguiente, se despidió del chico, y a las pocas horas, se quitó la vida.

En julio de 2020, los tribunales ordenaron solo el arresto domiciliario a Pradenas, pese a las peticiones de la Fiscalía de decretar la prisión preventiva. La decisión sacó a la calle a miles de mujeres en diferentes ciudades del país. Días después de las protestas, el Ministerio Público revocó la medida cautelar y dictó la prisión preventiva por considerar que Pradenas constituía un peligro para la sociedad.

Desde entonces, Alejandro Barra, padre de la víctima, junto con organizaciones feministas, se han movilizado para que el suicidio femicida tenga persecución penal. Tras años de presión, la semana pasada se promulgó la Ley Antonia, la que establece que la persona que “con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género, cometidos por éste en contra de la víctima, cause el suicidio de una mujer, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida”.

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