El Gobierno de Boric aplica la ley de Seguridad Interior contra una huelga de camioneros en Chile

La paralización de los camioneros en Chile ha escalado en conflictividad con las horas, desde que el lunes arrancó una movilización en reclamo por mayor seguridad en las rutas y en protestas por el alza del precio de los combustibles. Aunque el Gobierno de Gabriel Boric llegó a un acuerdo con cinco de las agrupaciones, “ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras, lo que ha afectado a las personas, a la circulación y el abastecimiento en distintos puntos del país”, según describió esta tarde la vicepresidenta Carolina Tohá.

La máxima autoridad política del país, mientras el presidente Gabriel Boric se encuentra de gira en México, anunció que el Ejecutivo se querellará por la Ley de Seguridad Interior del Estado, una herramienta legal que aplica las máximas sanciones contra los declarados culpables por la Justicia. “No es aceptable, no lo vamos a tolerar”, agregó Tohá, socialista, que llegó al Gobierno a comienzos de septiembre con la principal misión de controlar la crisis de seguridad pública que enfrenta Chile y que ha puesto la delincuencia como la primera preocupación ciudadana.

El Gobierno de Boric ha presentado al menos 10 querellas por esta ley desde que se hizo el anuncio este miércoles y se registran cuatro detenidos, aunque estas cifras serán actualizadas por el ministro subrogante de Interior, Manuel Monsalve. El conflicto, sobre todo, se concentra en las regiones del norte del territorio, pero afecta a diferentes zonas. El presidente de uno de los principales gremios empresariales, Juan Sutil, de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), valoró el anuncio del Ejecutivo, mientras que las agrupaciones de supermercados informaron de las complejidades que han enfrentado: “Hemos experimentado dificultades logísticas que han alterado el normal abastecimiento a lo largo de todo el país, en particular en la zona norte”, aseguraron en un comunicado, donde se informó que la preocupación por “el abastecimiento de productos perecibles en los próximos días, de mantenerse la paralización”. Catalina Mertz, presidenta de Supermercados de Chile, informó que se han perdido alimentos perecibles por el quiebre de las cadenas de frío.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha calificado de “desproporcionadas” las exigencias de los camioneros, que, entre otros asuntos, exigen rebajar el precio de los combustibles en un 30% durante seis meses, lo que podría tener un valor de 6.500 millones de dólares para el Estado. “Dificultar la vida de todos los chilenos nos parece inadecuado y tiene los problemas de legalidad que ha estado planteado el Ministerio del Interior”, aseguró el economista, que realizó comparaciones con el valor de otras políticas públicas, como el presupuesto de la salud primaria, que cuesta al Fisco unos 3.000 millones de dólares.

Mientras, los exportadores hablan de una “crítica situación” para el embarque de fruta en Valparaíso, uno de los principales puertos chilenos, cuyo acceso se encuentra bloqueado para el tránsito de los productos que están destinados a la exportación. “Esto es grave, pues daña la imagen externa de Chile y el cumplimiento de las fechas se entrega, pero también a nuestros compradores y consumidores en los mercados externos que están esperando nuestra fruta”, ha asegurado esta tarde Iván Marambio, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex), que ejemplificó con la exportación de cerezas, un producto especialmente esperado en estas fechas por el mercado de China.

“Ayer inauguramos oficialmente la temporada de exportaciones 2022-2023 y lo hicimos con una mirada optimista, luego del difícil ejercicio anterior. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy nos deja muy preocupados, y por lo mismo, hacemos un llamado al Gobierno y a los dirigentes de los transportistas a trabajar en un acuerdo que permita retomar el normal funcionamiento de los caminos y puertos de Chile a la brevedad, porque la fruta no puede esperar”, agregó Marambio.

Hace siete meses, la anterior ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que se aplicaría la Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros que mantenían cortes parciales de ruta, aunque el Gobierno desistió en septiembre de la mayoría de las querellas presentadas en abril, informa Exante. Este jueves, la ministra Tohá se reunirá en La Moneda nuevamente con las organizaciones que han seguido movilizadas, como Fuerza del Norte, con base en la ciudad de Iquique.

El líder de esta agrupación, Cristian Sandoval, envió un mensaje a sus colegas, consigna radio ADN, donde pidió mantenerse a un costado de la carretera y facilitar el libre tránsito para los vehículos menores, a horas de un encuentro donde deberán negociar y “mostrar un acto de confianza” ante las autoridades del Ejecutivo.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.