Lamela sitúa a Aguirre en una reunión para favorecer a un proveedor del PP

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, admitió este lunes en la Audiencia Nacional que durante una reunión improvisada en 2004 con la plana mayor del Gobierno regional le “invitaron” a contratar al proveedor electoral del PP, Horacio Mercado. Aguirre y el propio Mercado estaban presentes en ese encuentro “improvisado”. Lamela, sin embargo, hizo responsables de adjudicar los contratos de publicidad investigados por Púnica a la directora de...

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, admitió este lunes en la Audiencia Nacional que durante una reunión improvisada en 2004 con la plana mayor del Gobierno regional le “invitaron” a contratar al proveedor electoral del PP, Horacio Mercado. Aguirre y el propio Mercado estaban presentes en ese encuentro “improvisado”. Lamela, sin embargo, hizo responsables de adjudicar los contratos de publicidad investigados por Púnica a la directora de comunicación de la presidenta, Isabel Gallego, y al entonces consejero Alberto López Viejo.

La declaración de Lamela como imputado ante el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, había levantado cierta expectación en las semanas previas. Su testimonio era uno de los que tienen que determinar si, como sostiene la Fiscalía, Esperanza Aguirre ordenó, consintió o al menos supo de la financiación irregular del PP madrileño. Aunque situó a la presidenta en una reunión clave, el dedo de Lamela se posó con más firmeza a la hora de distribuir las culpas sobre gente de su órbita, como Gallego y López Viejo, condenado por la Gürtel. La defensa de la política que durante una década aglutinó el poder político en Madrid es que sus principales colaboradores confabularon a sus espaldas.

La comparecencia, según cuenta uno de los presentes, arrancó con la narración de Lamela de la reunión en la que quedó claro que una de las tres empresas que debía siempre concursar para recibir contratos de publicidad debía ser la de Horacio Mercado, Over Marketing. Lamela aseguró que le convocaron a asistir al encuentro con solo media hora de antelación. No faltaba un alma: Aguirre, sus dos colaboradores más cercanos, Francisco Granados e Ignacio González, además de Gallego y López Viejo. Ahí se habría acordado destinar un 1% de las obras de cada hospital en construcción a publicidad, un dinero que fue a parar en parte a la caja del partido para financiar las campañas electorales, de acuerdo con los investigadores.

De lo que allí se habló, según Lamela, es de utilizar un logo que había diseñado la empresa de Mercado en la imagen de todas las consejerías. Con el empresario delante en una reunión que se celebró en Sol, la sede del Gobierno regional, se transmitió la idea de que había que "invitar" a su empresa a hacerse con el contrato público. Lamela sostuvo que esto fue una sugerencia, o así lo interpretó él, porque en sus 20 años de vida pública "nadie" le había dicho que adjudicara nada a nadie en concreto. "Y si lo hubiera dicho, lo habría echado de mi despacho", dijo.

Más tarde, Lamela, que llegó al tribunal con una corbata roja, un trolley de viaje en una mano y un maletín en la otra, juró no haber ideado la cláusula del 1%: "Es arriesgado y surrealista que me hagan ideólogo de esa cláusula", En su defensa, dijo que hizo todo lo que pudo y se rodeó de técnicos para cumplir con la promesa electoral de abrir ocho hospitales y 50 centros de salud. Lo que suponía una inversión de 7.000 millones de euros. Por eso se ideó que el 1% del presupuesto de cada obra se destinase a informar a los ciudadanos. Ese dinero lo podrían haber destinado a publicidad directamente las empresas adjudicatarias de las obras pero se acordó que fuera la consejería la que se ocupara de distribuirlo. En este punto es donde Lamela, que aceptó responder a todas las preguntas de las partes presentes en la declaración, señala a Gallego y a López Viejo como los responsables de canalizar esas cantidades hasta las empresas de Horacio Mercado, que a su vez las desviaba al PP, de acuerdo con los investigadores. En cierto modo le devuelve la pelota a Gallego, que en una declaración anterior lo señaló a él y a otro consejero, Borja Sarasola, como los cerebros detrás de esta trama urdida para desviar fondos públicos.

El auto en el que se ha imputado a Lamela pero también a Aguirre y prácticamente a toda la plana mayor del PP de Madrid, un núcleo de poder político y económico que controló la comunidad autónoma durante 10 años e intentó dar el salto al ámbito nacional tratando de desbancar a Mariano Rajoy sin éxito, señala que la presunta caja B se nutrió con cinco millones de euros provenientes de contratos de ocho consejerías distintas. Siempre bajo la supervisión de la presidenta Esperanza Aguirre, a la que todavía nadie ha señalado directamente en ninguna declaración después de más de cinco años de investigación. 

Una hora antes de Lamela, le tocó declarar a Juan José Güemes, también consejero durante esos años. En su caso dice que ni siquiera supo de esa famosa reunión donde pudo urdirse la trama. Claro que conocía a Mercado, aseguró, pero solo como un empresario al que había contratado la Comunidad. Según uno de los presentes, destacó que ni Aguirre ni González ni Granados —la presidenta y sus dos hombres de confianza— le impusieron ningún nombre. "Ni lo habría permitido", remató.

Fue Lamela quien le contó la fórmula del 1% cuando Güemes lo sustituyó al frente de la Consejería de Sanidad, según su relato. Él licitó al frente de la institución tres contratos de hospitales, el Rey Juan Carlos de Móstoles, el de Villalba, y el de Torrejón de Ardoz, aunque ninguno con esa norma. Destacó que, cuando llegó a ese cargo, apenas había dinero en la consejería, la mayoría de los hospitales se habían inaugurado entre 2007 y 2008. Insistió en que no era amigo de Horacio Mercado aunque cuando estuvo en la Consejería de Empleo y Mujer, Mercado hacia los panfletos y los trípticos.

En medio del procés

Imputado por malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral, su declaración duró menos de una hora. Cuando acabó, sobre las 11.00, abandonó a paso ligero la Audiencia Nacional. Los alrededores estaban llenos de cámaras porque en esos momentos se estaba dando a conocer la sentencia del procés. Sus dos abogados lo protegieron de las fotos y de las preguntas de los periodistas con dos carteras de buen tamaño, como las que se traspasan los ministros con un apretón de manos. Y un turista arrastrando su maleta que en ese momento pasaba por allí se preguntaba quién era ese señor que no quería cuentas con nadie:

—Who the fuck is this guy?

Acabadas las declaraciones de dos personajes implicados en las contrataciones con Horacio Mercado, le toca el turno a Ignacio González, que hablará el jueves. Fue el sucesor de Aguirre y estuvo en la presidencia entre 2012 y 2015. La fiscalía cree que fue clave para el desvío continuado de fondos públicos desde Presidencia y la Consejería de Transportes, a través del amaño de las partidas de publicidad y a través de subvenciones a fundaciones. El viernes será el turno de Aguirre, la mano detrás de todo esto o una presidenta a la que engañaron sus más cercanos.