La juez activa la vía para llevar a Borràs al Supremo por contratos a dedo

La magistrada pide al Congreso que certifique su condición de diputada para remitir los indicios al alto tribunal

Laura Borràs, el pasado mes de julio en su despacho en la consejería. Gianluca Battista

La juez de Barcelona que investiga unos contratos irregulares en la Institución de las Letras Catalanas (ILC) durante el mandato de Laura Borràs ha iniciado los trámites para que la actual diputada de Junts per Catalunya sea citada a declarar como investigada. La magistrada ha pedido al Congreso que certifique su condición de diputada antes de elevar el caso al Tribunal Supremo, que es el órgano competente para investigar a Borràs por ser aforada.

La Mesa de la cámara baja ha respondido a la titular del juzgado de instrucción número 9 ...

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La juez de Barcelona que investiga unos contratos irregulares en la Institución de las Letras Catalanas (ILC) durante el mandato de Laura Borràs ha iniciado los trámites para que la actual diputada de Junts per Catalunya sea citada a declarar como investigada. La magistrada ha pedido al Congreso que certifique su condición de diputada antes de elevar el caso al Tribunal Supremo, que es el órgano competente para investigar a Borràs por ser aforada.

La Mesa de la cámara baja ha respondido a la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, que debe tramitar la solicitud a través del Supremo, que además cuenta con una "relación actualizada" de todos los diputados. Más allá de la burocracia, la decisión de la juez supone un primer paso hacia la imputación de Borràs por los contratos irregulares. La magistrada deberá enviar una exposición razonada al Supremo y este órgano, decidir si cita a la exconsejera de Cultura y portavoz de la formación independentista en el Congreso.

La juez investiga la adjudicación a dedo de tres trabajos digitales por parte de Borràs a un programador informático que, antes, había colaborado con ella en un máster que impartía en la Universitat de Barcelona (UB). Los trabajos de la ILC, encargados entre 2015 y 2017, ascienden a 45.500 euros. Entre otras diligencias, la magistrada ordenó a los Mossos d'Esquadra un registro en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat para buscar los expedientes de esos trabajos. La sospecha es que Borràs troceó los contratos para evitar el concurso público y adjudicarlos a su antiguo colaborador.

Borràs ha defendido hasta ahora su inocencia. Su abogado ha presentado recientemente un escrito ante la juez en el que solicita la nulidad de la causa al considerar que se trata de una investigación "prospectiva" por su condición de independentista.

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