Alcorcón venderá 2.800 aparcamientos desde un euro

Nuevo capítulo en la liquidación de la empresa municipal de la vivienda del municipio madrileño de Alcorcón. El juez de lo Mercantil que lleva el concurso de acreedores ha dictado un auto en el que obliga a los administradores a vender casi 2.800 plazas de aparcamiento y 70 locales desde un euro. El magistrado justifica esta decisión en que ya se han intentado enajenar en tres ocasiones anteriores y no se ha conseguido dada “la saturación del mercado”. El PSOE ha recurrido el auto, al entender que era gravoso para los intereses de...

Nuevo capítulo en la liquidación de la empresa municipal de la vivienda del municipio madrileño de Alcorcón. El juez de lo Mercantil que lleva el concurso de acreedores ha dictado un auto en el que obliga a los administradores a vender casi 2.800 plazas de aparcamiento y 70 locales desde un euro. El magistrado justifica esta decisión en que ya se han intentado enajenar en tres ocasiones anteriores y no se ha conseguido dada “la saturación del mercado”. El PSOE ha recurrido el auto, al entender que era gravoso para los intereses de los vecinos.

La Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa, 169.500 habitantes) entró en concurso de acreedores voluntario hace siete años, después de que el interventor municipal certificará una deuda de 333 millones de euros. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 6, Francisco Javier Vaquer Martín, ha dictado un auto en el que obliga a sacar 2.100 plazas en aparcamientos municipales y 693 en edificios del barrio del Ensanche Sur “por precio igual o superior a un euro”. Tendrán que ir libres de carga y los gastos, los tributos y los costes de transmisión serán por cuenta del comprador. El mismo sistema se adoptará para 70 locales que permanecen vacíos.

El magistrado justifica la decisión en que ya se ha intentado la venta de estas plazas en tres ocasiones anteriores. La primera, en febrero de 2017, por un precio igual o superior al 80%. La segunda, en diciembre de 2017, por un coste igual o superior a 5.000 euros. Y la tercera, el pasado enero, por una cuantía no inferior a 3.000 euros. Todas ellas resultaron “infructuosas”, ya que en conjunto se vendieron 63 plazas. En el caso de los locales sólo se pudieron enajenar 22 de los 92 que se ofertaron. El juez de lo Mercantil afirma que se está ya en la fase final del concurso de Emgiasa y que es necesaria la enajenación de estas propiedades. También justifica el bajo precio de salida en “la compleja y actual saturación del mercado de plazas de garaje en Alcorcón”, según el auto.

El PSOE, con su portavoz a la cabeza, ha recurrido el auto judicial al entender que el magistrado se ha extralimitado en su decisión. Los solicitantes de la venta, en este caso los administradores concursales, no habían pedido un precio tan bajo (un euro) en la solicitud de enajenación: “Implica un desajuste o inadecuación entre la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones”.

Daño patrimonial

Los socialistas también creen que se vulneran “los intereses del concurso y del patrimonio de todos los ciudadanos del municipio”: “No debemos olvidar que el patrimonio de la sociedad [Emgiasa] procede del Ayuntamiento y a su vez del patrimonio común de todos sus vecinos”. A ello se une que al no haber un límite en el precio de venta, unos compradores pueden adquirir los aparcamientos y los locales a precios más beneficiosos que otros. El PSOE concluye que se obvia “el interés general y del concurso simplemente por el interés de liquidar lo más rápidamente la sociedad”.

Fuentes de Ayuntamiento de Alcorcón mantuvieron que la situación que se está viviendo con Emgiasa proceden de la mala gestión de anteriores equipos de gobierno socialistas, en el que se acumularon 333 millones de euros de pasivo. También afirman que el juez ha tomado esta decisión ya que el concurso se encuentra en la última fase antes de liquidar la sociedad.

Este nuevo capítulo de la empresa municipal se suma al auto dictado por el juez por el que obligaba a los 93 beneficiarios del llamado plan Permuta a que compraran los pisos que les había cedido Emgiasa o a que lo abandonaran para que pudieran ser vendidos. Los mayores se han negado dado que tienen un contrato vitalicio de usufructo.