El hundimiento de la macrocausa contra la corrupción policial

El caso Macedonia es como un recuerdo borroso, casi una anécdota, comparado con los nuevos frentes judiciales que atenazan a los Mossos por el procés.Pero cuando en 2011 el juez Joaquín Aguirre firmó un auto acusando de omisión de perseguir delitos, ocultación de documentos a la autoridad judicial, revelación de secretos, falsedad documental, encubrimiento o, en su caso, tráfico de drogas a investigadores de la policía catalana, el escándalo amenazó con destruir la carrera de los implicados y el prestigio de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos, que entonces lider...

El caso Macedonia es como un recuerdo borroso, casi una anécdota, comparado con los nuevos frentes judiciales que atenazan a los Mossos por el procés.Pero cuando en 2011 el juez Joaquín Aguirre firmó un auto acusando de omisión de perseguir delitos, ocultación de documentos a la autoridad judicial, revelación de secretos, falsedad documental, encubrimiento o, en su caso, tráfico de drogas a investigadores de la policía catalana, el escándalo amenazó con destruir la carrera de los implicados y el prestigio de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos, que entonces lideraba Josep Lluís Trapero. Seis mossos han permanecido imputados ocho años por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona en lo que parecía el mayor caso de corrupción en la policía catalana. En febrero, el juez, solo en la causa, se vio obligado a sobreseerla.

El primer año, la presión sobre los investigadores fue creciendo y culminó con la entrada del juez Aguirre en la sede central de Mossos en julio de 2012 buscando el original de unas escuchas telefónicas que creía que le escondían. Todo, sostenía, para encubrir a un confidente policial, Manuel Gutiérrez Carbajo, que había servido a los Mossos el caso de su vida: una trama de policías nacionales corruptos que protegían a dos prostíbulos, el Riviera y el Saratoga. Gutiérrez Carbajo era, en realidad, según la instrucción judicial, un narco que dirigía a una red de traficantes, y los Mossos, sabiéndolo, habían decidido ocultarlo.

El juez recurrió a diversas unidades y cuerpos policiales para demostrarlo —en el caso hay tres piezas separadas, donde investigaron Policía, Mossos y Guardia Civil— y se apoyó en la acusación particular que ejercía el sindicato ultra Manos Limpias. “Los que ejercemos cargos de responsabilidad debemos asumir decisiones dolorosas y convulsas para la sociedad”, escribió en su auto de imputación de los mossos. El mando de mayor rango investigado era el subinspector Antoni Salleras, además de dos sargentos, dos cabos y un agente raso. Pero la amenaza sobrevolaba la cabeza de su jefe, el comisario Trapero.

El caso amenazó el prestigio de una división de Mossos liderada por Trapero

“La investigación principal fue siempre de Mossos”, explican fuentes conocedoras del caso. Giraba alrededor de un decomiso de 29 paquetes de lo que parecía cocaína que acabó siendo una estafa entre narcotraficantes. La sospecha del juez es que Juan Miguel Bono, el detenido con esa droga, trabajaba en realidad para Gutiérrez Carbajo. Los Mossos “subvirtieron el orden jerárquico Autoridad judicial-Policía Judicial con el fin de eludir la imputación judicial sobre determinadas personas”, escribió el juez, que se quedó solo con Manos Limpias.

Los Mossos contaban con el apoyo de la Fiscalía. “No parece demasiado inteligente querer ocultar la vinculación con una persona comenzando por dar su nombre”, escribió el ministerio fiscal en el recurso en contra de las imputaciones policiales, sobre Gutiérrez Carbajo, que constaba en los escritos de los Mossos al juez y del que, según fuentes del caso, habían dicho verbalmente al juez que era su confidente. El ministerio público sostuvo que no había “elementos fundados” para afirmar que los agentes habían ocultado conversaciones al juez para protegerlo.

Por la brigada patriótica

“La Fiscalía hizo de abogado de la defensa”, asegura ocho años después el abogado Alex Zaragüeta, del despacho Zaragüeta Reina, que representaba a Manos Limpias. A su juicio, los Mossos “se rieron en la cara del juez”, pero el sindicato no ha podido seguir en el caso porque está en liquidación, acusado de pertenecer a una trama de corrupción y sobornos. Fuentes policiales siempre han criticado que los abogados de cabecera del Saratoga, Zaragüeta Reina, liderase la acusación en Macedonia a través de Manos Limpias. “En el juicio no los defendimos nosotros”, subraya Zaragüeta, que niega conflicto de intereses.

En 2015, la Audiencia empezó a urgir a Aguirre para que concluyese la investigación. Pero el juez declaró la causa compleja y lo mantuvo cuatro años más. Incluso acudió a la polémica Brigada de Análisis y Revisión de Casos de la Policía Nacional, bautizada como brigada patriótica, que acabó desmantelada. En 2017, con el cénit del procés y los Mossos, dirigidos ya por Trapero, en entredicho, Macedonia recobró vida en las páginas de medios como OK Diario. Un año después, sin Manos Limpias y sin la Fiscalía, el juez se vio obligado a sobreseer las actuaciones. En su escueto escrito subraya que la Audiencia de Barcelona avaló que existían indicios de que los Mossos le ocultaron información.