PSPV y Bloc reciben con alivio el auto que archivó la investigación sobre su financiación
La resolución confirma las sombras de irregularidad sobre la campaña de 2007
Los dirigentes del PSPV-PSOE y el Bloc creen que el auto judicial, conocido este viernes, por el que la magistrada Nieves Molina archivó la investigación de su financiación en la campaña de 2007 y remitió a juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid posibles ilegalidades cometidas en adjudicaciones a la empresa de comunicación ...
Los dirigentes del PSPV-PSOE y el Bloc creen que el auto judicial, conocido este viernes, por el que la magistrada Nieves Molina archivó la investigación de su financiación en la campaña de 2007 y remitió a juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid posibles ilegalidades cometidas en adjudicaciones a la empresa de comunicación Crespo Gomar limita los daños del escándalo que ha afectado en las últimas semanas a sus formaciones.
El auto, fechado en enero y publicado este lunes íntegro por la SER, refleja que la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia consideró que "indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular" de los socialistas y del Bloc —el partido mayoritario de la coalición Compromís—. Esta habría consistido, según los papeles entregados a la policía por el presidente del PP en la provincia de Alicante, José Ciscar, en que varias empresas pagaron a Crespo Gomar las facturas de actos electorales que había organizado para las formaciones. Pero concluye que tal investigación debe ser archivada al haber prescrito los hechos.
La resolución judicial indica que, según el informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, casi todos los contratos recibidos por Crespo Gomar que aparecen en los papeles aportados por el PP presentaban irregularidades, aunque solo una parte eran lo suficientemente graves como para implicar infracciones penales. La juez reduce la continuación del procedimiento a cuatro adjudicaciones, que fueron concedidas por Administraciones gobernadas por los socialistas.
Se trata de un contrato del Ministerio de Vivienda por importe de 126.000 euros y de otro del Ministerio de Sanidad por 184.000 euros —en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero—. Se investiga también un contrato de comunicación adjudicado por el Ayuntamiento de Benidorm y la compraventa de un edificio en Gandia subvencionado por el Consistorio. Ambos gobiernos locales estaban dirigidos en la época por el PSPV-PSOE. La agencia Crespo Gomar, ya desaparecida, también estaba vinculada a dirigentes socialistas de Gandia.
A pesar de que el contenido del auto no supone buenas noticias para ninguno de los dos partidos y pone de manifiesto las sombras de graves irregularidades sobre el modo en que financiaron la campaña, que no podrán confirmarse al haberse cerrado la investigación, tanto socialistas como el Bloc han recibido con evidente alivio el contenido textual del auto judicial. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana solo difundió un resumen muy corto con los principales datos.
El vicesecretario del PSPV, Manolo Mata, ha afirmado este viernes en una rueda de prensa que del escrito se desprende "que no hay trama, no hay financiación ilegal ni dinero negro". "Hasta hoy no hemos sabido de qué estábamos hablando y, como ya lo sabemos, va a continuar nuestra comisión de investigación", ha añadido Mata, en referencia a la revisión interna de la financiación de la campaña de 2007 que anunció el partido cuando el escándalo, adelantado por El Mundo, salió a la luz.
En términos similares se ha expresado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha insistido en que el partido irá "más allá de la justicia" si, aunque no se detecten delitos, se observan conductas reprobables.
Más evidente ha sido la satisfacción del presidente de las Cortes Valencianas y responsable del Bloc en el año 2007, Enric Morera, tras leer el auto. Morera se ha declarado "muy tranquilo" y ha afirmado: "Nosotros no estamos afectados".
Oltra pide explicaciones
La vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís —y de otro de los partidos de la coalición, Iniciativa pel Poble Valencià—, Mónica Oltra, ha admitido, en cambio, que el asunto le "preocupa" y que sigue siendo necesario dar explicaciones sobre la financiación de aquella campaña electoral. "Ya hay una decisión judicial, ya hay algo tangible para aquellos que tienen que dar explicaciones. Estoy convencida de que las darán en cuanto puedan. O al menos eso es lo que se espera de ellos", ha agregado.
El PP ha reclamado que el presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, cancele su viaje a China para explicar en las Cortes Valencianas la financiación de su partido. Y Ciudadanos ha considerado que PSPV y Compromís, los dos partidos que integran el Gobierno autonómico, "solo se han convertido en un recambio de la corrupción que ya había antes" al frente de la Comunidad Valenciana. Podemos, socio parlamentario de los dos partidos en el poder, ha confiado en que el auto acelere las explicaciones que han reclamado a PSPV y Bloc.