Partidos y asociaciones piden recuperar el control del agua

BComú y la CUP exigen que ATLL sea gestionada por las administraciones públicas

Estación de bombeo de ATLL en Fontsanta.g. battista

Formaciones políticas —como BComú o la CUP— y asociaciones ciudadanas —como Aigua és Vida o la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (Confavc)— manifestaron ayer que, después de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) anulando el contrato de concesión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona, es el momento de recuperar el control público de ATLL.

El concejal de A...

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Formaciones políticas —como BComú o la CUP— y asociaciones ciudadanas —como Aigua és Vida o la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (Confavc)— manifestaron ayer que, después de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) anulando el contrato de concesión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona, es el momento de recuperar el control público de ATLL.

El concejal de Agua y Energía en el Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, recalcó que la decisión del Supremo —que confirma una sentencia de junio de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya— desvela que el gobierno Artur Mas actuó “de forma irresponsable y buscando intereses financieros”. Badia exigió ayer que, cuando esté constituido el futuro gobierno en la Generalitat, se apruebe “la recuperación del agua a manos públicas para rehacer la chapuza que se hizo en 2012”.

Fue entonces cuando el gobierno de CiU adjudicó traspasar la gestión de abastecimiento de agua de ATLL a Acciona. La concesión era por 50 años a cambio de 1.000 millones de euros, 300 millones directos y el resto mediante un canon anual. El TSJC declaró nula la concesión al encontrar incongruencias que impidieron a todos los ofertantes optar a la concesión con igualdad de condiciones.

Badia reclamó que, una vez dictadas las sentencias, se deberían devolver los “sobrecostes” de la privatización. El concejal entiende que las sentencias muestran que Acciona no es el concesionario legítimo, por lo que “solo debería cobrar por la prestación del servicio y devolver los dividendos y el canon concesional”.

Por su parte, Acciona aseguró ayer que permanece a la espera de que el Supremo resuelva el recurso presentado por la propia empresa (por el momento solo ha desestimado los de la Generalitat y Aguas de Barcelona contra la anulación de la concesión acordada por el TSJC) y, mientras llega la resolución, mantendrá la concesión de ATLL.

La plataforma Aigua és Vida, que promueve la gestión pública de todo el ciclo del agua y de la que procede el mismo Badia, exigió un compromiso del futuro gobierno de la Generalitat para recuperar la gestión pública de la ATLL. Según la plataforma, la única formación contraria a revertir la privatización es el PP, por lo que considera que es muy posible la gestión pública. La CONFAVC se manifestó en la misma línea.

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La diputada de la CUP Maria Sirvent recordó que su grupo incluyó en las negociaciones para la investidura del pasado enero, con JxCAT y ERC, la condición de que se recuperara la gestión pública de ATLL. Ese control, aseguró, volverá a ser clave en las próximas negociaciones para la formación de gobierno.

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