El juez admite el recurso del socio de Calle 30 contra la remunicipalización de la vía
Emesa pide la nulidad del procedimiento que llevó a la votación en el pleno
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Madrid ha admitido a trámite el recurso del socio privado de Madrid Calle 30, Emesa, contra el dictamen de la comisión del Ayuntamiento sobre las obras de la M-30 durante la época de Alberto Ruiz-Gallardón (PP). El Consistorio concluyó que hubo "ilegalidades" y propuso remunicipalizar la vía, pero Emesa pide la nulidad del procedimiento que llevó a la votación en el pleno, señalan fuentes municipales. Los concejales ya han recibido una carta en la que les informa de que pueden personarse en la causa.
Después de las querellas por su...
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Madrid ha admitido a trámite el recurso del socio privado de Madrid Calle 30, Emesa, contra el dictamen de la comisión del Ayuntamiento sobre las obras de la M-30 durante la época de Alberto Ruiz-Gallardón (PP). El Consistorio concluyó que hubo "ilegalidades" y propuso remunicipalizar la vía, pero Emesa pide la nulidad del procedimiento que llevó a la votación en el pleno, señalan fuentes municipales. Los concejales ya han recibido una carta en la que les informa de que pueden personarse en la causa.
Después de las querellas por supuesta malversación en los casos del Open de tenis y de BiciMad y la paralización del cambio del callejero, el Ayuntamiento deberá ahora lidiar en los tribunales ante el recurso presentado por Emesa (integrada por Ferrovial y el grupo ACS) contra el dictamen de la comisión sobre la M-30. Aquel documento sostenía que "las obras registraron ilegalidades", y habló de "falta de transparencia" y "tramitación de algunos proyectos (...) irregular", hasta concluir que era necesario "revertir la gestión de la sociedad para que vuelva a ser 100% municipal". Ese documento se aprobó en la comisión de investigación el 24 de noviembre de 2017 gracias a los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, y el pleno lo ratificó en la sesión del 29 de noviembre con el apoyo de estos mismos grupos.
Sin embargo, ante las conclusiones del dictamen y su elevación al pleno, Emesa detectó irregularidades de carácter administrativo, que decidió poner de manifiesto ante el juez. Entre ellas, la obligación de que el gobierno local acatara una recomendación de una comisión. Por ello, pide su anulación, y con ella la disposición a remunicipalizar la empresa Calle 30.
El juez, tal y como adelanta hoy EL PAÍS, le da la razón al socio privado de la empresa mixta, controlada en un 75% por el Consistorio. Además, pide al Ayuntamiento que entregue toda la documentación necesaria para investigar el caso.
El dictamen de la comisión de investigación sobre Calle 30 fue polémico, entre otras cosas, porque se descubrió que la persona que lo redactó fue el propio consejero delegado de la sociedad mixta, Samuel Romero Aporta. Este dirigente, nombrado por el equipo de Carmena, había participado además en la comisión en calidad de compareciente. El grupo municipal del PP pidió su cese y la anulación de la comisión.
Temores de los ediles
Si Emesa considera que la resolución del pleno sobre la municipalización de la M-30 dañó su imagen, se podrían ver afectados los ediles de Ahora Madrid (19, más la regidora), PSOE (9) y Ciudadanos (7), pero no los del PP (21) que la rechazaron, sostienen las fuentes consultadas. Esto temores crecieron después de que los concejales recibieran una carta por parte de la secretaria general del pleno en la que les informaba de que pueden personarse en la causa.
Fuentes municipales revelaron ayer que algunos concejales temen que Emesa exija indemnizaciones por daños de imagen. Algunos ediles ya se han informado sobre el seguro del pleno municipal y sobre posibles repercusiones de carácter patrimonial.
El dictamen sobre la M-30 habla, de hecho, de "ilegalidades", "falta de transparencia", "obras que no siguieron una tramitación transparente ni rigurosa". Todas conclusiones que podrían considerarse dañinas para constructoras que compiten con firmas de todo el mundo en grandes concursos internacionales y que podrían ver mermada su capacidad de atraer inversores y ganar las licitaciones.
Durante el debate plenario del 29 de noviembre de 2017, el ex delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, consideró que las "irregularidades" detectadas en la investigación pueden dar lugar a "delitos". El PSOE y Ciudadanos, en cambio, consideraron que la ampliación de los túneles durante la época de Gallardón fue "electoralista". Ayer, el Consistorio comentó que "sigue trabajando con normalidad en la gestión", y se limitó a recordar que "ese dictamen lo aprobamos tres grupos" políticos.