El PP lleva a los tribunales la municipalización de BiciMad

El grupo municipal del PP, liderado por José Luis Martínez-Almeida, sospecha que la municipalización de BiciMad fue irregular. Los populares denuncian que la compra del servicio por más de 10 millones se realizó a pesar de que faltaba una tasación sobre el servicio, y creen que el gobierno de Carmena puede haber incurrido en prevaricación. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) enc...

El grupo municipal del PP, liderado por José Luis Martínez-Almeida, sospecha que la municipalización de BiciMad fue irregular. Los populares denuncian que la compra del servicio por más de 10 millones se realizó a pesar de que faltaba una tasación sobre el servicio, y creen que el gobierno de Carmena puede haber incurrido en prevaricación. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) encargó en diciembre una auditoría, que concluyó que el precio pagado era adecuado, pero el PP señala que la adjudicación se hizo a dedo.

Los populares aseguran que en el expediente de compra de BiciMad no se hace mención a una tasación oficial y que solo aparecen documentos sin firmas ni membrete. Por ello, creen que el encargo de una auditoría a posteriori refleja el intento del gobierno de cubrirse las espaldas ante las amenazas de querellas, ya anunciadas por el PP.

Este martes, después de que EL PAÍS publicara que la EMT encargó una auditoría sin concurso público para "verificar los criterios del precio de cesión del contrato de BiciMad", saltaron todas las alarmas en el grupo del PP. Martínez-Almeida consideró que la información corroboraba las sospechas de que existían "motivos para pensar" que la compra fue irregular, y que en el momento de la adquisición el equipo de Carmena no hizo una auditoría previa.

Por ello, anunció que presentará a lo largo de esta semana una querella contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández de Heredia —también investigado por posibles delitos contra la propiedad intelectual—, para determinar si se ha producido una malversación de caudales públicos.

El pasado 19 de diciembre, la EMT encargó, sorteando el concurso público y abierto, una auditoría sobre la adquisición de BiciMad. Cuando el Consistorio rescató el servicio, entonces propiedad de Bonopark, la sociedad tenía pérdidas de 300.000 euros mensuales. Para evitar la quiebra, el gobierno de Carmena aceptó pagar 10,5 millones, garantizando que Bonopark seguiría en la sociedad como "proveedor tecnológico". Pero, según los populares, el precio puede haber ascendido hasta los 13 millones.

El Consistorio negó siempre estos extremos. El lunes, el Área de Medio Ambiente sostuvo que la auditoría externa encargada en diciembre confirmó que el valor de BiciMad rondaba los 10,5 millones. "El valor promedio de los valores corregidos de los activos tangibles e intangibles, así como de los flujos de caja, se sitúa en 10,6 millones", recoge el documento citado por la agencia Europa Press, que el Consistorio de momento no ha hecho público. De esta manera, cree el gobierno de Carmena, la cantidad abonada se ajusta al valor de los activos adquiridos. Y lamenta "el daño que se está causando a la imagen de la EMT".

Según los populares, no obstante, el resultado de la auditoría es cuestionable. En particular, señalan que el procedimiento de selección contó solo con una oferta, en lugar de tres. Y que el Ayuntamiento obligó a la adjudicataria a entregar el informe en un plazo de 10 días. La sociedad Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría S. A., que realizó la auditoría, es además la misma que no detectó el desfalco de 23 millones en el llamado caso Palau de Barcelona, que acabó con penas de nueve y siete años de cárcel para los responsables.

"En la EMT están nerviosos porque saben que ha habido irregularidades graves", afirmó Martínez-Almeida, que avisó: "Ya que no quieren responder ante la oposición ni crear una comisión de investigación, van a tener que responder delante de un juez". Los populares pidieron una auditoría externa cuando el Ayuntamiento municipalizó BiciMad. Luego propusieron abrir una comisión de investigación, que se topó con el voto negativo de Ahora Madrid y del PSOE. Este martes pidieron la colaboración del PSOE para esclarecer la verdad.

El socialista Nacho Benito recordó que en aquel momento no existían "las bases suficientes" para pedir esa comisión. Pero añadió que, si los jueces deciden investigar el tema, los socialistas "podrán abrirla". De momento, el PSOE ha presentado sendas preguntas al Gobierno sobre lo ocurrido. El concejal de Ciudadanos Sergio Brabezo añadió que esta auditoría un año después de la compra de BiciMad "huele mal". "Lo que queremos es saber realmente si la compra ha sido correcta", aseveró.