Una familia acampa frente a la junta de distrito de Carabanchel tras ser desahuciada

Lidia Romero y Santiago Ruiz, de 35 años, llevan tres días acampados frente a la Junta de Distrito de Carabanchel. Reivindican su derecho a una vivienda. La pareja, junto a sus cuatro hijos, fue desahuciada el lunes 13 de junio de la casa ocupada en la que vivían en la calle de Salvador Allende, en Madrid. La vivienda pertenecía al fondo de inversión Fidere. Después de seis días durmiendo en un albergue concertado con el SAMUR social, en Vallecas, la familia se quedó en la calle. "En el albergue nos dijeron que había gente que tenía prioridad...

Lidia Romero y Santiago Ruiz, de 35 años, llevan tres días acampados frente a la Junta de Distrito de Carabanchel. Reivindican su derecho a una vivienda. La pareja, junto a sus cuatro hijos, fue desahuciada el lunes 13 de junio de la casa ocupada en la que vivían en la calle de Salvador Allende, en Madrid. La vivienda pertenecía al fondo de inversión Fidere. Después de seis días durmiendo en un albergue concertado con el SAMUR social, en Vallecas, la familia se quedó en la calle. "En el albergue nos dijeron que había gente que tenía prioridad", explica Romero.  Ahora, sin posibilidad de costearse una vivienda, reclaman una solución a las administraciones. 

Romero cuenta que su marido, Santiago, tenía un trabajo en la planta de Coca-Cola de Getafe. "Pagábamos un alquiler de 700 euros en el barrio de Orcasitas", explica. Cuando Santiago fue despedido, la familia no podía hacer frente al alquiler y tuvo que abandonar el inmueble: "Entonces fuimos a casa de mi abuela". Poco después, el tío de Romero también perdió el empleo y tuvo que mudarse allí. "Evidentemente, no podíamos vivir dos familias en una casa de 50 metros", explica la afectada.

Fue en ese momento cuando decidieron ocupar: "Yo no quería hacerlo, sabía que si lo hacía me sancionarían sin poder presentarme a concurso para una vivienda" (el reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda impone una sanción de dos años sin poder optar a una casa a quienes han ocupado). Tras un año de ocupación en la calle de 15 de Agosto, Romero y Ruiz fueron sancionados. En aquel momento, sin posibilidad de pagar un alquiler, optaron por volver a ocupar. Esta vez fue en la calle de Salvador Allende. El martes 13 de junio la familia fue desahuciada, Lidia, Santiago y sus cuatro hijos (de trece, diez, ocho y tres años) abandonaron la casa rodeados de una alta presencia policial, según explican. Ahora, mientras sus padres acampan en la plaza, los pequeños duermen en casa de sus abuelos y van al colegios los últimos días antes de verano. 

Romero afirma que, entre los dos, cobran un total de 655 euros al mes. Según la afectada, el Ayuntamiento no les ha ofrecido más que un albergue o un complemento de 200 euros mensuales. Con ese dinero, la madre de familia ve "imposible" hacer frente a un alquiler. El consistorio mantiene que tienen un número limitado de vivienda pública que no cubre la demanda que hay. "Desde el Ayuntamiento estamos trabajando con ellos desde el principio del caso y les hemos ofrecido todos los recursos que tenemos a nuestra disposición", afirman. Cuentan que tienen un número limitado de vivienda pública que "desgraciadamente no cubre el número de emergencias que hay". Ester Gómez, concejal de distrito de Carabanchel y Latina, afirma que "lamentablemente" se encuentran con situaciones como las de Romero más veces de las que les gustaría. "El anterior equipo de gobierno hizo una venta de gran parte de las viviendas de EMV a los fondos buitre, y cuando hemos entrado e intentado dar soluciones a los problemas que se plantean hemos visto que no tenemos patrimonio suficiente para dar respuesta a todas", explica la concejal.

Gómez considera que, aunque no es casual que la familia muestre su disgusto frente al Ayuntamiento porque es la única Administración que está pudiendo darles alguna respuesta, "hay otras Administraciones y otros espacios que se tienen que vincular para dar soluciones". La concejal afirma que tanto Fidere, propietario de muchos de estos inmuebles, como Ivima, dependiente de la Comunidad de Madrid, deben ponerse manos a la obra para dar salida a las situaciones vulnerables. "Hay soluciones en las que se tienen que implicar los responsables principales de esta situación", aclara. 

"Tenemos unos criterios técnicos y es en base a ellos sobre los que los Servicios Sociales establecen una lista de espera", mantiene el consistorio.  Mientras tanto, Romero y su familia siguen en la plaza de Carabanchel: "Hasta que no me den una solución, no me voy a mover de aquí".