Gondomar ejecuta el derribo de un chalé ocho años después de ordenarlo un juzgado
La casa tenía licencia urbanística pero fue una de las obras por las que fue condenado por prevaricación el exalcalde popular Carlos Silva
El Ayuntamiento de Gondomar (Pontevedra) ha ordenado meter la piqueta en un chalé al que hace 11 años concedió licencia municipal para ser construido. La orden de demolición comenzó a ejecutarse el pasado 24 de mayo cumpliendo así una sentencia de un juzgado de Vigo y en un contexto inusual, ya que, a efectos legales, no constaba ningún expediente de irregularidad urbanística. El consistorio le dio en 2006 todos los permisos necesarios a los promotores para realizar las obras.
La construcción de la vivienda unifamiliar de mampostería situada en el barrio de Donas se enmarca en una época...
El Ayuntamiento de Gondomar (Pontevedra) ha ordenado meter la piqueta en un chalé al que hace 11 años concedió licencia municipal para ser construido. La orden de demolición comenzó a ejecutarse el pasado 24 de mayo cumpliendo así una sentencia de un juzgado de Vigo y en un contexto inusual, ya que, a efectos legales, no constaba ningún expediente de irregularidad urbanística. El consistorio le dio en 2006 todos los permisos necesarios a los promotores para realizar las obras.
La construcción de la vivienda unifamiliar de mampostería situada en el barrio de Donas se enmarca en una época de abusos urbanísticos por parte del entonces equipo de gobierno del PP que terminaron en los juzgados. En 2010 fue condenado en firme por prevaricación urbanística el que fuera alcalde de este Ayuntamiento y diputado provincial, Carlos Silva. En aquella sentencia no se ordenó el derribo de este chalé ni de otras 36 obras cuyas licencias se consideraron ilegales y por las que se inhabilitó al regidor y a otros miembros de su junta de gobierno, acusados de aplicar un planeamiento municipal, amparándose en informes jurídicos externos, que había sido anulado por los tribunales de justicia.
Fue otra denuncia de particulares, al hilo de aquel dictamen, la que desembocó en la orden de derribo por parte de un juzgado de lo contencioso de Vigo cuando la casa llevaba construida varios años. Este revocó la licencia y ordenó su demolición, considerando además que el proyecto se había ejecutado en una zona no urbanizable.
El Ayuntamiento de Gondomar, gobernado por el PSOE y el partido Manifesto Miñor, ha acometido la orden de derribo de forma subsidiaria porque la propietaria no podía asumir los gastos de ejecución que supondrán unos 30.000 euros para las arcas municipales. El teniente de alcalde de Gondomar y concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo, ha dejado claro que el asunto se excede de las competencias municipales y que solo cumplen con un mandato judicial por un pleito que hay que contextualizar en el ámbito privado.
El edil ha lamentado los tiempos de la justicia, ya que la orden de demolición llega justo en un momento en que el Ayuntamiento está a punto de aprobar la revisión de varios núcleos rurales para hacerlos urbanizables, entre los que están incluidos los terrenos del chalé afectado. “Este un ejemplo paradigmático de la lentitud de la justicia que llega precisamente cuando la vivienda se podría haber salvado por unos meses”, ha subrayado Antonio Araúxo.
Pero el derribo puede que no sea un punto y final de este enrevesado asunto que marcó una etapa negra del boom del ladrillo en este Ayuntamiento costero de las Rías Baixas. La corporación municipal es consciente que una vez ejecutada la sentencia podría enfrentarse a una reclamación patrimonial por parte de los propietarios del chalé por el error administrativo en la concesión de la licencia. “Puede ocurrir”, ha comentado Araúxo sobre el posible intento de los afectados por recuperar la inversión económica, aunque cree que “no prosperará”.
La beneficiaria y promotora del expediente era la hija del entonces funcionario del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento. El chalé se terminó mientras el asunto desembocó en una causa penal contra el alcalde y varios concejales y la propietaria recurría al juzgado de lo Contencioso en Vigo que en 2009 revocó la licencia y ordenó su demolición. Un año después, el ya exalcalde y todavía concejal de Gondomar Carlos Silva abandonó la política tras ser condenado por la Audiencia de Pontevedra a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística en la concesión de la polémica licencia.