A juicio por clonar en un año 21 tarjetas de crédito en Internet
Cuatro acusados de estafa informática en A Coruña se enfrentan a 12 años de prisión y multas de 73.000 euros por realizar compras en la red con tarjetas vendidas por 'hackers'
Cuatro acusados de un delito continuado de estafa informática y otro de autoblanqueo serán juzgados a partir de este martes en la Sección Segunda de la Audiencia de A Coruña por clonar tarjetas de crédito de usuarios de varias páginas web para hacer compras online que habían obtenido pagando por ellas a hackers informáticos. Se enfrentan a una petición de la Fiscalía de Criminalidad Informática de A Coruña que solicita penas que suman 12 años de prisión y pide que indemnicen con...
Cuatro acusados de un delito continuado de estafa informática y otro de autoblanqueo serán juzgados a partir de este martes en la Sección Segunda de la Audiencia de A Coruña por clonar tarjetas de crédito de usuarios de varias páginas web para hacer compras online que habían obtenido pagando por ellas a hackers informáticos. Se enfrentan a una petición de la Fiscalía de Criminalidad Informática de A Coruña que solicita penas que suman 12 años de prisión y pide que indemnicen con más de 73.000 euros a las 11 entidades bancarias afectadas.
Los cuatro procesados actuaban como cómplices y fueron descubiertos en marzo de 2012, cuando llevaban un año operando en la red. Se puso en marcha entonces una operación policial en la que fueron detenidos tras una compleja investigación abierta en el juzgado de instrucción número 7 de A Coruña, que constató la mecánica del grupo para perpetrar estafas por Internet mediante la falsificación de hasta 21 tarjetas de crédito.
Tres años después, el fiscal especial de criminalidad informática, Luis Vázquez Soto, presentó escrito de acusación contra los acusados en el que describió con detalle cómo actuaban los cuatro cómplices. El grupo estaba presuntamente dirigido por el considerado su presunto cerebro, J.B.M., nacido en Cádiz. Cuando fue detenido tenía 19 años y desde entonces se encuentra en libertad bajo fianza al encontrarse implicado en un caso similar anterior junto a su novia y principal cómplice, S.F.F., de 22 años, residente en A Coruña, también investigada e imputada por delitos informáticos aunque de menor cuantía.
Según la policía, el grupo, previo pago, comenzó obteniendo numeraciones de tarjetas bancarias por medio de una página de hackers informáticos. La primera pista sobre los acusados se remonta a abril de 2011, cuando se presentó una denuncia en la Jefatura Superior de Polícia de Navarra, en la que se hacía constar que con la numeración de una sola tarjeta de crédito se habían efectuado compras fraudulentas por importe de 1.500 euros sin permiso de su titular.
Esta estafa a través de Internet, que se denomina carding, consiste en utilizar los datos numéricos de una tarjeta de crédito, incluso con el dígito de control, que previamente habían sido localizados y plagiados por hackers informáticos. Cuando fueron detenidos en A Coruña J.M.B. y su novia llevaban un año utilizando este sistema para hacer compras online, desplazándose por distintas provincias españolas.
Ambos llegaron a utilizar hasta 19 numeraciones de tarjeta diferentes a través de portales de venta para comercializar el producto con terceras personas, algunas menores de edad, a quienes utilizaban para recibir las compras en sus domicilios con el fin de ocultar su rastro y no dejar pistas ante una posible investigación policial. Ambos acusados contactaron con sus otros dos cómplices, la pareja formada por M.C.P. y A.G.M., esta última hermana del principal imputado.
En una primera fase realizaron operaciones de compra online, principalmente de productos que fueran fáciles de enajenar en el mercado. Luego, dado que su finalidad última era obtener dinero en efectivo, vendían los productos obtenidos, bien directamente, anunciándolos en foros de internet, o utilizando a otros colaboradores en otros puntos del territorio nacional. Con estos colaboradores contactaban a través de foros online y les ofrecían a cambio una contraprestación, generalmente un porcentaje de la venta o entrega de objetos que recibían a través de empresas de paquetería.
Apunta el fiscal que “a pesar de la dificultad para descubrir las operaciones realizadas en vista de que los perjudicados están dispersos por todo el territorio nacional y el modus operandi utilizado por los inculpados”, la policía logró acreditar su participación en al menos medio centenar de compras online, principalmente productos informáticos que una vez adquiridos los anunciaban en foros de Internet para venderlos a terceros.