Una condena por cohecho fuerza el cese de un cargo de la Cámara de Pontevedra

Rosario Lorenzo, secretaria de la Cámara de Comercio de Pontevedra hasta la fusión de la entidad con la de Vigo y Vilagarcía en mayo pasado, ha sido condenada este lunes por los delitos de cohecho y de negociaciones prohibidas a funcionarios que conlleva la inhabilitación especial y definitiva del cargo de funcionaria que venía desempeñando desde 1998.

En un juicio que duró apenas cinco minutos tras alcanzar un ...

Rosario Lorenzo, secretaria de la Cámara de Comercio de Pontevedra hasta la fusión de la entidad con la de Vigo y Vilagarcía en mayo pasado, ha sido condenada este lunes por los delitos de cohecho y de negociaciones prohibidas a funcionarios que conlleva la inhabilitación especial y definitiva del cargo de funcionaria que venía desempeñando desde 1998.

En un juicio que duró apenas cinco minutos tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal, la exsecrearia cameral y el representante de la entidad en Brasil, José María Lago, reconocieron los cargos de la acusación ante el tribunal por lo que se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño y una rebaja de las condenas.

Por el delito de cohecho, la pena impuesta a Rosario Lorenzo es de un año de prisión, un año y seis meses de inhabilitación especial y una multa de seis euros diarios durante seis meses. La inhabilitación (que en principio era de cinco años) supondrá la renuncia inmediata del cargo de delegada de la Cámara en Pontevedra, para el que fue recientemente elegida, y sin derecho a indemnización. Para poder optar de nuevo al puesto, una vez cumplida la condena, la acusada tendría que superar las oposiciones para ocupar la plaza de funcionaria.

Por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, Rosario Lorenzo ha tenido que reintegrar 22.800 euros que retiró de la cuenta del delegado comercial como una dádiva por mantenerlo en el puesto, según quedó probado en el juicio, además de seis meses de suspensión del cargo y una multa de seis euros diarios durante tres meses.

Para el exempleado de la Cámara José María Lago, la condena de conformidad impuesta por el tribunal es de dos años de prisión, multa de seis euros durante 12 meses y cinco de inhabilitación para recibir subvenciones o ayudas del Estado.

Los hechos admitidos por ambos acusados en calidad de cómplices se remontan a 2002 y fueron denunciados por antiguos trabajadores de la entidad a raíz de su despido y que desde entonces todavía investiga un juzgado de Pontevedra.

Aquel año, el ejecutivo cameral acordó la creación de una oficina en Florianápolis (Brasil) para la cual se nombró representante al condenado, que hasta entonces trabajaba como becario, aprobando por unanimidad la firma de un convenio con la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta que estaría en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012.

Así, anualmente, se firmaron contratos con la empresa Contrato Em Comunicacoes Empresariais de arrendamientos de servicios y que tenían por objeto el asesoramiento y asistencia a las actividades de exportación e internacionalización de la economía gallega en Brasil que Lago se encargaba de gestionar.

A cambio, la empresa contratante percibió por los trabajos prestados un promedio de 3.800 dólares mensuales, dinero que estaba subvencionado por la Xunta de Galicia entres el 50 y el 80%. Los pagos se realizaban mediante cheques bancarios que eran ingresados en una cuenta de la que era titular José María Lago.

Sin embargo, se comprobó que al menos seis de los cheques emitidos en 2011 fueron endosados a la cuenta bancaria que la secretaria compartía con Lago como autorizada después de que este le otorgara un poder. En esta cuenta, y entre 2007 y 2011, se detectaron seis retiradas de dinero por importe de 22.800 euros y que la exsecretaria reconoció que había percibido ilegalmente.

En las comparecencias ante el juzgado, ni Lorenzo ni Lago habían ofrecido una explicación convincente del destino dado a las cantidades retiradas por la secretaria de la cuenta del empleado. De tal forma que el fiscal concluyó que “eran pagos autorizados por Lago a Lorenzo a cambio de facilitar la contratación de su empresa con la Cámara de Comercio”.