La Junta pagará en 20 días a los proveedores de salud y educación

La Junta de Andalucía reducirá a 20 días naturales, en lugar de los 30 previstos en la normativa vigente, el plazo para abonar las facturas vinculadas a la prestación de los servicios públicos esenciales, las becas y las ayudas al estudio y al empleo. Además, establecerá un mecanismo de garantía de estos nuevos tiempos de pago, según el decreto que ha presentado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en la reunión del ...

La Junta de Andalucía reducirá a 20 días naturales, en lugar de los 30 previstos en la normativa vigente, el plazo para abonar las facturas vinculadas a la prestación de los servicios públicos esenciales, las becas y las ayudas al estudio y al empleo. Además, establecerá un mecanismo de garantía de estos nuevos tiempos de pago, según el decreto que ha presentado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en la reunión del Consejo de Gobierno.

En caso de incumplir los límites de pago, la Oficina de Atención a las Personas Acreedoras ofrecerá certificados que acrediten deudas vencidas, líquidas y exigibles a la Administración. Estas se pondrán cobrar en las entidades financieras.

El contratista, proveedor o beneficiario de una subvención que presente una reclamación ante la nueva Oficina de Atención recibirá, en el plazo máximo de siete días, una respuesta de la Administración indicándole la fecha exacta del pago, que debe ser inmediato, o bien otorgándole una acreditación positiva para hacer efectiva la garantía de pago en cualquier entidad de crédito que colabore con la Consejería de Hacienda. La Administración podrá emitir una acreditación negativa en caso de que se detecten incidencias que afecten al pago (como errores que deba subsanar el acreedor, retenciones o embargos.

El Ejecutivo andaluz también ha conocido el borrador del nuevo decreto regulador de la Tesorería General de la Junta, que obligará a publicar trimestralmente, en el Portal de la Transparencia, la información detallada de todos los cobros y pagos realizados diariamente por este órgano, así como el saldo diario de las cuentas bancarias de la Administración autonómica.

Respecto a la primera de las normas, la garantía de abono en 20 días se vinculará a los servicios públicos educativos, sanitarios y de servicios sociales. Así, en el primero de estos ámbitos se agilizarán los pagos por prestaciones de apoyo a las familias (gratuidad de libros de texto, aula matinal, transporte escolar, comedores escolares, becas y ayudas al estudio, Becas 6000 y de Segunda Oportunidad y plan deporte en la escuela); por los conciertos docentes, y por los gastos de limpieza, seguridad, electricidad y funcionamiento de los centros sostenidos con fondos públicos.

En el sector sanitario se incluyen las facturas relativas a la atención sanitaria, los conciertos (como los de transporte sanitario, diálisis o rehabilitación) y todas aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los centros (agua, gas, limpieza, lavandería y prestaciones farmacéuticas y complementarias, entre ellas). Por su parte, en los servicios sociales destacan los relacionados con atención a la infancia, dependencia, asistencia jurídica gratuita, las drogodependencias y la protección contra la violencia de género.

Junto con la reducción del tiempo de pago por prestación de servicios prioritarios y concesión de becas y ayudas al empleo, el decreto también fija en un máximo de 45 días el plazo para las subvenciones en estas áreas.

En el ámbito educativo, esta medida supondrá agilizar los abonos relativos a alumnos con necesidades específicas, escuelas hogar, proyectos de plurilingüismo, mediación intercultural, formación en centros de trabajo e innovación educativa. En los servicios sociales, la reducción de tiempos beneficiará sobre todo a las pensiones asistenciales y a las ayudas para mayores y personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, instituciones de acogimiento y familias en situación de dificultad, entre otras.

Un millón de facturas

Las medidas previstas agilizarán los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización en todas estas áreas esenciales, garantizando así el pago de más de un millón de facturas al año por un importe global estimado de 6.150 millones de euros. Esta cantidad supone el 80% del total de los capítulos II (gasto corriente en bienes y servicios) y IV (transferencias corrientes) del presupuesto de la Junta.

En el área sanitaria la garantía alcanzará a unas 460.000 facturas anuales (3.000 millones de euros); en educación a 560.000 (1.630 millones), y en servicios sociales a 140.000 (1.520 millones).

Para evitar demoras involuntarias, el sistema enviará alertas de forma automática a los órganos encargados de reconocer las obligaciones y de pagar a los proveedores (consejerías y agencias), en caso de que tengan facturas próximas a vencimiento.

Los acreedores podrán obtener información sobre el estado de tramitación de sus pagos pendientes a través de la oficina virtual de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Transparencia en las cuentas bancarias

En cuanto al nuevo decreto que se elabora en relación con la Tesorería General de la Junta de Andalucía, esta norma sustituirá al actual reglamento de 1986 para recoger las modificaciones estatales en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como para actualizar los procedimientos que mejoran la gestión de la Hacienda Pública y adaptarlos al sistema de información económico-financiero GIRO, que opera en la Administración autonómica desde enero de 2015.

Como principal novedad, el decreto establece la obligación de publicar trimestralmente, en el Portal de la Transparencia, la información detallada de todos los cobros y pagos realizados por la Tesorería General, así como el saldo diario de las cuentas bancarias. Estos datos se ofrecerán de forma exhaustiva e individualizada incluyendo la fecha; el motivo o concepto (por ejemplo realización de talleres de empleo o gratuidad de libros de texto); el acreedor; el importe; la consejería o agencia que ha gestionado la orden de abono; los datos identificativos del expediente contable, y su clasificación orgánica, económica y funcional para que pueda compararse con el presupuesto aprobado.

Con el mismo detalle aparecerán los cobros diarios de la Tesorería General por ingresos recaudados por impuestos, tasas, transferencias y convenios. Igualmente se informará de la fecha de cobro, el concepto o motivo, el tipo y número de documento contable y el importe neto, entre otros datos.

El objetivo de estas medidas es facilitar la trazabilidad de todo el expediente completo, tanto en la primera fase del gasto (que gestionan las consejerías y las agencias) como en la de pago (a cargo en exclusiva de la Tesorería General).

Otra novedad será la unificación en la Tesorería General de las funciones de recaudación de derechos (ingresos) y las de pago de todas las obligaciones, tanto las gestionadas por las consejerías como por las agencias administrativas y de régimen especial. Ello permitirá reducir las cuentas bancarias con las que opera la Tesorería. De las más de 700 de hace dos años se pasó a 200 y, con el decreto en vigor, quedarán en unas diez (sin contar las de centros docentes y las de efectivo). Esta simplificación afectará también a las que utilizan las entidades financieras cuando colaboran en la gestión recaudatoria de la comunidad. En lugar de disponer de cuenta abierta en cada provincia, cada entidad financiera habilitará una única en la que anotará el cobro de la recaudación gestionada en toda Andalucía.