La junta electoral expedienta a Santi Vila por inaugurar unas obras
El consejero, el alcalde de Reus y un alto cargo de la Generalitat podrían ser multados hasta con 3.000 euros
La Junta Electoral de Reus ha abierto expediente sancionador contra el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, por inaugurar unas obras en mitad de la campaña electoral. En aquel acto participaron también el delegado de la Generalitat en el Camp de Tarragona, Joaquim Nin, así como el alcalde de Reus, Carles Pellicer, candidato al Senado por Democràcia i Llibertat, que han sido igualmente expedientados.
Ciudadanos y el PSC denunciaron los hechos ante la Junta Electoral de Reus, que este sábado ha dado a conocer su resolución. En el texto se advierte que los tres cargos públ...
La Junta Electoral de Reus ha abierto expediente sancionador contra el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, por inaugurar unas obras en mitad de la campaña electoral. En aquel acto participaron también el delegado de la Generalitat en el Camp de Tarragona, Joaquim Nin, así como el alcalde de Reus, Carles Pellicer, candidato al Senado por Democràcia i Llibertat, que han sido igualmente expedientados.
Ciudadanos y el PSC denunciaron los hechos ante la Junta Electoral de Reus, que este sábado ha dado a conocer su resolución. En el texto se advierte que los tres cargos públicos pudieron cometer una infracción electoral prevista en el artículo 50.3 de la Ley, en el que se prohibe de manera taxativa "cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos".
Lo que no prohibe la ley es que los servicios entren en funcionamiento en campaña, pero no que se inauguren por los cargos públicos, que es lo que sucedió el pasado día 14, cuando los tres citados cargos inauguraron las obras de reforma del tramo de la carretera TV-3141 que conecta el santuario de la Misericordia con la rotonda de la T-11 de Reus.
La junta ha nombrado un instructor del expediente y advierte que puede tratarse de una infracción que se sanciona con una multa que oscila entre los 300 y los 3000 euros, al tratarse de autoridades o funcionarios públicos.