La falta de policías municipales obliga a abonar 10 millones en horas extra

Los 6.800 agentes del cuerpo resultan insuficientes para cubrir todos los actos y servicios

Unidades antidisturbios de la policía municipal patrullan el centro.KIKE PARA

Los policías municipales de Madrid han recibido desde el inicio del año unos 10 millones de euros en horas extraordinarias. Los 6.800 agentes del cuerpo resultan insuficientes para cubrir todos los actos y servicios que tienen que prestar, según confirman fuentes de la Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencias. Eso ha motivado que se eliminen algunos servicios que acumulaban numerosas horas fuera de su jornada laboral, como el operativo que vigilaba la venta ambulante. El Ayuntamiento sopesa, incluso, cobrar el servicio de vigilancia a clubes de fútbol y a organizadores de conciertos multit...

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Los policías municipales de Madrid han recibido desde el inicio del año unos 10 millones de euros en horas extraordinarias. Los 6.800 agentes del cuerpo resultan insuficientes para cubrir todos los actos y servicios que tienen que prestar, según confirman fuentes de la Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencias. Eso ha motivado que se eliminen algunos servicios que acumulaban numerosas horas fuera de su jornada laboral, como el operativo que vigilaba la venta ambulante. El Ayuntamiento sopesa, incluso, cobrar el servicio de vigilancia a clubes de fútbol y a organizadores de conciertos multitudinarios.

La situación no es nueva y el problema se lleva arrastrando desde hace años dada la escasez de efectivos para cumplir el número de horas anuales, en especial por servicios que se escapan de la actividad habitual de las distintas unidades. Dispositivos especiales como la vigilancia en días de fútbol o espectáculos públicos, el control del consumo de alcohol en la vía pública (botellón) y algunos festejos patronales, como las fiestas de los distintos distritos, son los que acumulan mayor número de agentes.

A eso se junta que la plantilla de agentes se ha envejecido en los últimos años y que muchos funcionarios no se pueden destinar al patrullaje ordinario. El nivel de alerta por amenaza terrorista (actual nivel 4 de los 5 que existen) también ha motivado que haya más agentes en la calle y que se prolonguen más tiempo las jornadas ordinarias.

“La situación es tan crítica en algunos distritos que cuesta sacar vehículos a la calle, en especial durante los fines de semana. Por eso, muchas veces hay que recurrir a que los efectivos existentes hagan extraordinarias”, reconocen fuentes cercanas al director general de Seguridad, Andrés Serrano.

Por término medio, cada mes del año se generan unos 800.000 euros en horas extraordinarias, en especial en los fines de semana y las noches. Los agentes que acuden a estos servicios especiales tienen dos opciones. Una es compensarlos con horas para que puedan terminar su jornada ordinaria antes de lo previsto a lo largo de la semana. Otra solución, la más elegida por los funcionarios, es que se les pague el exceso de horario con dinero. Eso supone un ingreso extra en la nómina.

El nuevo modelo propuesto por Serrano y que será presentado el próximo mes de marzo supone la redistribución de todos los agentes “para ganar en eficacia” e intentar reducir ese alto número de horas extra.

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De hecho, las reformas ya han empezado con la supresión a la vuelta del verano del Grupo de Apoyo Zonal (GAZ), una unidad con base en el distrito de Usera cuyos agentes patrullaban de paisano y se dedicaban a luchar contra la venta ambulante y contra el menudeo de drogas, entre otros delitos.

Fuentes de la Concejalía de Seguridad explicaron que resulta difícil controlar a este grupo que ha generado a lo largo del año 155.000 euros en horas extras. “Ha tenido buenos resultados, pero no justifica este desembolso de dinero por parte del Ayuntamiento, sobre todo, cuando faltan agentes en otras unidades de distrito”, señalan estas fuentes oficiales.

La supresión del GAZ sentó especialmente mal a sus integrantes. Se quejaron de que no recibieron ninguna notificación ni explicación por parte del equipo de Serrano y del inspector jefe, Francisco Caletrio. Ambos ordenaron de un día para otro la supresión de este grupo especializado. De hecho, el mando que coordina este distrito, un subinspector, se enfrenta a un expediente por falta grave al retrasar la orden del máximo responsable del cuerpo para disolverlo.

Los agentes que estaban adscritos a este servicio afirman que tienen el respaldo de los comerciantes y de los colectivos de los distritos en los que actuaban. Fuentes municipales mantienen, además, que esta fórmula de investigación, con agentes de paisano, no se corresponde con el modelo de vigilancia y de prevención que mantiene el equipo dirigido por el concejal José Javier Barbero, de Ahora Madrid. Este propugna que los agentes patrullen, entre otras formas, a pie y de uniforme, en un modelo similar a la policía de barrio.

Un hecho que siempre han estudiado los distintos concejales del área que han pasado por ella en los últimos años es si se puede repercutir el precio de estas horas extra a las entidades para las que se presta el servicio. Es decir, en caso de acudir a un partido de fútbol al estadio Santiago Bernabéu, sería el Real Madrid el que tuviera que pagar el sobrecoste. Igual ocurriría en caso de un concierto masivo en el Palacio de los Deportes. Fuentes de Seguridad reconocen que la solución no es fácil y que sería necesario aprobar una tasa y que los distintos organizadores aceptaran pagarla.

Una de las soluciones para evitar estas horas extra es la ampliación de la plantilla, que se ha quedado mermada en los últimos años por falta de promociones. La respuesta no sería a corto plazo, ya que el presupuesto municipal está muy ajustado. A ese problema se une que el cuerpo tiene una media de edad muy alta y que bastantes agentes no pueden dedicarse a realizar labores de calle. De hecho, gran parte de estos funcionarios se dedicarán, según las previsiones de Barbero y Serrano, a vigilar los edificios municipales y evitarse así el pago de empresas de seguridad privada, como ocurre hasta ahora.

El fiscal devuelve la documentación de los bares clausurados a los agentes

La Fiscalía de Madrid ha devuelto toda la documentación que presentó la Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencias a finales de octubre tras denunciar la existencia de tres bares en dependencias de la Policía Municipal que no estaban sometidos a control municipal y que tenían una caja b.

El ministerio público no ha hallado indicios de delito, ya que no se alcanza la cantidad que recoge el Código Penal (120.000 euros), por lo que ha aconsejado al Ayuntamiento de Madrid que regularice la situación a través de la Agencia Tributaria, según ha informado fuentes municipales.

El concejal de Seguridad, José Javier Barbero, y el director de Seguridad, Andrés Serrano, presentaron el 20 de octubre toda la información en la Fiscalía de Madrid tras comprobar que la gestión económica de estos tres bares estaba fuera de la contabilidad oficial del Ayuntamiento. También ordenaron su cierre inmediato. Estas dependencias se encontraban en el escuadrón de la Policía Municipal, en el puente de los Franceses (Moncloa); en la unidad de Atestados, en la calle del Plomo, y en la unidad especial de Tráfico, en la avenida del Planetario (ambas en Arganzuela). Estos bares, que estaban atendidos por una veintena de auxiliares y agentes en segunda actividad, abrían las 24 horas del día y se caracterizaban por sus bajos precios.

A lo largo de su existencia (fueron creados hace unos 30 años) han generado unos beneficios con los que se pagaban las coronas de flores para los agentes fallecidos o parte de los festejos del día de San Juan, patrón de la Policía Municipal.

Algunas fuentes hablan de que en una caja fuerte había unos 35.000 euros. Otras lo elevan a cerca de 60.000. Todos los alimentos que habían sido comprados para estos locales fueron donados días después al Banco de Alimentos.

Por otra parte, los agentes de movilidad desconvocaron ayer la huelga que tenían prevista para los próximos cuatro fines de semana tras confirmarles el Ayuntamiento su compromiso de reunirse con el Gobierno regional para negociar una modificación legal que les permita, mediante “procesos selectivos dentro de marcos legales”, pasar a ser agentes de policía.

La edil de Movilidad, Inés Sabanés, matizó que “no se puede garantizar que el cien por cien de los agentes pase al Cuerpo de Policía o reúnan las condiciones necesarias”.

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