Un imputado exime a Orozco y señala a Besteiro en el caso ‘Garañón’

El presunto objetivo era burlar la reforma de la LOUGA (Lei de Ordenación Urbanística de Galicia), que entraba en vigor día de Año Nuevo de 2006, para ganar una edificabilidad que la nueva normativa obligaría a reducir de forma considerable, y que posiblemente afectaría a varios miles de metros cuadrados. El abogado del promotor de las polémicas torres de O Garañón, moles de viviendas a pie del corazón verde de Lugo, el parque Rosalía de Castro, investigado en este caso en el que también están imputados José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, y Xosé López Orozco, exalcald...

El presunto objetivo era burlar la reforma de la LOUGA (Lei de Ordenación Urbanística de Galicia), que entraba en vigor día de Año Nuevo de 2006, para ganar una edificabilidad que la nueva normativa obligaría a reducir de forma considerable, y que posiblemente afectaría a varios miles de metros cuadrados. El abogado del promotor de las polémicas torres de O Garañón, moles de viviendas a pie del corazón verde de Lugo, el parque Rosalía de Castro, investigado en este caso en el que también están imputados José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, y Xosé López Orozco, exalcalde de Lugo, ha prestado declaración esta mañana ante la juez Pilar de Lara. Y a lo largo de más de hora y media, según fuentes relacionadas con la investigación, ha eximido al exregidor del PSdeG y ha responsabilizado a Besteiro de negociar personalmente con él un convenio urbanístico que beneficiaba al promotor, Ricardo Iglesias, igualmente imputado.

El letrado de Iglesias, Javier Calvo, ha reconocido que él mantuvo a solas dos reuniones con Besteiro para negociar la elaboración del PERI (Plan Especial de Reforma Interior) y el convenio de la promotora con el Ayuntamiento, y que además recibió varios correos electrónicos del socialista que ya no conserva. Según esta versión de los hechos, el político, entonces concejal de Urbanismo en Lugo, le dio supuestamente una serie de directrices y le encomendó redactar el borrador del convenio por el que la empresa debería ser indemnizada si el Ayuntamiento no sacaba adelante el plan antes del 1 de enero de 2006. La tramitación avanzó rápidamente a finales de 2005 con la aprobación de ambos documentos y el último requisito se aprobó en una intempestiva sesión extraordinaria de la junta de Gobierno: O Garañón recibió la bendición municipal el día de Fin de Año, que además caía en sábado y no se trabajaba en el consistorio.

Los investigadores creen que el promotor, en 2004, compró los terrenos de la unidad de actuación CS5 (más conocida como Garañón por el nombre que tenía la finca) a sus propietarios de antes después de consultar con Besteiro acerca de la edificabilidad. El plan presentado por el dueño anterior, aprobado en 2003, abría la mano generosamente a favor de la empresa, pero, según se sospecha, un año más tarde el socialista le advirtió a Ricardo Iglesias de que ya no se le iba a permitir la misma superficie de viviendas. A pesar de todo, según las mismas fuentes, el promotor compró, aunque, para no hacerlo a ciegas, pactó unas condiciones. Y para ello mandó por delante a su asesor legal, Javier Calvo, que, según ha confirmado hoy, se reunió a solas con Besteiro.

Según su declaración, pactan que el promotor, en el nuevo PERI, cambie la ubicación de los inmuebles y reduzca la edificabilidad (lo que se traduce en menos edificios, pero más altos y con mejores vistas), aunque mucho menos de lo que le obligaría la ley autonómica una vez que entrase en vigor. También acuerdan que el Ayuntamiento renuncie a la edificabilidad que le correspondía por ser propietario a título lucrativo. Todo esto, para ganar zonas verdes, algo que, según el abogado, Besteiro le recalca. Para evitar problemas políticos, dice, el entonces edil quiere que el abogado justifique en los documentos que el convenio tiene como fin ganar jardines para la ciudadanía. Con estas condiciones, y con la cláusula de indemnización para la promotora en caso de que el proyecto no salga adelante según lo convenido, el abogado redacta el borrador del convenio y lo presenta en el Ayuntamiento. Esta versión coincide con la de un técnico responsable de la elaboración de estos trámites en el consistorio de Lugo, cuando aseguró este verano a la juez que, como excepción a lo acostumbrado, no había intervenido en la redacción, que el documento se lo entregaron hecho y que suponía que había corrido a cargo de los "políticos".

La declaración de Besteiro en calidad de imputado, prevista para finales de julio, fue suspendida sin fecha porque el juzgado no había recibido toda la documentación requerida y porque el promotor señaló a su propio abogado defensor como la persona que había negociado personalmente con Besteiro. Al aparecer este nuevo protagonista en escena, la magistrada aplazó la cita a la espera de tomar declaración al letrado. Besteiro sigue esperando para explicarse ante la juez, que todavía no lo ha citado y, previsiblemente, llamará a declarar antes a Orozco.

De Lara imputa los delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas al secretario general de los socialistas gallegos, que por su parte insiste una y otra vez en que tiene documentos que prueban su inocencia y cree que la demora en ser llamado a declarar le está causando un grave perjuicio. A Orozco, De Lara le atribuye los mismos delitos salvo cohecho. Según la investigación, Gómez Besteiro compró al anterior dueño de O Garañón supuestamente mediante un contrato privado un piso en otra calle el 30 de diciembre de 2004, el acuerdo fue elevado a público el 31 de mayo de 2005. Según el juzgado, en diciembre consta que el político pagó 36.000 euros en metálico como señal. El resto, hasta 138.232,78 euros, se habría abonado en cheque. Este era el precio de tasación hipotecaria ocho años antes de realizarse la operación: según un informe pericial, el valor en el momento de la compraventa debía ser de 170.000 euros.

Además, según las pesquisas judiciales, el socialista reformó presuntamente este domicilio declarando en el Ayuntamiento del que formaba parte como edil de urbanismo un precio cinco veces menor del real. El sumario recoge que la licencia fue solicitada por el anterior dueño, es decir, el promotor de O Garañón que después vendió el solar a Ricardo Iglesias, aunque el piso ya era de Besteiro. Y que fue Besteiro quien autorizó con su rúbrica la reforma. Más allá de todo esto, la juez sospecha que, en realidad, la firma encargada de llevar a cabo la obra doméstica no quiso cobrarle al político, porque la factura fue emitida cinco años más tarde a nombre de la esposa de Besteiro, después de que el empresario supiese que estaba siendo investigado por otra causa, la Operación Carioca.