Los asesores de Mas urgen ampliar la cobertura de la renta mínima

El debate sobre una renta garantizada que permita a los trabajadores pobres o a las personas sin ingresos poder cubrir sus mínimos vitales es fundamental pero no puede anular la necesidad urgente de ampliar la cobertura de la renta mínima de inserción, el anterior PIRMI. Esta es la petición que hace el Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares de la Generalitat (CAPSIF) en su último informe, una idea que contradice a la apuesta del Ejecutivo catalán. El texto hace un balance de las sugerencias hechas ...

El debate sobre una renta garantizada que permita a los trabajadores pobres o a las personas sin ingresos poder cubrir sus mínimos vitales es fundamental pero no puede anular la necesidad urgente de ampliar la cobertura de la renta mínima de inserción, el anterior PIRMI. Esta es la petición que hace el Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares de la Generalitat (CAPSIF) en su último informe, una idea que contradice a la apuesta del Ejecutivo catalán. El texto hace un balance de las sugerencias hechas por el Consejo desde 2011 y que en la mayoría de los casos no han sido atendidas. “Entendemos que habría que encararlas cuando precisamente Cataluña abrirá un nuevo periodo institucional, de profundización democrática”.

El CAPSIF considera fundamental que se implante una renta, bien sea universal o solo para las personas con necesidades económicas (deja el debate abierto). Se trata de un derecho que recoge el Estatut y que motivó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) muy ambiciosa que no prosperó esta legislatura en el Parlament por el desacuerdo entre los promotores y los partidos políticos. Sin embargo, reconoce que se trata de un tema de carácter estructural “de difícil solución en poco tiempo por parte de cualquier Gobierno”.

El grupo de asesores, presidido por la presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social, Teresa Crespo, recuerda que en el futuro próximo muchos de los elementos que generan la actual desigualdad social y el riesgo de exclusión —paro, salarios bajos, contratación precaria, dificultades de financiación de programas por recortes de todas las Administraciones...— no desaparecerán. Y por esa razón el texto asegura que “si la implantación de la renta garantizada no es posible de inmediato es urgente ampliar el alcance de la renta mínima”.

La ampliación, asegura el CAPSIF, se debería iniciar con los colectivos más vulnerables, es decir, las familias con menores o dependientes a cargo y sin ingresos, para después extenderse a las personas que han agotado todo tipo de prestación por desempleo y, “progresivamente, incorporar al resto de la población, según el grado de necesidad”. Esta petición ya se la ha hecho hasta en dos ocasiones la Mesa del Tercer Sector al presidente Artur Mas, en la reunión que sostienen anualmente.

La Generalitat siempre sostuvo que alguna mejora se podría ver reflejada en la reforma de la renta mínima, que se prometió en 2011 y que nunca se realizó. En la última reunión de las entidades sociales con Mas, la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, aseguró que la reforma había quedado “subsumida" por el debate de la ILP. Ahora una de las propuestas estrella de la candidatura unitaria independentista Junts Pel Sí es la reforma de renta mínima hacia un modelo de renta garantizada.

• Paro en mayores de 45 años. El Consejo Asesor afeó al Gobierno catalán que nunca reprogramara la Cumbre Económica y Social que desconvocó en marzo de 2013. En su día, Mas canceló el encuentro al considerar que no veía predisposición de los grupos para llegar a acuerdos, aunque dejó abierta la puerta para celebrarlo en otra fecha. Dentro de esta reunión, para la que Crespo y el resto de miembros del comité prepararon un documento, se iba a tratar el tema de los parados de larga duración y en especial la de los mayores de 45 años, en la mayoría de los casos con pocas posibilidades de reingresar al mundo laboral. Un problema que, auguran, “habrá que valorar lo que supone para el conjunto del país en los próximos 20 o 30 años”.
  
  Entre las peticiones estaba “aprovechar la fuerza de las Administraciones a la hora de contratar” para favorecer a los colectivos más vulnerables. Los asesores sociales de Mas también dejan escapar en el documento una crítica hacia algunas políticas mimadas por la Generalitat. “De nada sirve hablar de emprendimiento si no incluimos componentes y capacidades colectivas, territoriales y comunitarias que acompañen estos procesos, evitando el gran número de proyectos que tienen una vida muy corta”.
• Pleno contra la pobreza. Otra reunión que tampoco se celebró fue entre el CAPSIF y el CAREC (Consejo Asesor de la Generalitat para la Reactivación Económica), una oportunidad que consideran perdida para que los expertos de ambas ofrecieran sus recomendaciones.
  
  Crespo y los otros 15 miembros independientes del Consejo también afean en el documento que en el pleno monográfico contra la pobreza que se celebró en el Parlament predominara “el marco de conflicto político y partidista”, lo que no permitió llegar a una posición conjunta sobre el tema. En su día, el CAPSIF fue muy critico con los acuerdos alcanzados, por su “gran ambigüedad y sin cuantificar sus costes ni concretar la financiación”, aunque ahora no evalúa los resultados obtenidos. En febrero pasado, Munté aseguró que ya había cumplido con el 68% de los acuerdos del pleno. El informe es anterior a la aprobación de la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por lo que no valora las políticas allí aprobadas contra los desahucios y la pobreza energética.
• Reformas estructurales. El texto reconoce los graves incumplimientos económicos del Gobierno central en temas como la ley de la Dependencia y critica la nueva ley de bases de régimen local por ser recentralizadora y menospreciar los servicios sociales prestados por los Ayuntamientos. Pero también recuerda que las competencias y posibilidades de la Generalitat son “limitadas pero no anecdóticas”.
  
  Entre las reformas estructurales que pide el Consejo están no solo una descentralización de los servicios, sino también de “la toma de decisiones y recursos”. Y abre la puerta al debate del “retorno social” que deberían brindar los beneficiarios de ayudas sociales.