La Generalitat cuela la T-Mobilitat dentro del plan contra la pobreza
La medida implica el 5% de los recursos que se dedicarán este año a apalear la exclusión social
Los más de 58 millones de euros de la adjudicación de la T Mobilitat —la concesión a una empresa privada del sistema de pago y acceso al transporte público— están contemplados dentro del presupuesto del plan contra la pobreza que ayer aprobó el Gobierno catalán. La cifra está contemplada en la memoria del plan antipobreza, junto con otras 165 actuaciones directas por un total de 1.066 millones de euros.
La consejera de Bienestar Social, Neus Munté, explicó en rueda de prensa que el presupuesto para est...
Los más de 58 millones de euros de la adjudicación de la T Mobilitat —la concesión a una empresa privada del sistema de pago y acceso al transporte público— están contemplados dentro del presupuesto del plan contra la pobreza que ayer aprobó el Gobierno catalán. La cifra está contemplada en la memoria del plan antipobreza, junto con otras 165 actuaciones directas por un total de 1.066 millones de euros.
La consejera de Bienestar Social, Neus Munté, explicó en rueda de prensa que el presupuesto para este año, que suma lo que diferentes departamentos dedican a luchar contra la pobreza, aumentaba el 25% con respecto al año pasado, 214 millones más. La oposición, sin embargo, mira con recelo que en la lista de medidas se incluyan aspectos como la nueva tarjeta de viaje. De hecho, esa partida representa el 5% del total del dinero que la Generalitat dedicará este año a combatir la exclusión social. En el ámbito de las medidas para abordar la pobreza energética, por ejemplo, no aparecen los 10 millones de euros que supuestamente están reservados para tal fin y que se pactaron con ERC. Todos los costes de estos programas son asumidos como “coste funcional”. Sí aparecen consolidados, sin embargo, los 23 millones de euros adicionales para la Renta Mínima de Inserción (185 millones en total).
El documento dice que la T-Mobilitat, responsabilidad del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que encabeza Santi Vila, se incluye dentro del objetivo estratégico de “mejorar y ordenar el sistema de ayudas y servicios para las personas en riesgo de exclusión social”. En teoría, este nuevo servicio permitirá implantar una nueva política tarifaria que, por ejemplo, aplique descuentos para desempleados o receptores de la renta mínima de inserción sin necesidad de largas gestiones. Se podrá realizar de una manera más sencilla que el actual mecanismo.
La diputada socialista Eva Granados cree que, si bien hay una vertiente social en el nuevo sistema, es muy objetable que todo el monto del contrato se pueda computar dentro del plan contra la pobreza. Una posición que también defiende la ecosocialista Laura Massana. Además, la concesión se dio en octubre de 2014 a SocMobilitat, conformada por CaixaBank, Fujitsu, Indra y Moventia. El documento ya incluye 42 millones de euros en bonificaciones para distintos colectivos. Bienestar no explicó de qué partidas sale el aumento global del presupuesto del plan.
“Lo nuevo de este plan es que se ha aprobado”, aseguró Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector. Las entidades lamentan que “entre todos no hayamos sido capaces de concensuar un pacto de país contra la pobreza”, explica Guiteras. La Mesa destaca que el plan sea interdepartamental y que se mantengan ayudas como las de la lucha contra el hambre en verano, que promueve Munté.