Condenadas por empapelar Arrigorriaga con la cara de su exjefe
La Audiencia de Bizkaia considera que dos empleadas despedidas de una residencia y LAB, que colgaron carteles difamatorios, vulneraron el honor de un dirigente del PNV
La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al pago de 12.000 euros a dos trabajadoras de la residencia Miraflores y al sindicato LAB, que consideraron injusto su despido y llenaron de carteles difamatorios Arrigorriaga, donde vivía su jefe, dirigente del PNV. La sentencia de la Audiencia revoca el fallo inicial del juzgado de primera instancia, que había absuelto a las dos empleadas.
El conflic...
La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al pago de 12.000 euros a dos trabajadoras de la residencia Miraflores y al sindicato LAB, que consideraron injusto su despido y llenaron de carteles difamatorios Arrigorriaga, donde vivía su jefe, dirigente del PNV. La sentencia de la Audiencia revoca el fallo inicial del juzgado de primera instancia, que había absuelto a las dos empleadas.
El conflicto comenzó tras la llegada de un nuevo director general a la empresa SarQuavite Servicios a la Dependencia, encargada de la gestión de la residencia Miraflores, en Bilbao. Según la versión de las trabajadoras, se inició una etapa de "despidos y recortes en la comida, higiene y servicios de los usuarios de la residencia".
El despido concreto de dos empleadas propició que éstas, con la ayuda del sindicato LAB, del que ambas eran militantes, iniciaran "una campaña de información contra el responsable de la precariedad" del lugar de trabajo, según recoge la sentencia de la Audiencia.
Para ello elaboraron panfletos en los que se calificaba de "culpable" y se narraba la versión de la situación de las trabajadoras, disponiéndolos en lugares públicos de Arrigorriaga, lugar de residencia del director general, llegando incluso a empapelar la farmacia de la madre de este, con el objeto, opina la Audiencia, "de minusvalorar su honor".
También se hacía alusión a la condición del denunciante de miembro del EBB, la ejecutiva vizcaína del PNV, "para deslizar con ello la sombra de un nombramiento para su actividad en la empresa privada a dedo por influencias políticas".
Por ello, la sentencia considera que se ha vulnerado el honor del denunciante y ha impuesto una sanción de 12.000 euros a las demandadas, las dos trabajadoras y el sindicato LAB.