El PP intenta salvar su campaña por la concertada pese a las denuncias

La consejera de Educación, María José Català, salió ayer en defensa de la enseñanza concertada tras las irregularidades detectadas tanto por la Intervención de la Generalitat como por la Fiscalía de Valencia, que apuntan a que la Consejería no controló adecuadamente el pago de nóminas, ni la voluntariedad de las actividades complementarias de estos centros y facilitó indebidamente la financiación del personal liberado en la patronal del sector.

Las irregularidades denunciadas son un torpedo a la línea de flotación de la campaña que el Consell y el PP tienen en marcha para reivindicar la...

La consejera de Educación, María José Català, salió ayer en defensa de la enseñanza concertada tras las irregularidades detectadas tanto por la Intervención de la Generalitat como por la Fiscalía de Valencia, que apuntan a que la Consejería no controló adecuadamente el pago de nóminas, ni la voluntariedad de las actividades complementarias de estos centros y facilitó indebidamente la financiación del personal liberado en la patronal del sector.

Las irregularidades denunciadas son un torpedo a la línea de flotación de la campaña que el Consell y el PP tienen en marcha para reivindicar la escuela concertada y la supuesta libertad de elección de centro que tienen todos los padres.

Català insistió ayer en minimizar las irregularidades y anunció que ya tiene preparado un decreto para regular las actividades extraescolares que ha sido consensuado con la patronal de la enseñanza concertada. “Las actividades son voluntarias y los centros han de informarlo”, prosiguió la consejera, “Hemos mejorado el programa de gestión de nóminas, un proceso que se hace todos los meses”. Hoy la coordinadora regional del PP, Isabel Bonig, continúa la campaña con una jornada en Alicante sobre la enseñanza concertada.

En este contexto, la consejera de Educación arremetió contra la diputada de Compromís, Mònica Oltra, a la que acusó de “desleal por utilizar los centros concertados para hacer la guerra al Gobierno valenciano”. Respecto al informe de la Intervención, Català señaló, acompañada por el titular de Hacienda Juan Carlos Moragues, que es la propia Consejería de Educación la que orienta a este organismo y que los informes no tienen por qué ser compartidos. Sobre la Fiscalía no se pronunció.

Quien sí medió en el debate fue el secretario general del PSPV, Ximo Puig, que acusó al PP de promover “por la puerta de atrás la educación privada con cierta impunidad”. “Cuando accedamos al Gobierno realizaremos una auditoría de todos los servicios públicos que se prestan a través de actores privados”, prosiguió Puig, “es fundamental que los conciertos sirvan para lo que son y no como sucede ahora que no se cumplen ni se evalúan”.

En medio del debate, ayer emitió un comunicado la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (FECEVAL), en el que recalcaba que “todos los centros privados concertados presentan la rendición anual de cuentas justificativas de los ingresos percibidos de la administración y de las familias, en su caso, ante el consejo escolar”. También que “las depositan ante la administración educativa, para su revisión y supervisión, en los plazos marcados por la normativa”. La otra patronal, Escuelas Católicas, salió también el miércoles al paso de los hechos denunciados por Compromís y la Fiscalía.