52.000 nuevos dependientes sin dinero extra del Estado

Hace años que la Generalitat se echó a la espalda el pago de la atención a los dependientes. De hecho, supone el 70% del presupuesto de Bienestar. Paralelamente, el Estado ha reducido su aportación, que por ley está estipulada en la mitad. A las dificultades del Gobierno catalán para poder atender a todos los beneficiarios (las prestaciones económicas vinculadas ya no son universales, por ejemplo) se suma que, a partir de julio, se incluirá también a las personas con grado uno o leve, como por ejemplo los ancianos con movilidad muy escasa. ...

Hace años que la Generalitat se echó a la espalda el pago de la atención a los dependientes. De hecho, supone el 70% del presupuesto de Bienestar. Paralelamente, el Estado ha reducido su aportación, que por ley está estipulada en la mitad. A las dificultades del Gobierno catalán para poder atender a todos los beneficiarios (las prestaciones económicas vinculadas ya no son universales, por ejemplo) se suma que, a partir de julio, se incluirá también a las personas con grado uno o leve, como por ejemplo los ancianos con movilidad muy escasa. Se trata de una inclusión que se postergaba desde 2011. 52.000 catalanes ya tienen reconocido este derecho.

La consejera Neus Munté explicó que la partida para dependencia crecerá 25 millones de euros y llega a 1.421 millones. Con este aumento se busca dar cobertura al nuevo colectivo, cuya entrada será gradual. Además, según los datos estatales, quedan 13.100 personas pendientes de recibir ayuda a pesar de tenerla otorgada. Pero las previsiones del ministerio de Salud no muestran ningún aumento en el dinero para dependencia. Se prevén los mismos 1.087 millones para todo el Estado que en 2014.

Carmela Fortuny, directora del Instituto Catalán de Servicios Sociales (ICASS) asegura que, en teoría y aún sin reflejo en las cuentas, Salud ha fijado una ayuda por dependiente de 44 euros. “Si tenemos en cuenta que un cuidador profesional cobra 150 euros estamos hablando de una aportación muy pequeña”, se queja Fortuny.

Antonio Guillén, presidente de Cocarmi, que agrupa a las entidades de personas con discapacidad, ve positivo el ingreso de los beneficiarios de grado uno. “El problema es el sistema de copago, que está afectando de manera abusiva al colectivo”, denunció.