El juez prorroga el secreto del caso de curas pederastas
El magistrado mantiene la reserva del sumario en Granada otro mes
El juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, que investiga el caso sobre presuntos abusos sexuales a dos menores por parte de sacerdotes, ha prorrogado un mes más el secreto de sumario acordado desde el inicio de la causa. El magistrado ha detallado en un auto la ampliación del secreto de sumario por el que tres sacerdotes de Granada y un profesor de religión fueron detenidos, según avanzó Granada hoy.
La prórroga de esta medida, la segunda tras el secreto de s...
El juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, que investiga el caso sobre presuntos abusos sexuales a dos menores por parte de sacerdotes, ha prorrogado un mes más el secreto de sumario acordado desde el inicio de la causa. El magistrado ha detallado en un auto la ampliación del secreto de sumario por el que tres sacerdotes de Granada y un profesor de religión fueron detenidos, según avanzó Granada hoy.
La prórroga de esta medida, la segunda tras el secreto de sumario acordado el pasado 3 de noviembre, está destinada a asegurar que la filtración de las diligencias no perjudique la investigación, el juez podrá interrumpir dicho secreto en el momento en el que lo considere oportuno. En su último pronunciamiento público, el fiscal del caso, Francisco Hernández, recordó que el secreto acordado buscaba proteger a las posibles víctimas y garantizar la efectividad del proceso.
Los cuatro detenidos por el caso de abusos sexuales a menores en Granada quedaron en libertad con cargos el pasado noviembre después de que el padre Román, considerado el cabecilla del grupo, abonara los 10.000 euros de fianza que le había impuesto el magistrado tras tomarle declaración en el juzgado.
Tras prestar testimonio, el juez les imputó distintos delitos referidos a la libertad e indemnidad sexual. A los tres sacerdotes y al seglar le fueron impuestas medidas de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a los dos denunciantes tras unos autos en los que el juez destacó las dificultades procesales encontradas en relación a la tardanza con que se han interpuesto las denuncias.
Los investigadores del caso entienden que hay suficientes pruebas contra los imputados —los dos denunciantes— y ven normal que los testimonios recabados entre una veintena de testigos hayan sido negativos. Interpretan que el resultado de la investigación se vio limitado por el hecho de que dos meses antes de que el juez se hiciese cargo del tema, el Arzobispado de Granada, por orden del papa Francisco, abrió una investigación sobre estos mismos hechos, con declaraciones de testigos e implicados, que pudo asustar a otros posibles afectados y, además, pudo permitir que las declaraciones entre los investigados se amañaran.