Una decepción confirmada por el BOE

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de diciembre las normas de aplicación en España de las ayudas directas y de asignación de derechos en el marco de la nueva Política Agraria Común (PAC) para el período 2014-2020. Se cerraba, así, un año 2014 de intensas negociaciones sobre el reparto nacional de fondos para la nueva PAC.

Decía Baltasar Gracián que quienes no quieren oír, no abren los ojos para ver. Desgraciadamente, se han confirmado los malos presagios que teníamos al ir constatando la persistente sordera del Gobierno de España con las diferentes propuestas realizadas por And...

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de diciembre las normas de aplicación en España de las ayudas directas y de asignación de derechos en el marco de la nueva Política Agraria Común (PAC) para el período 2014-2020. Se cerraba, así, un año 2014 de intensas negociaciones sobre el reparto nacional de fondos para la nueva PAC.

Decía Baltasar Gracián que quienes no quieren oír, no abren los ojos para ver. Desgraciadamente, se han confirmado los malos presagios que teníamos al ir constatando la persistente sordera del Gobierno de España con las diferentes propuestas realizadas por Andalucía. La nueva PAC no es la reforma que Andalucía quería; no es la reforma que Andalucía necesitaba; y no es la reforma que Andalucía merece. Nuestra decepción ha quedado definitivamente plasmada, hace unos días, en el BOE.

Andalucía concentra la cuarta parte de la producción agraria de España, por lo que siempre le ha correspondido ser la primera comunidad autónoma en la recepción de ayudas comunitarias. No en vano, el sector agroalimentario andaluz es uno de los primeros vagones del tren de las exportaciones —con casi el 30%—, aporta el 10% del empleo y el 8% del PIB. Sin embargo, la agricultura andaluza no ha visto reconocido su enorme potencial y el recorte que veníamos denunciando para los agricultores y ganaderos andaluces, ya es oficial.

Por eso esta reforma no tiene justificación y se aprueba, tal y como nos temíamos, dando la espalda a nuestros agricultores y ganaderos. Poniendo lastres a los grandes retos que tenemos por delante: la integración empresarial, la innovación agraria y la internacionalización comercial.

Nuestros argumentos se fundamentan en cinco aspectos: el tijeretazo presupuestario; la pérdida de derechos de pago básico; un umbral mínimo para asignar derechos demasiado alto; el castigo a los jóvenes agricultores; y la indefinición de agricultor activo. Sobre estas cuestiones la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural había presentado, desde el principio, sólidas y razonables alegaciones.

Es injusto que Andalucía haya sido la única comunidad que pierde presupuesto comparando con el marco anterior. En total, podríamos dejar de recibir unos 600 millones de euros entre ayudas directas para agricultores y ganaderos, y políticas de desarrollo rural. Resulta llamativo que España haya mantenido la misma ficha financiera para repartir y se haya tomado la decisión sangrante de restar dinero solamente a nuestra comunidad.

Por otro lado, en cuanto a la nueva asignación de derechos de pago básico, se genera una incertidumbre inaceptable entre agricultores al no especificarse cuáles serán los nuevos criterios “objetivos y no discriminatorios”. Si estos criterios no pueden basarse en el origen, lamentablemente habrá mayor trasvase entre regiones y agricultores.

Respecto al umbral mínimo para asignar derechos, el Gobierno mantiene que por debajo de las 0,2 hectáreas no se asignarán derechos de pago. Su aplicación afectará a 5.550 agricultores andaluces, que quedarán fuera de este régimen de ayudas, al no permitir su agrupación, desoyendo totalmente las demandas de Andalucía para eliminar esta incomprensible medida.

Tampoco se ha atendido a ninguna de las peticiones para eliminar los límites establecidos a los jóvenes agricultores en la asignación de derechos de pago procedentes de la reserva nacional. Estamos hablando del futuro de nuestra agricultura. Por ello es especialmente preocupante que se excluyan de las ayudas a los jóvenes que decidan iniciarse en una pequeña explotación y no dispongan de expediente de concesión a través de un programa de desarrollo rural; o no posean la acreditación como profesional en una explotación prioritaria. En suma, no se fomenta el relevo generacional, tan necesario para el campo andaluz.

Por último, las nuevas normas dejan en el "limbo lingüístico" la definición de agricultor activo, dando lugar a muchas incertidumbres, pues no se concreta y se desconoce cómo se aplicará en la práctica.

Éste ha sido, tras los últimos cambios, el decepcionante resultado de la PAC para Andalucía. Desde el Gobierno andaluz somos conocedores de la gran importancia de nuestra agricultura y, a pesar del injusto reparto de fondos realizado por el Gobierno de España, trabajaremos para amortiguar su impacto. Seguiremos apostando por el sector agroalimentario como una pieza fundamental del puzle de la economía andaluza, conscientes de que debemos llevarlo a los mejores escenarios posibles de competitividad, asumiendo los recortes presupuestarios a los que nos vemos abocados.

El sector agrario y ganadero andaluz está demostrando suficientemente su capacidad y fortaleza en esta crisis, y sigue siendo responsabilidad de todos que tome, con fuerza, las riendas de su futuro. Porque cuando la meta es importante, debemos procurar que los obstáculos se vuelvan pequeños.

Elena Víboras Jiménez es Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural