Justicia pone al día los pagos del turno de oficio, al abonar 30 millones

Abogados y procuradores califican de "hito histórico" el pago de la deuda acumulada

Emilio Llera, en una imagen de marzo pasado.JULIÁN ROJAS

Los pagos del turno de oficio a abogados y procuradores, que acumulaban un retraso de un año, serán puestos al día a primeros del 2015 año, algo que no sucedía desde hace 30 años, según el consejero Emilio Llera. Las transferencias hechas alcanzan los 29,8 millones de euros.

La decisión fue aplaudida por los colegios andaluces de abogados y procuradores, que la calificaron de “hito histórico”.

Llera lamentó que “el Gobierno central no haya cumplido con sus compromisos” porque, pese a que la ley de ...

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Los pagos del turno de oficio a abogados y procuradores, que acumulaban un retraso de un año, serán puestos al día a primeros del 2015 año, algo que no sucedía desde hace 30 años, según el consejero Emilio Llera. Las transferencias hechas alcanzan los 29,8 millones de euros.

La decisión fue aplaudida por los colegios andaluces de abogados y procuradores, que la calificaron de “hito histórico”.

Llera lamentó que “el Gobierno central no haya cumplido con sus compromisos” porque, pese a que la ley de tasas establece que el importe de estas se vinculará a la justicia gratuita, de los 54 millones de euros recaudados por la Administración central por tasas en Andalucía no se haya remitido “ni un euro” a la comunidad.

El Gobierno andaluz invertirá este año en justicia gratuita un total de 66 millones de euros, sumando las transferencias de 29,8 millones de euros que se librarán en los próximos días para liquidar las deudas con abogados y procuradores.

La cantidad anual destinada por la Administración regional para justicia gratuita, a la que acuden en la región unas 300.000 personas en Andalucía, oscila entre los 35 y los 38 millones de euros. Llera garantizó que a partir del 2015 se mantendrá la puntualidad en los pagos, que serán efectuados trimestralmente.

El consejero dijo que la justicia gratuita, asistida en la región por unos 7.000 abogados y unos 2.100 procuradores, es una prioridad del Gobierno andaluz por tratar se de "otra política social más, que debe estar a la altura de la educación, la sanidad y la dependencia".

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