El PP no exige en los tribunales mejor financiación por “lealtad institucional”
La oposición propone denunciar el incumplimiento de la LOFCA porque Rajoy ha cerrado todas las otras vías
“Cambien el victimismo por una acción valiente”, retó Fran Ferri, de Compromís, a los diputados populares, este miércoles en las Cortes Valencianas, tras acusarles de una “nefasta gestión” y de haber situado a los valencianos “entre el maltrato de Madrid y el sucursalismo de la Generalitat”. El parlamentario propuso iniciar el procedimiento judicial para denunciar el incumplimiento de los criterios de equidad que prevé la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). “Ha llegado el momento de plantarnos”, dijo Ferri. “Y eso pasa por llevar a Rajoy y al Gobierno a los tribu...
“Cambien el victimismo por una acción valiente”, retó Fran Ferri, de Compromís, a los diputados populares, este miércoles en las Cortes Valencianas, tras acusarles de una “nefasta gestión” y de haber situado a los valencianos “entre el maltrato de Madrid y el sucursalismo de la Generalitat”. El parlamentario propuso iniciar el procedimiento judicial para denunciar el incumplimiento de los criterios de equidad que prevé la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). “Ha llegado el momento de plantarnos”, dijo Ferri. “Y eso pasa por llevar a Rajoy y al Gobierno a los tribunales por incumplir la LOFCA”.
El diputado de Compromís, que recordó que el déficit en la financiación de la Comunidad Valenciana acumula ya una deuda histórica de 13.500 millones de euros, evocó un famoso discurso de Martí Domínguez, director del diario Las Provincias, para denunciar la inoperancia de las autoridades franquistas ante los efectos de la riada de 1957 en Valencia. “Cuando callan los hombres, hablan las piedras”, dijo entonces Domínguez. Palabras que Ferri parafraseó: “Cuando callan los políticos, hablan los pueblos”. Y vaticinó que el PP pasará a la oposición tras las elecciones autonómicas de mayo.
Un imputado “administrativo”
Felipe del Baño ocupó el escaño que dejó vacante la dimisión del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino. La ceremonia, que el PP ha frecuentado decenas de veces esta legislatura, tenía la particularidad de que el nuevo diputado está imputado por prevaricación a causa de su gestión como concejal en San Antonio de Benagéber (le acusan a él y al alcalde de haber destinado 100.00 euros a un trabajo de jardinería y a la publicación de un libro que no se realizaron). Su incorporación va en sentido contrario a la progresiva limpieza que el Jefe del Consell, Alberto Fabra, y las vicisitudes judiciales han efectuado sobre el Grupo Popular (llegó a haber una decena de imputados en las filas populares; ahora, con Del Baño, son tres).
“Nadie se ha dirigido a mí”, dijo Del Baño a los periodistas a su entrada en el hemiciclo. El nuevo diputado, que dimitió de concejal por su imputación, añadió: “El caso es que estoy aquí”. La justificación del Consell y del PP para diferenciar su caso de otros ha sido que se trata de la mala formalización de un contrato y es, por tanto, una “imputación administrativa”. El propio Fabra reiteró ayer el argumento al ser preguntado en un acto en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
“Así no va a limpiarse la imagen de una comunidad que el PP ha manchado durante años”, criticó el portavoz socialista, Antonio Torres. “Queremos hechos y no palabras”, reclamó el portavoz de Compromís, Enric Morera, en relación con los propósitos de regeneración de la vida pública expresados por Fabra. “Se va una persona como Cotino, a punto de ser imputada, y llega Felipe del Baño, que ya está imputado”, denunció Ignacio Blanco, de Esquerra Unida.
Tanto Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, como Julián López, del PSPV-PSOE, apoyaron la iniciativa de Compromís. “La situación es tan injusta y discriminatoria”, señaló Blanco, “que hay que exigir al Consell que actúe por todas las vías a su alcance”. López, por su parte, recordó que el pasado martes el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, asumió en una reunión en Madrid con empresarios valencianos que la Comunidad Valenciana está mal financiada pero añadió que este no es el momento adecuado para cambiar el modelo. “El Gobierno ha puesto la situación en un punto en que ese empieza a ser el único camino posible”, dijo sobre la reclamación judicial de un nuevo modelo.
La negativa del Consell “no la marca la sumisión, sino la lealtad institucional”, respondió Ricardo Costa, del PP, tras reiterar que su grupo “siempre ha defendido la misma postura” sobre el sistema de financiación autonómica. “Me alegro de lo que ha dicho el señor Beteta”, añadió. “Está reconociendo lo que estamos diciendo, que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada. Ha recogido las tesis del señor Fabra”. El diputado popular endosó a los socialistas la culpa del actual sistema.
Por la tarde, en el control al Consell, dos temas centraron el pleno de las Cortes Valencianas. La diputada socialista Eva Martínez reveló que la Abogacía de la Generalitat desaconsejó comprar la empresa organizadora de la Fórmula 1, Valmor Sports, que la Fiscalía Anticorrupción está investigando. La consejera de Cultura, María José Català, no lo negó, pero replicó que en el expediente constan informes de la Sociedad de Proyectos Temáticos y del bufete de Garrigues. Por otra parte, tanto el socialista Rafael Rubio como Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, exigieron explicaciones sobre la caza de brujas en Presidencia de la Generalitat en busca de un supuesto topo que habría filtrado información y que ha llevado a destituir al jefe de seguridad, después de que interrogara en comisaría al asesor de prensa del vicepresidente José Ciscar. Rubio acusó al Consell de cerrar en falso el caso derivándolo a la fiscalía. El consejero de Gobernación, Luis Santamaría, atribuyó al jefe de seguridad toda la responsabilidad de una “iniciativa individual”.